Quiso ser twitstar pero se convirtió en un intento de dictador: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, famosillo por sus selfies, volvió a criticar a las fracciones legislativas opositoras del Parlamento durante una ceremonia de juramentación de 1.400 soldados  que entrarán en un plan antipandillas.

Bukele, reconocido por la prensa internacional como el “presidente millenial”, anunció la incorporación de los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en las tareas de seguridad, contempladas en el Plan Control Territorial, para apoyar a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Son días difíciles en los que ustedes han decidido apoyar y proteger al pueblo salvadoreño, en los que sabemos que la mayoría de políticos están protegiendo a delincuentes. Días difíciles en los que sabemos que diputados y exministros financiaban a los criminales que ustedes van a tener que perseguir y capturar”, afirmó el mandatario mientras sobrevolaban aviones militares por San Salvador. Hasta el momento se desconoce cuántos soldados acompañan a los policías en las tareas de seguridad.

 

“Cuando los delincuentes les piden (a los diputados) dinero para matar salvadoreños dicen sí, pero cuando se pide dinero para un buque para combatir el narcotráfico dicen no. Son días difíciles porque nos toca enfrentar no solo a este poder fáctico que se llama delincuencia, sino a este gran poder formal de políticos tradicionales, que se escudan en la Asamblea Legislativa”, agregó.

Dios, el otro militar del discurso

El mandatario, quien se retiró del lugar sin dar declaraciones a la prensa, afirmó a los soldados que “lo que ustedes están haciendo por su patria no puede ser recompensado por nadie, solo por Dios, nosotros vamos a hacer lo posible para que tengan lo necesario para trabajar. Dios nos va a dar esa victoria sobre los que no quieren que combatamos la delincuencia”.

El Plan Control Territorial fue lanzado en junio de 2019 y las dos primeras fases -según lo que aseguró recientemente el mandatario – fueron financiadas con recursos propios del Gobierno, por lo que para la tercera fase, el Ejecutivo solicitó un millonario préstamo. Cuando dicho plan fue lanzado, diversas organizaciones alertaron sobre posibles violaciones a los derechos humanos que se podrían generar al sacar a militares a las calles para las labores de seguridad.

Expresidente del Parlamento dice no confiar en la Justicia

Por su parte, el expresidente de la Asamblea Legislativa y diputado opositor de la ultraderechista ARENA, Norman Quijano -señalado de negociar con pandillas para afectar las elecciones presidenciales de 2014-  aseguró que “no confía” en el fiscal general, Raúl Melara, por lo que no está dispuesto a que se le retire su inmunidad constitucional. “No permitiré un desafuero (retiro de inmunidad constitucional) porque no tengo plena confianza en la justicia de este país (…) no confío en el fiscal general de la República”, dijo Quijano a periodistas, postura que fue rechazada por Melara y criticada por Bukele.

“Voy a pedir que la comisión (del Congreso) encargada que emita un dictamen que reúna las condiciones para poder asistir al pleno (legislativo) y ser sometido a un antejuicio”, indicó Quijano. El político apuntó que presentará la solicitud para demostrar su inocencia y aseguró que Melara “se está prestando a esta conjura decidida por Casa Presidencial”.