Después de tres semanas de protestas sociales, el presidente Sebastián Piñera decidió abordar el fondo de las demandas y anunció un proceso para crear una nueva Constitución que reemplace la redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La duda, sin embargo, es si se tratará de un texto completamente nuevo o de una reforma como sucedió en el 2006 con Ricardo Lagos. 

“Los cambios a la Constitución tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años atrás”, indicó el mandatario chileno. 

La duda aun por resolver es si ese Congreso es una asamblea electa por voto popular o si se trata de armar un nuevo texto en el Parlamento actual.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, hizo el anuncio luego de sostener una reunión en la casa del presidente Sebastián Piñera con los líderes de Chile Vamos, una coalición política que agrupa a cuatro partidos de centroderecha y derecha, que hasta ahora eran los más reticentes a un cambio profundo de la carta fundamental heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90). 

“Creemos que el mejor camino es trabajar bajo la base de un congreso constituyente”, señaló Blumel, al tiempo que aseguró que también se trabajará en la instalación de un plebiscito, mediante el cual se ratifique los cambios que se generen en ese congreso. Para eso dijo que se comenzará “un proceso de diálogos, de conversaciones, amplio con todos los sectores y las fuerzas sociales y políticas para poder conseguir los más amplios acuerdos”.

El gobernante, ahora, ve necesario un cambio de Constitución y accedió a buscar un mecanismo para hacerlo por la presión social en su país.

Respecto al tiempo en que dará inicio a todo ese proceso dijo: “Los plazos los tenemos que abordar responsablemente, queremos hacerlo con prontitud”.

El pasado sábado el gobernante chileno anunció que se trabajaría en un cambio profundo a la Constitución, como lo demandaron diferentes sectores vinculados a las protestas que desde inicios de octubre se registran en ese país.

La actual Constitución, vigente desde 1980, ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, según dijo Piñera en una entrevista el sábado al diario El Mercurio, sin embargo no establece como responsabilidad del Estado ofrecer como un derecho la Educación y la Salud, dos de los pilares que reclaman los millones de chilenos que están en las calles manifestándose desde el pasado 18 de octubre.

“Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución. Entendemos que es un trabajo que lo tenemos que hacer pensando en el país”, dijo Blumel tras la reunión.

El ministro del Interior agregó que consideraban ahora que la mejor fórmula para realizar este cambio es a través de un Congreso Constituyente, que cuente con “una amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio”.

El gobierno retomó la idea de alcanzar un pacto social en el que sumen todos los sectores sociales y políticos de Chile, para conseguir acuerdos de envergadura en un país que el lunes empieza su cuarta semana de protestas, esencialmente hastiados por un exitoso modelo económico de amplia apertura al mercado, que ha fracturado a la sociedad por a desigualdad en riqueza y acceso a oportunidades.

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