La crisis social que se vive en Chile comenzó en octubre de 2019, cuando un grupo de estudiantes se saltó los torniquetes del metro, en protesta contra el alza del pasaje. Desde entonces, los chilenos se volcaron a las calles y exigieron cambios estructurales a los sistemas de pensiones, salud y también educación, entre otros.

En Chile, para inscribirse en una universidad, cada estudiante debe rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU). El examen, acusado de generar segregación por sector socioeconómico, fue interrumpido el pasado 6 y 7 de enero de 2020 por integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), quienes se tomaron algunos centros de rendición e impidieron el normal funcionamiento del proceso. Las autoridades reprogramaron la PSU para los días lunes 27 y martes 28 de enero para quienes no pudieron darla.

Los motivos de los estudiantes

Ayelén Salgado, portavoz de la ACES, junto con otros 86 estudiantes que organizaron el boicot, quedaron inhabilitados para dar esta prueba tras llevar a cabo esta protesta. Además, el Gobierno de Sebastián Piñera invocó la Ley de Seguridad del Estado, por lo que varios de estos estudiantes se enfrentan a querellas y arriesgan penas de presidio. Nada de esto los amedrenta; hicieron un llamado nuevamente a movilizarse en contra la PSU esta semana.

“Hay que recalcar que la demanda del fin a la PSU es una demanda histórica, que tiene 14 años. Pero en este contexto actual (crisis social) entendíamos que se pretendía volver a la ‘falsa normalidad’ con esta prueba, cuando tenemos compañeros que están presos, que no tienen ojos, que están muertos. Entonces que nos vengan a decir que teníamos que dar esta prueba nos parece una falta de respeto y decidimos frenarla”, explicó Salgado a la cadena alemana DW.

El objetivo es que “todos los estudiantes secundarios que quieran acceder a la educación superior puedan hacerlo, que sea un ingreso irrestricto y universal… Hoy, se entiende que en la educación chilena hay educación para ricos y educación para pobres. Hay gente que tiene las herramientas y los recursos para entrar a una educación buena y otras personas no”, agregó.

La PSU, ¿genera segregación?

Los críticos de la PSU apuntan a que la prueba genera segregación, es decir, que los jóvenes que estudiaron en  una escuela pública tienen peores resultados que aquellos que lo hicieron en una escuela privada. Marco Kremerman, investigador en temas de desigualdad, seguridad social y educación de la Fundación Sol, explicó a DW que en uno de sus estudios se pudieron ver diferencias importantes en los resultados de los estudiantes, según el sector donde vivían y el ingreso socioeconómico que poseían.

“Lo que hace finalmente la PSU es medir cuáles son los ingresos de los cuales provienen los alumnos que dan esta prueba. En Santiago, si comparamos una comuna de alto recursos con una de bajos recursos, la diferencia de puntaje en promedio es de cerca 200 puntos. Lo que hace la prueba es un reflejo de lo segmentado que es el sistema educacional chileno”, explicó Kremerman.

Juan Claudio Reyes, sociólogo de la Universidad de Chile, experto en en educación pública escolar, comparte la visión del investigador de la Fundación Sol. En entrevista con DW, Reyes explica que la prueba no se debería hacer más porque genera gran desigualdad.

“Hay que tener absoluta conciencia de que no puede haber un sistema único, que sólo mide los conocimientos y someta a estudiantes que provienen de sistemas donde el conocimiento acumulado entregado, en este caso por el Estado, sea tan diferente. Eso es una injusticia enorme y esto no puede permanecer en el tiempo”, afirmó Reyes.

Por su parte, Jorge Manzi, doctor en Psicología, con especialidad en medición educacional y uno de los creadores de la PSU, explicó que en realidad el culpable de la desigualdad no es la prueba, sino que el mismo sistema de educación chileno.

“Creer que la prueba es la que produce la segregación parece bastante debatible. Lo que genera la segregación son las características del sistema escolar chileno… Es decir, el tipo de establecimiento escolar al que asisten los jóvenes que vienen de familias más pobres, de clase media o más adineradas, es distinto. Por ende, las oportunidades de aprendizaje desafortunadamente son desiguales y eso se va a reflejar en todas las pruebas, incluyendo la PSU”, afirmó Manzi.

Lo conseguido tras el boicot

Si bien algunos consideran que las protestas organizadas por la ACES son hechos aislados y que no están relacionadas con la crisis que atraviesa el país, los estudiantes secundarios afirman sentirse apoyados por el movimiento social.

“El boicot, como se le ha llamado, no es un hecho aislado. Se da dentro del contexto de las diferentes formas de movilización que ocurren desde el 18 de octubre. Y al igual que todos los elementos que se configuraron para esa manifestación tan masiva y permanente en el país, con respecto a la PSU, casi todos hemos coincidido en que esa prueba como mecanismo para el ingreso a la educación superior es ampliamente discriminatoria”, señaló Reyes.

Por su parte, en la ACES empiezan a ver resultados: “Recién ahora, con este boicot se empieza a cuestionar realmente a la PSU y se empieza a hablar nuevas formas de ingreso a la universidad… Hoy tenemos la posibilidad de cuestionar y cambiar este modelo educativo, desde la misma movilización. Desde el 18 de octubre dijimos que los cambios eran ‘ahora o nunca’. Hoy sabemos que tenemos que estar en la calle para cambiar el sistema”, dijo Salgado.

“No tenemos miedo (ante la policía y las querellas), la mayoría no tiene miedo ante las querellas ni amenazas de muerte que hemos recibido, sabemos que somos muchos más… Sabemos que no estamos solos”, concluyó la vocera.

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