Los coletazos de la caída de Evo Morales se siguen sintiendo en  las relaciones internacionales del nuevo gobierno y el canciller mexicano, Marcelo Ebrad, informó que acudirá a la Corte Penal Internacional por el hostigamiento de policías y militares en su embajada en Bolivia.

El asedio se ha dado después de cinco días consecutivos donde se ha incrementado el patrullaje y vigilancia, incluyendo con drones, después de que el gobierno boliviano emitió orden de aprehensión contra cuatro personas asiladas en la sede diplomática mexicana.

“A cuatro personas de nueve, se les gira orden de aprehensión, luego de 11 días de que se alojaron en la embajada. Fue el 15 de noviembre cuando nosotros los asilamos pero fue hasta el 26 de noviembre que se notifica su búsqueda”, explicó Ebrard.

El 23 de diciembre, aparecieron afuera de las instalaciones 90 elementos policíacos y militares no solicitados, cuando el número habitual no rebasa los seis. Exigimos respeto a la integridad de la representación de México, que se considera parte de nuestro territorio. El derecho de asilo viene en contra de todas las convenciones internacionales”, añadió.

El titular de Relaciones Exteriores mexicano explicó que desde el primer día del asedio policial se informó a los organismos de la Organización de las Naciones Unidas notificando el hecho para que se respete la Convención de Viena con “respeto al derecho de asilo y a las decisiones soberanas de cada país”.

“Lo más sencillo sería retirarlos (a los elementos diplomáticos en Bolivia), pero hay 100,000 mexicanos que viven en ese país y no es viable, se haría solo como último recurso pero el Presidente de la República me ha pedido que actuemos para resolverlo. 29 países se han comunicado para expresarnos su solidadridad y hoy mismo (jueves) acudiremos ante la Corte Penal Internacional para exigir este respeto a nuestra sede”, detalló el canciller.

Este miércoles, en plena Navidad, el director general de organismos y mecanismos regionales americanos de la Cancillería mexicana, Efraín Guadarrama, señaló que “la amenaza de ingreso como la que ahora vivimos en La Paz no tiene precedente”.

Y es que apenas este martes, el comandante de la Policía de La Paz, el coronel William Cordero, había invitado a que las autoridades mexicanas entregaran a ex ministros asilados en el lugar que habían pertenecido al gobierno de Evo Morales, que abandonó el país después de unas polémicas elecciones donde resultó ganador y después de que el Ejército le retirara su apoyo.

Morales posteriormente recibió el asilo por parte de México, junto a su vicepresidente, Álvaro García Linera, entre otros. Después de unas semanas, Morales y García Linera decidieron viajar a Argentina, donde hace unas semanas asumió Alberto Fernández, uno de sus principales aliados políticos, como presidente.

“No estamos hostigando a nadie”, aseveró Cordero este martes, quien aseguró que la presencia de sus elementos en el exterior de la embajada mexicana en la capital de Bolivia se debe a que sobre los ex funcionarios pesan distintas órdenes de aprehensión por sedición y terrorismo, de los cuales los diplomáticos mexicanos tienen conocimiento.

Sin embargo, el gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, disputa que las órdenes de aprehensión se dieron a conocer a la Cancillería cuando ya habían recibido a los funcionarios. Entre quienes se refugiaron en las instalaciones diplomáticas de México se encuentran Juan Ramón Quintana, ex brazo derecho de Morales; Javier Zavaleta, ex ministro de Defensa; y Héctor Arce, de Justicia.

Ya en noviembre, la Canciller boliviana Karen Longaric había aclarado que el gobierno boliviano no entregará salvoconductos para los ex funcionarios que se encuentran asilados y advirtió que si México se niega a entregar a estas personas, generaría un conflicto entre ambos países, pues estas personas se quedarían en la Embajada de La Paz por meses.

“El marco jurídico de asilo diplomático (Convenciones de La Habana, Montevideo y las dos de Caracas), establece que ‘corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución’”, escribió Guadarrama, dirigiéndose directamente a Longaric.

“En cualquier caso será respetada la determinación del Estado asilante de continuar con el asilo y exigir el salvoconducto para los perseguidos. La Cancillería boliviana notificó a nuestra Embajada de las órdenes de aprehensión, DESPUÉS de que el Estado mexicano les otorgará el asilo”, completó.

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