El gobierno de Sebastián Piñera violó los derechos humanos de manera sistemática durante la represión a las movilizaciones sociales iniciadas en el país el 18 de octubre. Al menos así lo determinó el informe presentado por la ONU tras el envío de una misión de observadores al país. 

“Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos”, indicó el organismo en su informe.

Violaciones a los derechos humanos que se relacionaron directamente con el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos que son “reiterados en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.

El informe menciona asimismo que las manifestaciones que han tenido lugar en Chile desde mediados de octubre tienen sus raíces en una multiplicidad de causas, incluyendo la desigualdad social y económica, los que se han realizado ejerciendo el el derecho a la asamblea pacífica lo han hecho de manera pacífica.

“Sin embargo, han habido numerosos ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y sus instalaciones. Dentro y fuera de las manifestaciones también hubo saqueos y destrucción significativa de bienes públicos y privados”, contextualiza el informe de la ONU sobre derechos humanos.

Responsabilidad de Carabineros en el informe de la ONU

Otro aspecto relevante dentro del informe es la responsabilidad de Carabineros dentro de estos incidentes. Según el informe, la institución “ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente”.

Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”, complementó el documento.

Sobre las escopetas y municiones antidisturbios, indicaron que “hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia”.

“El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo”, aseguró la comisión de la ONU.

Violencia sexual y simulación de ejecuciones

El organismo internacional también determinó que un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas (32), donde se incluye violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían “desaparecidas”, lo que la ONU considera “tortura”.

Además se reconoció que “las mujeres, las niñas y las personas LGBTI han sufrido formas específicas de violencia sexual (incluida la desnudez forzada), principalmente relacionadas con las detenciones. También se han documentado casos graves de violencia sexual contra hombres y adolescentes”.

Se recopiló información sobre 24 casos de violencia sexual contra mujeres (14), hombres (6), niñas (3) y un niño en el contexto de las protestas. La violencia sexual reportada incluyó violación, amenazas de violación, tratamiento degradante (como ser forzado a desnudarse), comentarios homofóbicos o misóginos, golpes o actos que causan dolor en los genitales y manoseos.

La calidad de vida en Chile

Otro aspecto que fue considerado por los comisionados de la ONU para los derechos humanos en su informe fue la forma y calidad de vida que tenemos los chilenos, donde se determinó “el incumplimiento de los derechos económicos y sociales”.

“Esto incluye la falta de acceso a tribunales y órganos internacionales de derechos humanos para reparar violaciones a derechos económicos y sociales y la falta de reconocimiento constitucional de alguno de estos derechos. En particular, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación por el acceso limitado al agua potable y a los servicios de saneamiento, en particular en las zonas rurales, y el uso desproporcionado e insostenible del agua por parte de la industria minera. También expresó preocupación por el hecho de que los servicios básicos de salud siguen siendo limitados, en particular para los grupos desfavorecidos y marginados de bajos ingresos”, se aseguró.

De hecho, el organismo también recordó que “las protestas relacionadas con los derechos sociales y económicos han tenido lugar en los últimos 15 años, aunque en menor escala. Por ejemplo, miles de estudiantes de secundaria y universitarios participaron en manifestaciones en 2006 (la llamada Revolución Pingüina)”.

Además se reconoció la discriminación en contra de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las personas LGBTI, lo que ha generado “la desigual participación de segmentos o grupos de la población en ciertos espacios democráticos ha contribuido a la desconexión con los partidos y procesos políticos”.

Recomendaciones al Estado chileno

En sus páginas finales, el documento también incluyó una serie de recomendaciones para el Estado chileno, las cuales estuvieron ligadas a una nueva Constitución y a garantizar el respeto de los derechos humanos.

Así se le pidió a nuestro país “asegurar que las personas puedan, durante las manifestaciones, ejercer sus derechos de reunión pacífica y a la expresión, sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física y otros derechos humanos”.

También que “las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento. Garantizar el uso de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales, y que estas sean utilizadas, en todo momento, de plena conformidad con las normas internacionales”.

Otro punto trascendental que la oficina de derechos humanos de la ONU encabezado por Bachelet recomendó es poner fin de forma inmediata al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones. Estas deben utilizarse solo con munición autorizada y conforme con los estándares internacionales relevantes.

Misma situación de los gases lacrimógenos, los cuales “debe ser excepcional y solo cuando sea estrictamente necesario y no dentro ni cerca de establecimientos de educación ni de salud. Deben tomarse medidas inmediatas para prevenir heridas causadas por cartuchos de gas lacrimógeno”.

Respecto a Carabineros, se pidió asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, garantizar que se utilice una identificación adecuada en todas las actividades relacionadas con la seguridad pública, fortalecer los sistemas de registros de detención a fin de garantizar que la información sea recopilada de forma íntegra, oportuna y de forma desglosada y asegurar que las fuerzas de seguridad adopten medidas para garantizar la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y reconozcan estas violaciones.


Con información de El Dínamo

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