El ahijado de Álvaro Uribe está con la soga al cuello: la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación contra el presidente del país, Iván Duque, por las acusaciones de la excongresista Aída Merlano sobre cómo operó la red de compra y venta de votos en la región del Caribe que le beneficiaba en las elecciones de 2018.

Contra Duque fueron formuladas dos denuncias: una por los delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, tráfico de votos y tentativa de homicidio; y otra por denegación de funciones y presunto prevaricato.

La primera denuncia fue presentada el pasado 20 de febrero por el representante de la oposición David Racero, quien dio crédito a las palabras de Merlano, actualmente detenida en Venezuela, y señaló que Duque conoció de la compra de votos para que su campaña ganara en el Caribe.

“No solo conoció de la existencia de compra de votos a su favor, sino que se reunió con las personas que promovieron esta práctica en la costa”, declaró Racero en su denuncia, para la investigación de la cual fueron nombrados Edward Rodríguez —del Centro Democrático—, Andrés Calle —del Partido Liberal— y Wilmar Leal, de la Alianza Verde.

La segunda denuncia, que además de Duque acusa también al fiscal general Francisco Barbosa, fue presentada por Fabián Díaz, de la Alianza Verde, según informó el representante y presidente de la Comisión de Acusación e Investigación, John Jairo Cárdenas, quien se encargará de este caso.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar en relación a las denuncias de Merlano, quien aseguró que su fuga fue planeada por el empresario Julio Gerlein, quien habría financiado la red de compra de votos, y por miembros de la familia Char.

El factor Merlano

Aída Merlano, quien estaba condenada a 15 años de cárcel por la compra ilegal de votos para las elecciones parlamentarias de 2018, se fugó en octubre de 2019 cuando acudió a una cita de ortodoncia en un centro médico de Bogotá. La excongresista fue capturada en territorio venezolano el pasado 28 de enero.

Su retorno a Colombia no ha sido posible, debido a que Bogotá hizo la solicitud formal de extradición al diputado Juan Guaidó, al que reconoce como “presidente interino” de Venezuela, y no al Gobierno del mandatario Nicolás Maduro, quien había instado a las autoridades colombianas a reactivar las relaciones consulares para ejecutar el procedimiento de traslado.

Sobre esa solicitud hecha a Guaidó y no al Gobierno venezolano, Merlano dijo, en una entrevista con Semana, que con ello, “el mensaje es contundente”: que el Gobierno de Duque no desea hacer efectiva la extradición. Para la exsenadora, tal solicitud es “un absurdo político, diplomático y una vergüenza nacional”.

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