1.- Paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) al momento en que se llevaban 83.76% de las actas verificadas y divulgadas, de un 89.34% de actas que ya habían sido transmitidas y estaban en el sistema TREP. El TSE ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5.58% de actas que ya se encontraban en el sistema TREP pero que no fueron publicadas.

2.- Introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica (servidores denominados BO11 y BO202), a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP. Para la redirección del flujo hacia el servidor BO20 se modificó la IP a la que direccionaban las 350 máquinas utilizadas en el SERECI. Los servidores se emplearon para la transcripción y verificación de actas, así como para el flujo de otros datos asociados provenientes del TREP. El servidor BO1 registró actividad inclusive durante el tiempo en que el sistema de resultados preliminares se encontraba “apagado”.

3.- Se mintió respecto a la configuración real del servidor oculto BO1 (implementado en una red Amazon de NEOTEC y detectado por la empresa auditora). Además de ser una pasarela entre el navegador del usuario y el servidor como declara la empresa NEOTEC, atendió también otras peticiones Web, como se puede ver en sus blogs, y almacena tanto Bases de Datos como aplicaciones electorales. Las Bases de Datos estaban accesibles durante la auditoría de la OEA, situación que fue validada con la empresa auditora contratada por el TSE (en consulta especial antes de cerrar el presente informe). La existencia de Bases de Datos en un servidor oculto y declarado como pasarela (recién al ser detectado) es extremadamente grave y merece una investigación especial en una ulterior judicialización.

4.- Se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del dominio, administración, control y monitoreo del personal del TSE.

5.- El esquema tecnológico paralelo y no controlado que se creó de manera deliberada facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitado por la volatilidad de la evidencia digital.

6.- El proveedor de la aplicación ingresó directamente a servidores del Cómputo Oficial de manera remota, a través de accesos mediante VPN, porque se negó a trabajar en las oficinas del TSE de San Jorge donde se encontraban auditores y personal de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (DNTIC). Esta persona trabajó remotamente sin supervisión alguna e informó por email los cambios realizados.

7.- A solicitud de los vocales del TSE y de un individuo presentado como asesor de los vocales3 se configuró un servidor en una red Amazon ajeno al TREP y Cómputo a través de una máquina Linux AMI virtual. Cabe resaltar que dicho individuo no formaba parte de la planta laboral del TSE ni de las empresas auditora o proveedora. Se constató el acceso desde esta máquina con usuario ec2-user (y también elevando privilegios a root) en fecha 21 de octubre de 2019 y en plena ejecución del TREP en su segunda etapa (tras el corte).

8.- Se proveyó información falsa sobre el uso de la máquina Linux AMI virtual y se intentó ocultar de manera intencional la existencia del servidor BO20 al equipo de auditores.

9.- El TSE contaba con un servidor principal (BO2), su respectiva contingencia (BO2S) y uno para publicar (BO3). Se mintió deliberadamente al decir que se utilizó el servidor BO3 puesto que el servidor utilizado para la publicación no fue este ya que, al momento de auditarlo, tenía menos actas que las publicadas. Se constató inconsistencias entre las bases de datos de los servidores BO2 y BO3.

10.- Se constató (en presencia del técnico del SERECI, responsable de la empresa en Bolivia y responsable de la DNTIC) que personal de NEOTEC accedió a los servidores y/o bases de datos a pesar de la solicitud expresa de los auditores de la OEA que pidieron que a partir del inicio de la auditoría absolutamente nadie ingresara a los servidores.

11.- Se detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo que afectan la integridad de las mismas. En un ejercicio que buscó analizar posibles adulteraciones o manipulaciones se revisó una muestra de 4692 actas. En este análisis se identificaron 226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona, denotando una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales y transgrediendo las atribuciones de los Jurados de Mesa determinadas por ley. Las actas corresponden a 86 centros de votación de 47 municipios del país. La suma de sus votos válidos es de 38.001, del cual el 91% (34.718) fueron adjudicados al Movimiento al Socialismo (MAS).

12.- A pesar de ser material sensible, se quemaron actas (el número es incierto) y más de 13.100 listas de electores habilitados (o listas índices), lo cual no permite contrastar la información consignada en las actas de escrutinio y cómputo.

INFORME DE GRUPO ARGENTINO HABLA DE TORTURAS

Por el contrario, el grupo de Argentinos en solidaridad con el Pueblo boliviano realizó un informe en que recogieron más de cien testimonios en los que se describen graves violaciones a los derechos humanos como “la desaparición forzada de personas, asesinatos, torturas, delitos sexuales, persecución selectiva de líderes de movimientos sociales, ataque contra los gobernantes y funcionarios del gobierno de Evo Morales, confección de listas negras, represión en manifestaciones públicas, restricción a la libertad de prensa, espionaje y escuchas ilegales”.

El informe de la delegación fue presentado en una conferencia de prensa. “Este proceso que dice tener una salida institucional es imposible si no hay un proceso de verdad y justicia. Hemos recibido y visto situaciones y denuncias que configuran crímenes de lesa humanidad”, señaló Roberto Carlés, uno de los abogados que participó en el trabajo de la delegación que se acercó hasta la localidad de Senkata, uno de los lugares donde se concentró la represión y dejó al menos nueve muertos.

“Está claro que lo que hace falta es la actuación de un órgano supranacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o que un país abra una instancia de juicio, como fue Argentina con el tema de las víctimas del franquismo o España con la dictadura chilena”, apuntó Carlés, destacando la falta de apoyo internacional para una situación como la que atraviesa Bolivia.

La delegación estuvo integrada por organizaciones de derechos humanos y sociales, que partieron el viernes para Bolivia. Apenas pisaron el aeropuerto fueron recibidos por grupos civiles que los increparon y amedrentaron y fueron demorados por la policía local, e incluso en la conferencia denunciaron que algunas de las mujeres que integraron la comitiva fueron obligadas a sacarse la ropa durante el cacheo. Al día siguiente fueron amenazados públicamente por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien les advirtió que serían detenidos si cometían un acto de “sedición” o “terrorismo”. El trabajo de la delegación se tornó dificultoso, pero pudieron tomar testimonios de un centenar de personas en El Alto y en La Paz.

“La prensa que defiende el golpe tuvo una actitud de escrache con la delegación. Y de lo que pudimos documentar sabemos que se va a multiplicar a medida que pasen los días”, advirtió Pablo Pimentel.

Con la mayoría de los integrantes de la delegación sentados en la mesa y algunos otros parados detrás, Carlés destacó que “hoy en Bolivia hay terrorismo de Estado”.

Uno de los puntos que tenían en la agenda del viaje era contactar con la Defensoría del Pueblo en La Paz, pero no los dejaron llegar. “Tienen una situación muy complicada porque denuncian todas las violaciones a los derechos humanos que están pasando, entonces los grupos de choque los acusan de masistas (partidarios del MAS, la fuerza de Evo Morales) y los acosan y agreden constantemente”.

También tenían organizado un encuentro con una senadora del MAS que está en huelga de hambre en palacio legislativo. Primero les habían otorgado el permiso para llegar, pero después fue revocado. Entre los integrantes de la delegación ya plantean un segundo viaje “esta vez más rodeados y con mayor apoyo internacional”.

Con información de El Deber, Página 12, La Razón