Uno de los más altos funcionarios de Colombia dio la alerta: el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. “Los delitos que afectan la seguridad ciudadana vienen creciendo de manera importante en todo el país y especialmente el hurto. El robo de bicicletas crece a tasas del 35 por ciento. El de celulares, 30 por ciento, y el de personas, 18 por ciento. Este último pasó de 25.648 casos en el primer trimestre de 2018 a 30.406 en lo que va de 2019. Y el de autopartes, un 25 por ciento”, dijo.

Estas fueron tan solo algunas de las alarmantes cifras que Martínez mostró ante los integrantes de la Comisión Primera del Senado de ese país. El desolador panorama buscaba que los congresistas apoyaran un proyecto de ley que impulsa desde hace más de un año, con el cual pretende fortalecer las medidas para combatir más eficazmente a los criminales y mejorar la seguridad.

Dentro del arsenal de estadísticas que mostró en su presentación, impresionaron las referidas a las ciudades. “En el primer trimestre de este año se han reportado 20.976 casos de hurto a celulares, casi 5.000 más que en el mismo lapso de 2018. Y el hurto a bicicletas saltó de 2.105 casos a 2.844 en ese mismo periodo”, dijo.

“Tenemos una sociedad desvertebrada, con fenómenos delictivos muy complejos. De 86.000 personas a las que se les imputaron delitos el año pasado, el 58 por ciento son reincidentes (49.000 personas). ¿Cómo vamos a ganar la batalla contra el hurto callejero si cada vez que capturamos a un delincuente sale en libertad porque no se cumple la detención preventiva?”, cuestionó el fiscal.

Durante 2018, las autoridades arrestaron en el país a 207.728 facinerosos en flagrancia, es decir, con las manos en la masa. Otros 37.800 cayeron como resultado de investigaciones y órdenes judiciales, para un total de 245.528. Resulta desconcertante que aun cuando los capturaron cometiendo el delito, el 95 por ciento de ellos quedaron en libertad, según cifras de la Fiscalía y la Policía. Esto se explica porque los reincidentes en Colombia reciben un tratamiento demasiado benigno. En Estados Unidos, por ejemplo, una norma llamada popularmente strike 3 dispone que un delincuente capturado por tercera vez va a la cárcel, independientemente de la gravedad del último delito.

Algunos justifican este nivel de impunidad con el argumento de que en las prisiones ya no caben más delincuentes. El hacinamiento ha llegado a cuatro o cinco veces la capacidad de los centros de reclusión, y los jueces tienen conciencia de ello. Ese complejo escenario de impunidad tiene un agravante. Gran parte de esos delincuentes capturados y dejados en libertad ya son profesionales del delito. De los más de 240.000 detenidos, 91.423 ya habían sido arrestados entre 2 y 9 veces, y otros 1.710 capturados por la Policía entre 10 y 40 veces, según datos de esa institución.

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