El debate inicial de si la salida de Evo Morales del poder fue o no un golpe de Estado ha ido dando paso a una cuestión mucho más duradera que el momento de su caída, tras catorce años de poder: ¿es el gobierno de Jeanine Áñez una dictadura?

La respuesta fácil podrá seguir las matrices de si hubo o no golpe de estado. Si se cree en el golpe, la respuesta será fácil: un gobierno ilegítimo no puede tener otro nombre que dictadura.

Por el contrario, si se cree que Áñez y sus amigos son los salvadores que metieron la Biblia al Palacio Quemado para destronar a “la dictadura” de Evo Morales, es necesario dejar los dogmas al lado y analizar las acciones de la pesidenta por azar. 

La bandera que le permitió a Áñez meterse en un cargo que nunca había soñado hablaba precisamente de recuperar la democracia y acabar con la corrupción y el nepotismo del gobierno del Movimiento Al Socialismo.

Esto no impidió que pocas semanas después de asumir el cargo, Áñez le diera trabajo a su hermana, a su hija y a la hermana del beligerante ministro de Interior, Arturo Murillo, le regalaran un consulado en Miami “por razones humanitarias”. 

Una de las características de una dictadura es su restricción a las libertades civiles. Tales como la libertad de expresión: algo de ello deben saber los tuiteros detenidos por el gobierno y acusados de “sedición” por cuestionar el actuar de la presidenta, vestida de Papá Noel repartiendo regalos, al más puro estilo Evo. 

El compromiso del gobierno con la libertad ya se podía sospechar después de que el ministro Murillo, a tan solo horas de haberse encumbrado en el poder, hablara de salir a cazar a los antiguos funcionarios. Y su palabra, “cacería” se ha venido aplicando con el beneplácito del oficialismo por parte de grupos de choque como “Resistencia Civil”, que se han dedicado a golpear a los simpatizantes de Evo Morales. 

Esa cacería también ha dado pie a una serie de actuaciones al menos cuestionables de la justicia boliviana. Si una democracia plena se caracteriza por la separación de poderes, la rama judicial de Bolivia se convirtió en el brazo armado del gobierno que se empeña en ser dictadura: pocas horas después de asumir en el poder, desde el Gobierno se ordenó el cese de una larga lista de causas emblemáticas, cerrando procesos al dedo y aceptando el regreso de exautoridades con causas pendientes que de la noche a la mañana se esfumaron.

Así, en un abrir y cerrar de ojos Bolivia vio el retorno de personajes que no rindieron cuentas ante la justicia por temas que van mucho más allá que una supuesta persecusión política del gobierno del MAS.

Esta falta de separación también ha llevado a la cárcel a otros a punta de un dedazo. Emblemática resultó la detención de la gerente de una clínica donde terminó herido un mercenario argentino con pasado Farc. Como un trofeo de guerra fue presentada ante la prensa, cómplice, por haber prestado atención médica al guerrillero.

La asociación clásica de la dictadura, claro, está ligada al verdeolivo y los fusiles. El ejercicio legal de la violencia. Y como si hicieran falta razones para sospechar de la vocación democrática de los nuevos inquilinos del palacio, la decisión de militarizar el país apareció como el botón de muestra que faltaba para calificar al que sería un gobierno interino al menos como un intento de dictadura.

Se espera gran tensión el 22 de enero: el Gobierno militarizó las calles antes del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, cuando colectivos sociales convocaron marchas para reivindicar que esa es la fecha en la que debe finalizar el mandato interino de Áñez. Pese a ello, la presidenta en funciones consiguió que el Tribunal Constitucional avalara su continuidad en el cargo hasta mayo.

Distintos sucesos confluyen en el contexto de las marchas convocadas por los cocaleros en distintas ciudades de Bolivia para el 22 de enero. En primer lugar, es el día en el que se celebra el Estado Plurinacional de Bolivia. También es la fecha en la que debía concluir el Gobierno de Jeanine Áñez, antes de lograr alargar el mandato hasta mayo. Y, además, antes, el 20 de enero, comienza el plan del Ejecutivo de erradicar las plantaciones de coca en Chapare, uno de los bastiones del expresidente Evo Morales. 

