El ex presidente colombiano y actual poder en las sombras, Álvaro Uribe, tendrá que rendir cuentas a la justicia como un sospechoso más. La Corte Suprema de Justicia de ese país ha fijado el 8 de octubre como el día en que el hombre que decía que le iba a “dar en la cara, marica” a sus empleados tendrá que defenderse de una acusación de manipulación de testigos. 

Aunque el ex presidente trató de sacarse el juicio de encima, la Corte no solo rechazó su petición sino que se negó a excluir una serie de interceptaciones telefónicas cuestionadas y ratificó que Uribe deberá comparecer acompañado de su abogado.

La corte investiga si el senador y líder del Centro Democrático manipuló testigos. El caso se remonta a febrero de 2018. Como se recuerda, luego de varios años de investigación la corte absolvió al senador Iván Cepeda, a quien Uribe había denunciado precisamente por fabricar testigos. Con esa determinación dio un giro completo: Uribe pasó de denunciante a investigado, y en su nueva posición lo llamaron a rendir indagatoria.

Los abogados del exmandatario, al oponerse a la apertura de esa investigación, la cuestionaron duramente. Alegaron que la corte mantuvo el expediente en reserva sin posibilidad de controvertirlo, que no recibió la versión libre de Uribe y que trajo interceptaciones provenientes de otro caso. Todo eso ocurrió mientras la alta corporación sufría un ajuste estructural y Uribe amenazaba con dar un golpe de chavismo y cerrar el tribunal.

La magistrada Cristina Lombana determinó que el trámite que tuvo el expediente fue totalmente legal en medio de un periodo de ajustes en la corte. De otra parte, dejó en firme una serie de escuchas hechas al expresidente Uribe. La controversia allí radica en que la corte, en una investigación contra el parlamentario Nilton Córdoba Manyoma, ordenó al CTI interceptar un número celular que resultó ser de Uribe. El entonces magistrado José Luis Barceló ordenó trasladar esa evidencia desde aquel expediente al de Uribe.

La Corte escuchará, entre otros, al cuestionado abogado Diego Cadena, a los exfiscales Montealegre y Perdomo y al paramilitar Salvatore Mancuso, quien ya ha dicho que su organización delictiva financió una de las campañas de Uribe.

Para la magistrada, esas interceptaciones fueron legales porque la ley no exige interceptar únicamente al indiciado y los actos reservados de una investigación sirven precisamente para buscar pruebas a fin de esclarecer un hecho. Además, es válido trasladar evidencias de un proceso a otro. Por todo ello la magistrada avaló las pruebas y las consideró relevantes. Pero luego la defensa de Cepeda la recusó porque hace parte de las Fuerzas Militares. Por eso el expediente pasó a manos del nuevo magistrado ponente, César Reyes.

Los abogados del expresidente interpusieron recurso de reposición insistiendo en la nulidad del proceso y en la ilegalidad de las interceptaciones. Pero el magistrado Reyes –con otros tres jueces y mediante el auto de 98 páginas– acaba de refrendar cada uno de los argumentos de Lombana, con lo cual el caso y sus evidencias quedan en firme.

Reyes, además le fijó fecha a la indagatoria de Uribe y ordenó un centenar de pruebas adicionales, muchas solicitadas por los abogados de Uribe.

Investigadores de la corte se desplegarán en los próximos meses para ejecutar estas pesquisas. La clave del asunto gira en torno al preso Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que paga condena en la cárcel de La Picota y es el testigo estrella contra Álvaro Uribe. Monsalve asegura que creció a finales de los ochenta en la finca Guacharacas, en Antioquia, de propiedad de la familia Uribe Vélez y que puede dar fe que allá operaba un grupo paramilitar. Pero eso no es lo que importa en el proceso que llevará a Uribe a indagatoria. Lo relevante para este proceso es que Monsalve asegura que entre febrero y abril de 2018 el abogado Diego Cadena, en nombre de Álvaro Uribe, lo visitó al menos en tres oportunidades supuestamente para pedirle grabar un video o firmar un documento para retractarse de su testimonio contra el expresidente. Y que culpara al senador Iván Cepeda de ofrecerle prebendas a cambio de rendir las declaraciones iniciales. Monsalve señala que lo asediaron por varias vías para lograr este propósito y que por eso decidió usar un reloj grabadora y recopilar chats y demás evidencias que le remitió a la corte.

