Bandera verde para un derechazo

El primero de marzo cayó el telón de un proceso político de quince años de gobiernos progresistas del Frente Amplio y se inicia una nueva etapa de reestructura de la derecha nacional. Para esto fueron necesarias tanto dificultades del propio Frente Amplio de evaluar correctamente su situación política concreta y su estrategia, así como una clara reorientación de la derecha nacional a apostar a un esfuerzo coordinado, no sólo cooperativo, contra lo único que los reunía: quitar al Frente Amplio del Gobierno.

Una anécdota futbolera dice que en el vestuario los jugadores se escuchaban todas las explicaciones del técnico sobre la táctica, la ubicación en el campo de juego y algunas de las jugadas a realizar; cuando terminó la explicación uno de los futbolistas levantó la mano y dijo -“bien tenemos claro dónde vamos y que podemos hacer, pero en el pizarrón veo sólo once marcas que son nuestros jugadores”.  Y preguntó -“¿el otro equipo no juega?” Esto también ocurre seguido en la política: la autoreferencialidad tiende a eliminar del escenario al otro, que es principal antagonista.

Para no incurrir en este error, lo primero es reconocer que el otro, en este caso la derecha nacional uruguaya, tuvo una estrategia correcta y, además, acertada. En política la estrategia correcta es la de quienes triunfan.

La estrategia de la derecha tuvo, al menos, tres grandes elementos centrales: 1. desgastar permanentemente al FA con escasos temas, con la alianza invaluable de los grandes medios de comunicación, principalmente en los temas de corrupción y de seguridad pública; 2. superar atavismos de los dirigentes de sus partidos para aceptar que sin su esfuerzo común era imposible pensar realmente en vencer al Frente Amplio; 3. y por estas dos razones no proponer a la ciudadanía un proyecto político acabado, no sólo porque evidenciarían posiciones inconvenientes sino porque también eso afectaría la propia confluencia de las derechas.

Es decir, ayudó a dinamizar y logró representar el malestar democrático; esa sensación de incumplimiento que la democracia naturalmente desencadena en aquellos en que la promesa democrática no llega como se imaginan y, a la vez, logró coordinar el odio democrático, el que nace de la lógica de los privilegios y que ve en los avances democráticos una amenaza. La nueva crítica a la democracia no procede de sus limitaciones (como sería desde una perspectiva de izquierda) sino desde una lógica de crítica de sus excesos[1].

Hay que mencionar, sin duda, que en la última etapa se sumó la conformación de un partido de base y proyección militar, a la derecha de la derecha, que el tiempo dirá si su emergencia fue o no independiente de esta estrategia que mencionamos pero que, sin duda, al surgir inmediatamente se enroló en la misma. Este partido fue muy importante, sobre todo para captar a los “molestos”, aunque su estructura e ideología esté tomada por cuadros militares, católicos y conservadores.  Este nuevo partido es, también, el principal competidor al interior de la alianza de derechas.

La derecha ganó las elecciones, por eso su estrategia fue exitosa. Y habrá que analizar también cómo puede suceder esto cuando en todos los indicadores que un Gobierno puede mostrar, el FA muestra que sus tres gestiones son incomparablemente mejores que las de los anteriores cuatro gobiernos de los partidos de derecha. Empleo, salarios, crecimiento económico, salud, reducción de la pobreza, práctica desaparición de la indigencia, etc. El gran indicador distinto que las estadísticas podían mostrar fue la evolución de algunos delitos, y eso fue un eje central.

Debilidades de una alianza sin proyecto

Si bien sus integrantes insisten en denominarla “Coalición Multicolor”, el Gobierno que encabezará Luis Lacalle, en nombre de su Partido Nacional, es un Gobierno de todos los partidos de derecha coaligados. Sin embargo, este es uno de los principales puntos de inquietud y preocupación del próximo Gobierno: hasta cuándo aguantará.

El presidente Lacalle es jefe, sobre todo por su investidura, pero no es el líder, y de serlo es un liderazgo en disputa. Si bien los integrantes de la alianza de derechas reiteran que a la negociación la hicieron de forma bilateral cada uno de los partidos con el presidente -entre otras cosas para salvar las distancias (no tan ciertas) entre algunos de los asociados- es una alianza que al ser construida con el objetivo principal de vencer al Frente Amplio, tiene en su seno disputas reales que se pondrán en juego desde el día uno, porque todos saben que el presidente los precisa, por lo que la capacidad de chantaje de los asociados principales es muy alta.

Puede haber un cambio significativo si logran consolidar una estructura permanente de coordinación, como solicitan algunos de los aliados (Manini y Sanguinetti), porque con ello se ordena la negociación interna, pero también se hacen fuertes las coordinaciones entre aliados, que podrían llevar a aumentar la presión interna sobre el presidente. Mientras, por otro lado, manifestaría una actitud absolutamente novedosa de unificación política que se tendrá que estudiar y que ya debería ir asumiéndose.

