Esta historia lo tiene todo: crimen organizado, policías detenidos, jueces corruptos, nexos políticos, búsqueda internacional e incluso la posible participación de una ex reina de belleza. Durante el último mes, Bolivia se ha visto sacudida por uno de los más graves escándalos de narcotráfico, un terremoto que tiene nombre y apellido: Pedro Montenegro.
El capo de la droga más buscado del país apareció esposado ante las cámaras el 11 de mayo, luego de que se entregara horas antes a las autoridades. “Las diferentes diligencias intensivas de los últimos días, que prácticamente cercaron al señor Pedro Montenegro, le cortaron toda posibilidad de salida y lo obligaron a presentarse para que la policía proceda a su detención”, afirmó entonces el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero.

Las autoridades lo acusan de encabezar una “organización criminal que tenía la protección de policías, contaba con empresas de fachada y mantenía vínculos con algunas autoridades” en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente del país. Esta situación obligó al gobierno de Evo Morales a configurar una reestructuración profunda de la Policía nacional y a enfrentar duros cuestionamientos por el grado de penetración del narcotráfico en la institución. Todo en pleno año electoral.

Vida de lujo

Montenegro vivía hasta hace poco una vida llena de lujos. Bajo el alias “Pedro Hoffman Sáenz”, logró viajar al extranjero con documentos falsos en varias ocasiones, aun cuando enfrenta una orden de detención en Brasil desde 2015. Según consigna Infobae, la Justicia brasileña ordenó su arresto con fines de extradición por enviar 1.320 kilos de cocaína de alta pureza a ese país. Además, se le atribuyen sociedades ilícitas con colombianos y vínculos con carteles de México e Italia.
Sin embargo, su amistad con personal policial y judicial le permitió vivir tranquilo en el lujoso barrio de Las Palmas de la región de Santa Cruz, a 540 kilómetros al este de La Paz, y movilizarse en su Porsche de 150 mil dólares. Según trascendió en la prensa boliviana, hasta antes de ser detenido se hacía pasar por un empresario dedicado a los bienes raíces y a una tienda de ropa. Asimismo, contaría con el título de abogado, que se cree habría adquirido de forma ilícita en 2018 en una universidad pública de la región.
La policía informó la semana pasada que tras una serie de operativos a organización de Montenegro, se confiscaron siete casas y decenas de vehículos por un valor de 4,1 millones de dólares.

El escándalo

La búsqueda en su contra se intensificó a partir del 23 de abril, cuando se llevó a cabo la detención del coronel Gonzalo Medina, ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz. Medina había sido destituido pocos días antes de su arresto, luego de que saliera a la luz que mantenía vínculos con Montenegro y se le acusara de viajar a Panamá en marzo, para negociar el envío de 40 kilos de cocaína a EE.UU. Luego se reveló que en 2018 había condecorado al capo en un acto público, por financiar la construcción de un campo deportivo en un cuartel policial. A esa fecha, ya era reclamado por la justicia brasileña.
US$4,1 milloneses el avalúo de los bienes confiscados a Montenegro

Además de Medina fueron detenidos su hijastro, Robin Justiniano, y su cercano, el capitán Fernando Moreira. Ambos fueron involucrados en el escándalo por una serie de fotografías de un viaje a Cartagena de Indias, Colombia, en las que figuran junto a una decena de personas y Montenegro.

Según el comandante de la policía, coronel Vladimir Yuri, en total son siete los detenidos. Entre ellos hay tres policías y un empresario sospechoso de lavado de dinero. Asimismo, están siendo investigados varios agentes que trabajaron para la Interpol boliviana entre 2014 y 2018, acusados de eliminar del sistema la “alerta roja” de búsqueda de Montenegro.
También han sido salpicados miembros del Poder Judicial, entre ellos el juez del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, por presuntamente impedir la detención del narco, y la jueza suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Joyce Choquerive, quien admitió su amistad con la esposa de Montenegro.
Por último, entre los involucrados figura la reina de belleza Adriana Méndez, detenida por el polémico viaje a Colombia; intercambiar llamadas con Montenegro, y por no tener cómo justificar sus bienes. “El único delito que tuve fue estar saliendo con Pedro Montenegro”, afirmó la modelo admitiendo su relación extramarital con el capo.

Tras la cabeza de Romero

Tras el terremoto causado por el destape, las autoridades suspendieron inmediatamente a los agentes de la Felcc de Santa Cruz y enviaron “un contingente capacitado y depurado” desde otras regiones. Además, se ordenó que los oficiales de la región se sometieran a la prueba del polígrafo (detector de mentiras); se realizaron 52 allanamientos y se movilizó a 150 policías en acciones coordinadas con agentes de Brasil, Argentina y Paraguay, según informó el ministro Romero.
Sin embargo, los intentos por contrarrestar esta crisis institucional no convencieron a la oposición. Políticos cuestionaron al Ejecutivo por su falta de gestión contra las redes de narcotráfico en Bolivia – tercer exportador mundial de cocaína – y pidieron la renuncia de Romero, cuestionado por casos de corrupción en su cartera más de una vez.
“No es posible que (haya) entre ocho o nueve comandantes implicados en corrupción y el ministro esté con las manos limpias. Es parte del problema, tiene que irse“, señaló en abril el diputado de la UD, Luis Felipe Dorado.
Pero Morales, inmerso en plena campaña presidencial, lo descartó. “No está en debate la situación de Carlos Romero”, respondió en una consulta de la prensa. Incluso se mostró contento con las operaciones: “Hemos instruido (…) que continúen con las investigaciones, desarticulación y detenciones de implicados que colaboraron o cometieron delitos junto al narcotraficante Pedro Montenegro, caiga quien caiga, y con todo el peso de la ley“, tuiteó.
El viernes pasado, Brasil le manifestó a Bolivia su deseo de continuar con el trámite de extradición de Montenegro, informó el canciller Diego Pary. El Tribunal Supremo de Justicia boliviano, que debe aprobar la medida, aún no se pronunció sobre el caso.
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