Un nuevo escándalo sacude al Ejército colombiano después de que la revista Semana denunciara un sofisticado sistema de interceptaciones  utilizado por el Ejército a través de dos de las oficinas de inteligencia y contra inteligencia, durante el segundo semestre de 2019, que habría sido usado para espiar ilegalmente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), congresistas, gobernadores, periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Esta nueva revelación destapa nuevamente la funcionalidad política de los servicios de inteligencia y además pone al descubierto las nuevas formas de operación de las fuerzas armadas colombianas al servicio de intereses políticos del partido de gobierno, entre otras acciones. Además asegura la investigación que las operaciones se realizaban desde guarniciones militares para evitar allanamientos sorpresivos y filtraciones a la prensa.

Centro Democrático recibía del Ejército información de chuzadas a la Corte Suprema

Uno de los apartes de la información publicada señala que uno de los blancos de la operación de espionaje fue la Corte Suprema de Justicia y concretamente una de las magistradas de ese alto tribunal. De hecho en una reciente entrevista Gloria Ortíz, ex presidenta de la Corte Constitucional manifestó que tenían serios indicios de estar siendo “chuzados” en ese alto tribunal. 

Una de las afectadas sobre la que se conoce información concreta es la Magistrada Cristina Lombana quien fuera oficial del Ejército y en un tiempo tuvo a su cargo la investigación por falsos testigos en contra del senador Álvaro Uribe. Sobre esto, una de las fuentes periodísticas aseguró que la información recopilada tenía como destinatario a un miembro del partido Centro Democrático.

¿De quién se trata?

El senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, dijo en Noticias Uno que “el país necesita saber cuál es el político del Centro Democrático que recepcionaba esta información de parte de los chuzadores del Ejército Nacional”.

Junto a Sanguino, los también congresistas Roy Barreras e Iván Cepeda fueron interceptados por la institución, afirmó el noticiero en alusión a la denuncia que Semana publicó en su más reciente edición impresa y según la cual unidades del Ejército han utilizado “sus equipos de última generación para saber en qué andan algunos periodistas, políticos, magistrados, e incluso coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas”.

Y es que según declaraciones de uno de los militares que habría participado en las interceptaciones, la información que se obtuvo de manera ilegal por suboficiales de la institución se le entregó a un “reconocido político del Centro Democrático”, precisó la revista.

Al respecto, el periodista Daniel Coronell también hizo énfasis, en Twitter, en la importancia de saber quiénes recibían la información obtenida de forma ilegal, mientras que Iván Cepeda, en Noticias Uno, resaltó la necesidad de “conocer la lista completa, tanto de las personas interceptadas como de quienes estaban involucrados en esas operaciones”.

Tres gobernadores, tres congresistas y dos representantes son blanco de interceptaciones

Tanto Iván Cepeda, como Antonio Sanguino y Roy Barreras (parlamentarios) habían denunciado recientemente que estaban siendo víctimas de operaciones ilegales de interceptación. Uno de los ejemplos concretos fue el debate de control político por el bombardeo en que murieron 7 menores de edad. El senador Barreras aseguró que los altos mandos militares que se encontraban en el debate tuvieron información secreta acerca de las razones del debate y el hecho concreto de la denuncia que se realizaría.

En este caso la investigación periodística confirmó que las oficinas de interceptación del ejército espiaron las conversaciones de congresistas y gobernadores entre los cuales se puede encontrar Camilo Romero, ex gobernador del departamento de Nariño quién ha demostrado fuerte oposición a algunas políticas del gobierno como las fumigaciones con glifosato y la militarización de los departamentos.

Adicionalmente las fuentes de la investigación revelaron que son varias organizaciones de DDHH, colectivos de abogados y otras las que están siendo blanco de las interceptaciones ilegales, ya que existen carpetas con información, fotos y videos de este tipo de blancos.

“Carpetas presentes en los discos duros y en las memorias USB que contienen presentaciones de informes, extractos de conversaciones y audios de entidades públicas, ONG y medios de comunicación. Incluso, hay soportes en videos y fotografías de seguimientos a periodistas de este medio de comunicación que adelantaban la investigación.”, reza el artículo periodístico.

Las reacciones a estas revelaciones no se han hecho esperar. Algunos líderes de opinión señalan que la despedida de Nicacio Martínez como comandante del ejército no debió ser la salida de un héroe, más aún cuando el propio gobierno conocía las actividades ilegales de esa entidad al mando de Martínez.