Otra gran debilidad del nuevo Gobierno -y en relación con lo mencionado antes- se observa en la falta de claridad en la enunciación de un proyecto político, de políticas y programas concretos. Esto fue una fortaleza durante la campaña, pero hoy es una fuente y manifestación de debilidad. Para resolver de un tajo este tema el presidente hizo pública, al mismo tiempo tanto a la ciudadanía como a sus socios políticos, un anteproyecto de Ley que debería ser tratado de forma Urgente. Si bien en otra nota[2] ya analizamos esta Ley es necesario mencionar aquí algunos apuntes, porque es a la fecha el mayor documento de referencia sobre el proyecto político para los próximos años.

En primer lugar, es evidente que 457 artículos, de variadas materias, no pueden tener todos ellos el mismo nivel de urgencia, e incluso hay quienes sostienen que la utilización del instrumento de Ley de Urgencia para un proyecto tan diverso sería inconstitucional[3]. El eje de una Ley de este tipo es la limitación temporal para su tratamiento y, sobre todo, que la no manifestación del cuerpo legislativo da por aprobada la ley. El poco tiempo para su tratamiento parlamentario no sólo afecta a la capacidad de análisis y respuesta del Frente Amplio en el rol de oposición parlamentaria, sino que también puso presión a la negociación sobre los propios coaligados de derecha que, rápidamente pero a cuentagotas, fueron enunciando diferencias con el proyecto mientras negociaban los cargos que les corresponderían a cada grupo en el próximo Gobierno -algo que también debería valorarse en el marco de una buena estrategia del presidente-. El poder de un presidente tiene su pico más alto un poco antes y poco después de su asunción; allí es cuando negocia el punto de inicio. Desde entonces (sobre todo en un sistema que no tiene reelección inmediata) comienza a decaer. Por eso, para Lacalle era importante apurar a sus propios aliados, no sólo apabullar a la oposición.

Neoliberalismo y represión

Además de eso, la LUC es un gran esqueleto ideológico del próximo Gobierno, más allá de los artículos que finalmente contenga, porque no son lo más significativo, en este caso concreto, los artículos o los instrumentos específicos, sino el relato que impone: política neoliberal y estado policial.

Por un lado, muchas de las propuestas de la LUC en diferentes áreas explicitan una mirada privatizadora y defensora del mercado como principal y mejor asignador de recursos. Ejemplo concretos de ello son el ataque de las políticas de inclusión financiera -que, entre otras cosas, luchaban contra la informalidad del empleo y también ponían trabas a la actividades de evasión fiscal-; la propuesta de liberar la importación y refinación de combustible, atacando así a la Empresa Pública de Combustibles; favorecer la concentración de medios de comunicación; liberar tierras del Instituto de Colonización para que sean transadas en el mercado entre los compradores de tierras que, además, tendrían ahora la posibilidad de comprarlas sin la transparencia que la Ley de Inclusión Financiera generaba y, además, proponiendo la eliminación la obligatoriedad de las acciones nominativas. Es el Consenso de Washington del siglo XXI aunque, a diferencia de aquél, no surge en el marco de una crisis económica a la que ofrece respuestas, sino como una natural propuesta ideológica antirregulacionista, antiestatal, privatizadora y promercado, en la que los temas sociales y la desigualdad no son relevantes. Es lo mismo que hicieron o pretendieron hacer los otros presidentes de la región cuando la derecha asumió luego de la ola progresista.

Por otro lado, la LUC declara su intención de establecer un estado policial y una consolidación del miedo, orientado a la seguridad interna y, principalmente, hacia la represión de la protesta. Pretende eliminar el derecho de huelga, establece el gatillo fácil para la Policía, habilita a los policías retirados a portar su arma e, incluso, actuar ante in fraganti delito, a la vez que habilita la acción represiva y judicial ante situaciones como la ofensa a la Policía o el ocultamiento de identidad en una movilización, y prohíbe los piquetes. En el mismo sentido se establecen cambios en la Secretaría de Inteligencia, orientando a la misma hacia la seguridad interna, a la vez que militariza la elaboración de su política. Un gran entramado para la represión y la criminalización de la movilización social.

