De regreso a la cárcel. Keiko Fujimori, dos veces candidata presidencial y cabeza del fujimorismo, vuelve a prisión dos meses después de haberla abandonado. Un juez dictaminó 15 meses de prisión preventiva para la hija del encarcelado ex dictador Alberto Fujimori, acusada de lavado y otros delitos relacionados al financiamiento con dinero negro de sus campañas electorales de 2011 y 2016. Keiko ya estuvo en prisión preventiva entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, pero salió en libertad gracias a un fallo dividido del Tribunal Constitucional (TC). La fiscalía rechazó la cuestionada decisión del TC y, con nuevos elementos, volvió a pedir la detención de Keiko, que el juez concedió. La detención de la jefa del fujimorismo se da dos días después de la contundente derrota de su partido en las elecciones legislativas.

El juez Víctor Zúñiga consideró que había fuertes evidencias de que Keiko era la cabeza de una organización criminal para captar y blanquear dinero negro. Argumentó que la prisión preventiva era necesaria por esas evidencias y porque existe peligro de fuga y un riesgo para el proceso si la jefa del fujimorismo sigue en libertad por sus maniobras para boicotear las investigaciones fiscales, que incluyen sus contactos con altos jueces y fiscales, amenazas a testigos y la destrucción de pruebas.

Keiko no asistió al tribunal para la larga lectura de la decisión judicial, que se inició a las nueve de la mañana y terminó a las seis de la tarde. Siguió su lectura por televisión. Hacia el final de la tarde, cuando por lo que venía argumentando el juez parecía un hecho inminente que dictaría prisión preventiva, Keiko abandonó la casa de su madre, donde seguía los hechos, en una camioneta que era manejada por su esposo, y se dirigió al juzgado, donde llegó para escuchar, vestida de negro y sentada junto a su abogada, la parte final y definitiva de la determinación judicial. Minutos después quedó detenida. Antes de ir al juzgado grabó un mensaje en video en el que se quejó de la decisión que ya venía venir. “Esto no es justicia”, dijo. Y volvió denunciar una inexistente persecución política en su contra y anunció que se quejará “a gobiernos extranjeros y organismos internacionales”.

Durante las doce audiencias del largo proceso de prisión preventiva, que comenzaron en la última semana del año pasado y terminaron ayer, el fiscal José Domingo Pérez presentó abundante evidencia sobre los aportes ocultos a las campañas del fujimorismo y testimonios de testigos que participaron en esas operaciones clandestinas -entre ellos ex cercanos colaboradores de Keiko- sobre cómo funcionaban la captación de ese dinero negro -que suma más de diez millones de dólares de acuerdo a lo conocido hasta ahora- y la maquinaria montada para blanquearlo, testigos que ubican a Keiko dirigiéndolo todo. También aportó evidencias sobre las movidas de Keiko para intentar frustrar las investigaciones fiscales.

Keiko fue acusada inicialmente por la entrega oculta de un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral de 2011 y por el lavado de ese dinero ilícito. Cuatro ex altos funcionarios de la empresa han confesado ese aporte. Odebrecht también dio otros 200 mil dólares para una bolsa recaudada por el principal gremio empresarial del país para apoyar la campaña de Keiko de ese año. Esta acusación inicial se ha ampliado con la revelación de otras millonarias donaciones clandestinas.

Presionado por la fiscalía, el poderosos empresario Dionisio Romero, propietario del mayor banco y del principal grupo económico del país, confesó, en noviembre pasado, haberle entregado personalmente a Keiko 3,65 millones de dólares en efectivo para la campaña presidencial de 2011 y otros 450 mil para la campaña de 2016. Se rompió el silencio y aparecieron otras confesiones: el empresario peruano-chileno Juan Rassmuss le dio a Keiko 3,4 millones de dólares para la campaña de 2011 y 1,4 millones para la de 2016, y el propietario del poderoso grupo lácteo Gloria, Vito Rodríguez, le entregó 200 mil dólares en 2011. Testigos revelaron que miembros del llamado “cartel de la construcción”, formado para repartirse obras públicas previo pago de sobornos, también hicieron pagos clandestinos a la jefa del fujimorismo. Eso es lo que hasta el momento se conoce.

El mecanismo de entrega de estos aportes ocultos siguió la misma modalidad mafiosa usada con Odebrecht: maletines llenos de billetes llevados a reuniones clandestinas. Según confesión de los empresarios involucrados, Keiko recibía en persona esos pagos, y cuando ella no estaba las entregas se hacían a emisarios de su entorno más íntimo.

Ante el peso de las evidencias, ahora Keiko y su defensa legal admiten lo que antes negaban con énfasis: reconocen la existencia de financiamiento clandestino a las campañas electorales del fujimorismo y las operaciones para ocultar esos aportes, pero la abogada de Keiko, Giulliana Loza, dijo que eso “es una falta, no un delito”, y señaló que las acciones de blanqueo fueron “un acto de simulación, no de lavado”. Fue una defensa débil.

Un tema que queda por resolver es el destino final de los millones captados clandestinamente por Keiko. Hay serias sospechas que no todo fue a sus campañas electorales y que parte de las millonarias sumas recibidas habría ido a parar a sus fondos personales.

Keiko la pasa mal, pero lo que le espera puede ser aún peor. La fiscalía ya ha demostrado que tiene evidencias sólidas para llevarla a juicio -la acusación se presentaría en las próximas semanas- y lograr una condena. El fiscal adelantó que pedirá una pena de 18 años y 9 meses, por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración, fraude procesal y falsedad genérica. 

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