La policía chilena, los tan temidos Carabineros, están acostumbrados a actuar por sobre la ley: lo hicieron durante 17 años de dictadura impunemente y lo han seguido haciendo al amparo de una democracia dominada por el miedo. 

Esta semana se conoció el caso de una mujer a quién esta institución le negó el derecho al aborto en su hospital a pesar de cumplir con una de las tres causales establecidas por la ley.

La mujer, que es funcionaria de la Policía de Investigaciones, denunció que a las 12 semanas de embarazo detectó que el feto venía con una malformación cardíaca que, por conjugarse con síndrome de down, era inoperable. Por lo mismo decidió recurrir a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) invocando causal 2 de la Ley 21.030.

Pero los médicos, que son policías. no le hicieron caso y le dijeron que tenía que seguir adelante con el embarazo, a pesar que el feto no tiene opciones de sobrevivir. Ahora tiene 25 semanas, millones de pesos en gastos médicos y una angustia ante el final del proceso.

Lo único que sé es que va a nacer y va a tener un tiempo de vida corto“, expresó Jamett a Emol.

La mujer le explicó al diario chileno que su primer hijo, que hoy tiene seis años, nació con una cardiopatía grave. “Todo apuntaba a que lo iban a operar, pero finalmente los médicos concluyeron de su análisis genético que podía desarrollar un problema neurológico y no era candidato a operación. Él no desarrolló nada, es un niño muy inteligente“, expresó.

A pesar de las limitaciones, la víctima pensó en tener otro hijo y se embarazó. Lamentablemente para ella, la situación sería mucho más compleja que lo ocurrido en la primera vez.

Me dijeron que me tenían una mala noticia, que el bebé estaba sumamente hinchado y que se trataba de una hidropesía fetal (un edema grave del feto). Me mandaron a Santiago, porque era indicativo de que algo venía mal“, señaló.

Tras esto recibió una serie de diagnósticos, siendo el síndrome de down el menos grave de todos. “Yo le dije (al médico) que entre todas las posibilidades era la menos negativa, porque hoy en día es muy llevadero y los niños llegan a ser casi independientes“, explicó.

Pero la cardiopatía y una hipoplasia ventricular izquierda, con doble salida del ventrículo derecho, complicaron las cosas ya que la propia trisomía del cromosoma 21 hacían que una operación fuera inviable.

La mujer, oriunda de Iquique, fue al hospital local donde le afirmaron que su caso estaba dentro de la IVE. Debido a problemas en la previsión y a la falta de cardiólogos en el recinto fue enviada a Santiago, específicamente al recinto institucional de Carabineros. Allí fue atendida en el policlínico de Feto de Alto Riesgo (FAR).

En el lugar se encontró con el comité médico presidido por el ginécologo Néstor Lagos Friz, que negó la interrupción del embarazo.

Me explicó que le faltaban antecedentes de ‘un cardiólogo de confianza’, a pesar de lo que dijo la cardióloga de su propio staff, que yo no pensara que él era objetor de conciencia, que quería hacer bien su trabajo, y yo le dije que no podía esperar más porque mi familia estaba en Iquique y yo en ese momento ya tenía 20 semanas“, expresó.

El tiempo fue pasando y el recinto institucional seguía firme en su decisión de no practicar la interrupción del embarazo. Tras una reunión con abogados de Corporación Miles se le señaló que se podría dar una interconsulta al hospital Luis Tisné, pero con lo avanzado del embarazo un aborto sería muy riesgoso para ella.

“Mientras me hacía el examen me preguntaron si no había pensado en dar en adopción al bebé. Yo me impacté y  dije que ese no era el tema, que mi guagua nunca fue no deseada, que el problema era que iba a sufrir. A mí me dieron rangos de vida de horas, días o a lo más meses”, señaló.

Jamett reflexionó sobre lo que le ocurrió y afirmó que “todos pueden tener sus convicciones religiosas y morales, y eso está muy bien, pero eso no puede obstaculizar la ejecución de una ley, porque eso es jugar con una familia completa

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