Ecuador pasa por una grave crisis política, social y, sobre todo, económica. Las manifestaciones de las comunidades indígenas, sindicatos de trabajadores, transportadores, estudiantes universitarios y opositores al gobierno contra las nuevas medidas del gobierno ¬que significan el fin del subsidio a los combustibles y afectan también las reglas sobre los empleados¬ han dejado por lo menos cinco muertos y han mostrado las grietas en la nación. Y aunque el presidente del país, Lenín Moreno, ha propuesto una agenda de diálogo para tratar de disminuir las protestas, las conversaciones entre el gobierno y manifestantes no son nada fáciles de conciliar.

Los sectores en protesta le exigen al mandatario que antes de sentarse en la mesa de diálogo derogue el Decreto Ejecutivo 883, bautizado como el “Paquetazo”. Este paquete de medidas además de acabar con el subsidio de combustibles, luego de más de cuatro décadas de existencia, también impone nuevas medidas tributarias y laborales para los empleados del sector público como una reducción salarial de hasta 20% en contratos temporales, la reducción de vacaciones de 30 a 15 días, el aporte de un día del salario mensual al fisco. Además, también se reducen los aranceles para la compra de maquinarias y se eliminan totalmente para la importación de bienes tecnológicos. Pero para Moreno dar marcha atrás a estas medidas no es un asunto fácil. Todas estas fueron solicitudes del Fondo Monetario Internacional para poder desembolsar un multimillonario préstamo al gobierno, y, desafortunadamente para el gobierno, el país necesita urgentemente una inyección de dinero.

Si bien durante el gobierno de Rafael Correa hubo un fuerte crecimiento económico en el país, también hubo un alza del gasto público, lo que provocó un déficit fiscal, según el economista ecuatoriano José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo. Esto condujo a un crecimiento de la deuda pública, por lo que el país comenzó a vender anticipadamente su petróleo y usar préstamos del Banco Central.

Pero no todos consideran que recibir un préstamo del FMI sirva para mejorar la situación del país, sino que por el contrario causaría una reducción del crecimiento y un aumento del desempleo. El acuerdo entre Moreno y el FMI obliga a Ecuador a eliminar políticas que en los últimos años estimulaban el crecimiento y la desigualdad. El plan de ajuste no funciona, así como no funcionó en Argentina.