Sobre eso está probado que Cadena visitó al testigo en prisión. Pero el abogado asegura que acudió porque Monsalve mandó mensajes de querer confesar la verdad. Los defensores principales de Uribe explicaron así la actuación: “Monsalve se había inventado la historia de Guacharacas y luego buscó a alguien cercano al entorno de Uribe. Este se sorprendió y mandó a Cadena a ver de qué se trataba. Se trató de una trampa con el reloj grabadora. Pero a pesar de horas de conversación, Cadena no cayó. Sin embargo, hay una frase que, sacada de contexto, ha dado pie a la situación que enfrentamos”.

 

Nuevas pruebas 

La corte deberá establecer si el asunto se reduce solo a eso. Por el nuevo cúmulo de pruebas que ordenó el magistrado Reyes se deduce que hay otros asuntos inquietantes. La corte, por ejemplo, tratará de develar los misterios en torno al abogado que visitó reiteradamente al testigo Monsalve. Se llama Diego Javier Cadena Ramírez, se trata de un joven y rico penalista, oriundo del Valle que constantemente visita narcotraficantes en cárceles de Colombia y Estados Unidos, algunas veces acompañado por agentes de la DEA.

Dentro de las pruebas ordenadas está la inspección a tres expedientes que cursan en la justicia colombiana contra Cadena, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, simulación de cargo o investidura y falta contra la administración de justicia. También, con la ayuda de las autoridades gringas, los investigadores rastrearán los pasos del enigmático abogado en Estados Unidos. El propio Cadena deberá rendir declaración ante la corte.

De otra parte, una veintena de paramilitares presos también deberán contestar preguntas. Entre estos Jesús Ignacio Roldán (alias Monoleche), Pablo Hernán Sierra (Alberto Guerrero), Ramiro Henao (Simón). Y en cárceles de Estados Unidos Daniel Rendón Herrera (Don Mario), Juan Carlos Sierra (El Tuso) y Salvatore Mancuso, entre otros.

Los investigadores además revisarán las minutas de visitas a Juan Guillermo Monsalve e interrogarán a su compañero de celda Enrique Pardo Hasche, una de las personas a través de las cuales Cadena entró en contacto con el primero. El expediente también cita a indagatoria al representante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, miembro del Centro Democrático e implicado en el supuesto asedio al testigo Monsalve.

También tendrán que declarar el exfiscal general Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo. Así mismo la capturada exfiscal Hilda Janet Niño, quien colabora con la justicia tras admitir que trabajaba para reconocidos narcos. La corte también citó a políticos como los senadores Rodrigo Lara e Iván Cepeda, este último contraparte del senador Uribe en el caso en cuestión. Igualmente llamó a la excongresista Piedad Córdoba, al exmagistrado Iván Velásquez y al periodista Juan Carlos Giraldo, que tienen en común haber visitado a paramilitares en prisiones de Estados Unidos para recopilar sus testimonios.

Iván Cepeda, el sábado en la mañana, emitió un comunicado en el cual explica la posición que va a tomar en lo que viene del proceso. “Con el fin de evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte, a pesar de tener derecho a hacerlo, no concurriremos a las diligencias de indagatoria programadas para los días 8 y 9 de octubre de 2019”. El senador agregó que registra que “las actuaciones judiciales en este caso no se están tomando en modo tendencioso o arbitrario” y que pide que el proceso pueda llevarse sin presiones mediaticas o políticas.