La ideología neoliberal y el estado policial comen del mismo plato y se retroalimentan. Precisan del show y el miedo, y para ello el papel de los medios de comunicación es central. El show será, sin duda, la presencia al estilo celebrity que tendrá el presidente, su familia, su lifestyle. El miedo vendrá dado por la provocación política de un ministro del Interior que parece emocionado con desatar represión. Hace unas horas se hizo público[4] que las autoridades del nuevo Ministerio del Interior consultaron a las autoridades policiales sobre si se disponía de carros lanza agua para controlar movilizaciones y, ante la respuesta negativa, aparentemente han hecho averiguaciones para su obtención con los carabineros de Chile. Otra debilidad se puede presumir al observar que, a pesar de este gran esfuerzo político y estratégico de las derechas uruguayas, a muy poco de asumir el Gobierno no ha logrado designar responsables en lugares clave que, incluso, fueron objeto de sus azotes durante los últimos años.

Cuando la corrupción no es transmitida

Por último, hay que mencionar la cantidad de referentes políticos de primer nivel que están con causas por corrupción o por faltas de ética graves: el intendente de Colonia ofrecía trabajo de pasantías a cambio de sexo, el intendente de Soriano está denunciado por comprar para su intendencia combustible en su propia gasolinera y, ahora, por vender ganado que era su garantía ante un préstamo[5], y más… Pero el hecho más relevante se dio hace pocos días. A horas de la asunción del nuevo Gobierno, el futuro ministro de Educación, principal intelectual y asesor del presidente, jefe de su equipo de Programa, se ve expuesto por la detención de su pareja por parte de Interpol por estar acusada de ser parte de la red de pagos Odebrecht[6]. Si bien la defensa mediática inicial que lanzaron fue decir que era una pareja reciente del ministro, es sabido que desde hace mucho tiempo es cercana al presidente y su familia[7]. Además, será el propio ministro de Educación el que deberá dar trámite a la Justicia para el proceso de extradición.

A pesar de ser uno de los más grandes casos de corrupción del continente y de la extrema cercanía del caso con el propio presidente, el asunto fue absolutamente minimizado por los grandes medios. Si algo así hubiera ocurrido con un familiar en tercer grado de consanguinidad de un político del FA hubiese significado una exposición constante en la pantalla, en la prensa escrita y en las radios. La alianza con los medios asegura que su corrupción no será transmitida.

En síntesis, el Gobierno que asume tiene grandes debilidades, con un proyecto político que no es claro pero que deja ver su cuerpo central, con grandes tensiones al interior, con falta de cuadros políticos para la asignación de responsabilidades y con importantes actores vinculados a denuncias de corrupción.

También la derecha tiene fortalezas

La principal fortaleza de la derecha es que ganó las elecciones consolidando una mayoría parlamentaria importante. Si logra resolver los conflictos internos, esta mayoría es una fuerza de contención institucional muy importante y garante de la legislación que el Gobierno precise.

Otro plus es que, sin lograr traducir un relato de éxito sobre el propio presidente, sí establecieron una noción de victoria ante el frenteamplismo. Consolidaron el malestar con el Frente Amplio en una fuerza que les permite confluir, y dicho malestar no acabará rápidamente, por lo que tendrán por un período relativamente importante una base social y política de apoyo o aceptación por encima de la natural “luna de miel” de los nuevos gobiernos. Podrán excusar sus desaciertos. Tiene también, entre sus recursos más importantes, la fortaleza que surge del apoyo de los principales sectores de la economía y el apoyo de los grandes medios de comunicación. Los intereses de clase han vuelto a dar una lección de qué es lo que realmente les importa.

También es un activo, momentáneo y circunstancial, el impacto de la derrota que afecta al FA y la necesaria discusión interna de carácter estratégico por la que deberá atravesar para volver a estar en condiciones de disputar con esta derecha mancomunada, no sólo dentro de 5 años sino durante estos años desde la oposición.

Otra fortaleza, indirecta pero muy importante, es que asume una economía estabilizada, con indicadores sociales y económicos de los mejores de la historia reciente del país. Por ello una gestión sin demasiada creatividad y con ausencia de elementos externos significativos no tendría por qué esperar dificultades. Sin embargo habrá que ver cuán dispuestos están a, en nombre de sus intereses económicos y de sus valores ideológicos, no retocar lo que funciona y distorsionar ese escenario provocando una crisis. Por ahora, sus medidas no están afectando a ningún sector en particular; habrá que esperar la ley de presupuesto que se aprueba hacia fin de año y que en Uruguay es plurianual. La Ley de Presupuesto se establece para los cinco años de gobierno.

Otro “gol” que está por marcarse es la apuesta de Lacalle de ponerse al frente de la proyección regional del Uruguay lograda por los gobiernos del FA -y en particular por sus presidentes-, pero hacerlo con el signo contrario. Lacalle podría jugar a ser un referente de la “derecha regional” que le permita proyectar una imagen de estadista que en lo nacional le será más difícil. Ya ha dado algunas señales en este sentido, como la de asumir en primera persona, por encima de su canciller, la no invitación de Cuba y Venezuela a su asunción como presidente. Así se ha puesto en el medio del candelero, al “confrontar” con los referentes del “eje del mal” de los Estados Unidos. Además, no cuenta con serios contendientes en la región para ese papel; Bolsonaro es un exceso y Piñera está en retirada y apabullante desaprobación, por lo que EE. UU. tendrá así un nuevo actor y un interesante interlocutor para la región.