 

Libertad de prensa

Varios periodistas de medios de comunicación internacionales como Crónica TV y TN de Argentina sufrieron amenazas y fueron perseguidos por las calles de La Paz, por manifestantes que apoyaban al golpe. El camarógrafo de Telefé (Argentina) Lucio Gómez, fue agredido y anunció en un video publicado en Twitter que el canal evacuaría a su equipo, tras haber sido acusado de “sedición”.

También fueron agredidos en las calles de La Paz el periodista Rolando Graña de América TV de Argentina, y el productor Jerónimo Loguzzo (Telefé). Ellos, junto a Gómez, habían sido blanco de una campaña de desinformación: se publicaron sus nombres y fotografías en un periódico, acusándolos de incitar a la violencia. “No hay garantías para el trabajo de los equipos de TN, Crónica y Telefé”, publicó TN en su sitio web, donde denunció que los enviados argentinos padecen diversos ataques, que abarcan “desde insultos hasta el lanzamiento de objetos contra los lugares donde se hospedan o incluso contra los propios trabajadores”.

Tras las agresiones el equipo de TN fue evacuado del hotel donde se estaban hospedando. El operativo fue llevado a cabo por un grupo de élite de una fuerza de seguridad argentina.

Días después Teresa Bo, periodista argentina que se desempeña como corresponsal de la cadena Al Jazeera fue agredida por un agente de policía, que en medio de una cobertura le tiró gas lacrimógeno en los ojos. La periodista publicó el momento en sus redes sociales y en el mensaje que acompañó las imágenes aseguró que “solo estábamos en la calle reportando lo que pasaba y la policía boliviana responde así”.

La respuesta del gobierno golpista fue dada por Lizárraga quien habló con el canal TN y afirmó: “No he hecho ninguna declaración de que la prensa internacional esté haciendo sedición, existen los bloggeros digitales en el país, existe una embajada de Cuba y Venezuela que están utilizando sus medios y sus redes para desinformar y convocar a un enfrentamiento entre bolivianos. Eso se llama sedición y es un delito”.

En estas declaraciones ya se pone en la mira no solo a los medios oficiales y a los comunitarios, nacionales e internacionales. También a los bloggeros/as digitales, lo que extiende la persecución. En estos días han circulado informes de la Policía Nacional de Bolivia en los que dan cuenta de la realización de “patrullajes cibernéticos” para perseguir a quienes publiquen críticas al régimen en las redes.

Se estima que entre 50 y 70 radios del sistema nacional de radios de los pueblos originarios que emitían a nivel nacional, de la RPOs (Red Nacional de los Pueblos Indígenas y Originarios) tuvieron que apagar la señal por las amenazas. En varios lugares los sectores fascistas lograron tomar las radios y hacer sus propias trasmisiones.

El 27 de diciembre salió un requerimiento fiscal para investigar por sedición a conductores del programa “La Resistencia Radio”, donde se pide información sobre el programa y los datos de sus conductores. El programa se emitió hasta el mes de agosto de 2019. El 31 de diciembre se informó que dos funcionarios de la AGETIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Comunicación e Información) fueron detenidos por fuerzas policiales que irrumpieron en sus domicilios y sus lugares de trabajo. Fueron acusados de “Sedición y Terrorismo” por hacer publicaciones en contra del régimen. La policía mostró como pruebas un meme donde se calificaba como “Usurpadora” a Jeanine Áñez. Se trata de Alejandra Salinas y Orestes Sotomayor, integrantes de la plataforma “La Resistencia Bolivia”. Posteriormente se informó que Alejandra Salinas pasó a prisión domiciliaria, y que Orestes Sotomayor continúa detenido, y fue trasladado a la cárcel de San Pedro, en La Paz.

También en estos días, una notificación de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), institución pública que regula el uso de frecuencias en Bolivia, anunció que se procederá a la suspensión de la licencia otorgada en 2012  a AbyaYalaTelevisión, vigente hasta 2027. Esta amenaza de silenciamiento no sólo atenta contra la libertad de expresión, sino contra el derecho al trabajo de más de cien personas a nivel nacional.

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