El diálogo que han iniciado los representantes de Nicolás Maduro con los delegados de la oposición venezolana parte bajo la sombra de la duda: los contactos entre ambas partes validan al contrario y corren el riesgo de eternizarse, manteniendo unas condiciones sociales insostenibles para los venezolanos. 

Para la oposición, el riesgo es más elevado. Estar por fuera del poder los condiciona y su diálogo con el chavismo parte bajo posiciones desiguales que incluyen el chantaje de los presos políticos que hoy aparecen como moneda de cambio. Eso al menos hasta que los militares y policías partidarios de Juan Guaidó se animen a liberarlos, como sucedió con Leopoldo López. 

Entre algunos opositores, los “líderes secuestrados” no deberían ser parte de pacto alguno. Sin condiciones, deberían ser liberados por el régimen antes de que los enviados de Guaidó –Stalin González, Fernando Martínez Mottola y Gerardo Blyde– se sienten en una misma mesa con los delegados de Miraflores. Llevado a un plano deportivo: el no hacerlo sería como jugar una final acordando un resultado inicial de 1 a 0 en contra.

Para los miembros del gobierno de Maduro, se trata de presos comunes que cometieron delitos graves, sancionables en cualquier “democracia” del mundo. 

De cualquier forma, cuantos más puntos haya para discutir, la hoja de ruta de Caracas se pondrá de manifiesto: será un diseño para ganar tiempo y dilatar el empuje de un pueblo que demostró que no tiene pensado rendirse pese a la maquinaria represiva. Desde la sede gubernamental aún no se emitió ninguna señal de buena voluntad. ¿Por qué confiar esta vez? Se preguntan los opositores. Es más, en las últimas semanas los procesos judiciales sin garantías contra dirigentes del propio Guaidó se intensificaron. Tales los casos de Roberto Marrero o Edgar Zambrano.

No es la primera vez que Maduro ensaya un artilugio semejante. En diciembre de 2016, jaqueado, el jefe de la administración convocó al Vaticano para que tendiera puentes con la oposición. La Santa Sede envió al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y trazó un sendero común.

En aquella oportunidad la jerarquía chavista engañó a todos. Se dedicó a bombardear el acuerdo y a sabotear los pedidos de la Iglesia católica, que instó a la liberación de los dirigentes políticos como uno de los puntos más urgentes. También solicitó el llamado a un “camino electoral“. Y exigía la normalización de las funciones de la Asamblea Nacional.

Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, calificó como una “falta de respeto” el pedido papal. Caracas se retiró entonces de la ilusoria mesa de diálogo. Eso sí, había ganado tiempo y aplacado la inercia batalladora de la población. Era el cuarto intento desde 2013 para acercar posiciones entre los polos antagónicos venezolanos. Esos tres puntos, desde entonces, se han recrudecido.

Guaidó, al aceptar enviar a sus delegados, insistió en que no formaría parte de “un falso diálogo“. Su objetivo primordial es la partida de Maduro de Miraflores. Debería conseguir como punto de partida que los presos políticos sean liberados. “Aquí más nunca nos van a confundir con un falso diálogo“, dijo el presidente de la Asamblea Nacional en un acto durante el fin de semana en el estado de Lara.

Rusia, uno de los soportes de Caracas, mostró sus cartas. Pretende que en Oslo no se plantee la necesidad de la salida de Maduro. “Instamos a todos los países involucrados en la situación venezolana a apoyar el inicio del proceso político a través de las negociaciones de las principales fuerzas de este país, sin imponer demandas de ultimátum al Gobierno venezolano“, dice el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú. ¿Por qué la obsesión rusa de mantener a Maduro en el poder? La escueta carta del Kremlin no aclara esto. Tampoco cuál sería el objetivo de las conversaciones noruegas.