La investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia colombiana contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, por presuntos falsos testigos, fue expuesta durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se adelanta en Kingston, Jamaica.

El caso fue presentado por el senador Iván Cepeda quien le pidió al organismo hemisférico un “monitoreo constante” a dicho proceso judicial.

Se trata del viejo pleito que tiene enfrentados a Uribe y Cepeda desde hace siete años cuando este último recibió testimonios de paramilitares que vinculaban a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe con la creación de un grupo paramilitar en una de sus haciendas. Uribe respondió con una demanda contra Cepeda por promover falsos testigos, pero el año pasado la Corte Suprema de Justicia se inhibió de investigar a Cepeda y por el contrario abrió indagación formal contra Uribe por manipulación de testigos.

Cepeda manifestó ante la CIDH que por este caso ha recibido amenazas, presiones e intimidaciones que lo han puesto en riesgo a él y a su familia y que desde que adelantó un debate en el Senado, en el año 2014, donde expuso evidencias de los vínculos de Uribe con personas relacionadas con el paramilitarismo y el narcotráfico se descubrió un plan para asesinarlo.

Al margen de esas denuncias, Cepeda manifestó ante la CIDH que el llamado “caso Uribe” no tendría plenas garantías por sus numerosas connotaciones. “Es la primera vez en Colombia que un expresidente de la república es llamado a un procedimiento penal de esta naturaleza, y por ello son enormes las presiones  que el expresidente Uribe ejerce sobre la Corte Suprema, sobre los testigos y sobre quienes estamos exigiendo justicia en este importante caso, mis abogados y yo”, dijo Cepeda en la audiencia celebrada en Kingston.

Entre otras manifestó que a comienzos de año se produjo un relevo en los magistrados investigadores por cuenta de la creación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y que la jueza designada para el “caso Uribe” es Cristina Lombana quien trabajó en el bufete de abogados de Jaime Granados, uno de los apoderados de Álvaro Uribe.

Por esas razones Cepeda pidió a la CIDH un “monitoreo constante” sobre el proceso judicial en mención que incluya enviar funcionarios de la secretaría ejecutiva y el pedido de información periódica. “Por los poderes que de hecho están involucrados en este caso es imperativo que la CIDH siga este proceso de manera cercana por las implicaciones que tiene para mi seguridad y la de mi familia”, manifestó Cepeda.

Uribe pide audiencia en la CIDH

La respuesta del expresidente Uribe no se hizo esperar, y a través de uno de sus abogados, Víctor Mosquera Marín, pidió a la CIDH una audiencia pública con el fin de presentar sus respectivos descargos frente a las afirmaciones de Iván Cepeda.

En una carta dirigida a la secretaría ejecutiva de la CIDH, el abogado Mosquera calificó de “hechos tergiversados y parcializados” los ataques de Cepeda a la sala de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia y al expresidente Uribe.

En el documento expone que a Uribe se le vulneraron sus garantías judiciales por parte de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia que adelantó una investigación sin ser la competente para ello. Dice que la investigación le fue ocultada y que no se le permitió contradecir las pruebas además de haber sido objeto de interceptaciones ilegales.

Por esa razón el abogado Mosquera pidió en nombre del senador del Centro Democrático que le sea concedida una audiencia para presentar sus descargos pues es “el único espacio con el que cuenta para proteger sus derechos”.


Con información de Semana

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