A pocos días de que se cumplieran 4 años de su detención por su presunta participación en el secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, recuperó su libertad este fin de semana.

Por considerar que se recabaron de forma ilegal, un juez desestimó 81 de las pruebas que presentó la Fiscalía, según información revelada por El País.

“El Gil” se encontraba preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México. En junio del año pasado un juez ya había desestimado el proceso en su contra por delincuencia organizada.

El último delito que lo mantenía detenido era el de secuestro, pero al considerar que las pruebas en su contra fueron recabadas de forma ilegal, mediante torturas y detenciones arbitrarias, el juez lo absolvió y “El Gil” recuperó su libertad el pasado sábado 31 de agosto.

Gildardo López, alias el Gil, integrante de la organización criminal Guerreros Unidos, fue detenido el 16 de septiembre de 2015 en Taxco, a pocos kilómetros de la ciudad guerrerense de Iguala.

Oficialmente, según la investigación del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 por policías del municipio de Iguala que los entregaron a criminalesque los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que echó abajo la versión oficial, denunció el uso de tortura en las investigaciones de este caso.

En junio de 2019 salió a la luz un video sobre torturas a un detenido por la desaparición de los 43 normalistas, que confirmó que se violaron derechos humanos en la investigación.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los actos de tortura que fueron revelados en el video, donde un sujeto indica que unos “12 o 13” estudiantes habrían sido entregados a “ministeriales”en el Tomatal, que es la entrada y salida a Chilpancingo. Luego habrían sido llevados a unas casas en Mezcala.

La ONU ha dicho en repetidas ocasiones que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa no fueron eventos aislados, ni son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y justicia en México.

Para la fiscalía mexicana, “El Gil” era el enlace del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa –ambos detenidos por el crimen contra los estudiantes– con Guerreros Unidos y fue quien habría ordenado la incineración de los jóvenes.

Sin embargo, en sus primeras declaraciones, “El Gil” negó haber sido parte del ataque contra los estudiantes, aunque sí mencionó nombres de presuntos integrantes de Guerreros Unidos; sugirió que ese grupo narco habría disuelto a parte de los estudiantes en ácido.

Pero días más tarde, “El Gil” dijo delante de un juez que lo habían torturado en los interrogatorios y le habían metido la cabeza en una bolsa de plástico.

En abril de 2018 se dio a conocer que líderes del Cártel de Guerreros Unidos (GU) habrían ordenado la desaparición de entre 50 y 60 personas, entre ellas, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El diario mexicano Reforma tuvo acceso a mensajes telefónicos enviados esa noche desde Chicago por ocho integrantes del cártel, actualmente detenidos en los Estados Unidos, y que habrían sido enviados al Gobierno de México.

Los 43 jóvenes desaparecieron en el municipio de Iguala, en Guerrero, esa noche de 2014 luego de un enfrentamiento con policías, que los atacaron porque presuntamente pretendían interrumpir el informe de actividades de la esposa del alcalde.

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