El gobierno de Jeanine Áñez llegó a un acuerdo con los empresarios agrícolas de Bolivia: el que paga, gana. 

Según informa el medio oficialista Página Siete, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), suscribieron un convenio de aporte económico voluntario para agilizar el proceso de saneamiento de tierras.

El aporte “voluntario” será de 10 dólares por hectárea. Esto, claro, deja por fuera del proceso de saneamiento de tierras fiscales al que no tenga ese aporte voluntario.

Según el comunicado, la firma de este acuerdo permitirá la titulación de propiedades para el sector agropecuario especialmente en el rico departamento de Santa Cruz, principal bastión oficialista.

“Se van a poder beneficiar los productores haciendo un aporte con una tasa que ha sido totalmente consensuada para que los procesos de saneamiento puedan continuar y no se siga perjudicando a mucha gente que no ha podido concluir con sus procesos de saneamiento”, explicó la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco.

El acuerdo establece que el productor otorgará un “aporte económico voluntario” al INRA, que será destinado a la contratación de consultores y fortalecimiento del equipo técnico jurídico, entre otros, que tendrá como objetivo la ejecución y conclusión de proceso de saneamiento hasta su titulación e inscripción del derecho propietario del interesado.

El acuerdo beneficiará a los pequeños productores que hasta la fecha no pudieron concluir su trámite de saneamiento de tierras, una situación que alcanza al 20% de los productores del departamento de Santa Cruz, se explica en un comunicado del Ministerio de Desarrollo Rural.

Según reporta el diario El Deber, aun hay 16 millones de hectáreas para repartir y entregar títulos. A

Jacinto Herrera, secretario ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), dijo estar preocupado por el acuerdo debido a que la entrega de recursos de los productores privados de Santa Cruz al INRA puede condicionar el trabajo de la institución que debe tener una labor técnica y no política.

“Esperemos que respeten las tierras consolidadas para los pequeños y medianos productores y que no vuelven los acuerdos empresariales que tanto daño le hicieron al país”, precisó Herrera, según El Deber.