La izquierda social y política en el nuevo contexto

La derecha uruguaya no ha logrado consolidar un vínculo con las principales organizaciones sociales y populares, excepto aquellas que nuclean a los sectores patronales y empresariales. El escenario de retorno de políticas neoliberales y de deterioro de políticas sociales y laborales ha puesto en alerta a las organizaciones del campo popular. Algunos sindicatos ya han manifestado la realización de acciones y movilizaciones, como la filial Montevideo de la Federación de Profesores, o el PIT-CNT que ha solicitado que se le quite la declaración de Urgencia al anteproyecto de ley para que pueda ser debatido social y parlamentariamente como corresponde, y alertando sobre el deterioro de los derechos laborales y de huelga que se promueve desde la LUC.

Es posible esperar que resurja con fuerza una movilización social de base territorial que había sido olvidada u omitida por la estrategia del FA de apostar principalmente a las instituciones de Gobierno, más que al trabajo de base. La derrota electoral sufrida en octubre y el repunte de noviembre vislumbran, incluso, un renovado compromiso militante de importantes sectores que se habían alejado o mantenido al margen de una militancia no electoral.

El FA, sus organizaciones, militantes y dirigentes -no todos, obviamente- tienen que volver a tejer un vínculo sano y creíble con los movimientos populares, deteriorado en estos años de gobierno. Y asumir que la eficacia táctica que supo tener y que le permitió sostenerse se fue desvaneciendo ante la falta de orientación estratégica en un escenario nuevo.

Ahora sí, finalmente empieza el espectáculo

Todo lo que hemos mencionado se hace en un escenario donde se insiste en resaltar la fortaleza institucional de la democracia uruguaya, donde no han existido serios problemas en la transición que no sean los generados por el propio Gobierno electo. La ciudadanía en general tiende a abrazar esta fortaleza y, en un momento en que el respaldo democrático disminuye, no es menor.

Hoy ha dado inicio al primer Gobierno de derecha electo en el siglo XXI, lo esperable se ve en la región, aunque las condiciones son nacionales. La debilidad y la fortaleza del nuevo Gobierno marcarán, sin duda, la agenda de este primer año.

La derecha regresó.

[1]https://ladiaria.com.uy/articulo/2016/9/una-nueva-derecha-malestar-abajo-y-odio-arriba/

[2]https://www.celag.org/uruguay-las-urgencias-del-gobierno-electo/

[3]https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/2/cajarville-la-luc-que-propone-lacalle-pou-es-inconstitucional/

[4]https://brecha.com.uy/palpitos/

[5]https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Fiscalia-imputara-a-Bascou-por-vender-ganado-que-era-garantia-de-un-prestamo-bancario-uc745309

[6]https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/2/extradicion-a-panama-de-pareja-de-pablo-da-silveira-se-diligencia-por-medio-del-ministerio-de-educacion-y-cultura/

[7]https://www.carasycaretas.com.uy/el-discreto-encanto-de-la-burguesia/

Anteproyecto de Ley Urgente: las primeras medidas económicas de Lacalle Pou

Hoy asume como presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, y ya ha puesto en el centro de atención su propuesta de gobierno contenida en la Ley de Urgente Consideración. El anteproyecto, que fue presentado a finales del mes pasado, está dividido en diez secciones y comprende 457 artículos en los que se formulan cambios legales en el ámbito de seguridad pública, educación, justicia y, por supuesto, economía. A continuación, enumeramos sus propuestas en la materia:

Es cierto, la economía uruguaya pasa por un período de estancamiento. Sin embargo, en un contexto de tensiones económicas a escala global y en medio de la crisis de sus dos grandes vecinos, Argentina y Brasil, Uruguay logró zafar de la recesión técnica. En este sentido, y teniendo en cuenta que las medidas propuestas en la ley no tendrán un impacto inmediato en la economía nacional, queda por preguntarse ¿por qué el carácter de “urgencia”?

Sobre el déficit y la deuda

El déficit fiscal uruguayo cerró 2019 en 4,7% del PIB, dos décimas por debajo de lo registrado en el tercer trimestre del mismo año, lo que sugiere una trayectoria descendiente. Si se habla de endeudamiento, cuyo porcentaje alcanza un 63%, la parte correspondiente a la deuda externa es la mitad. Es decir, los valores son absolutamente manejables y ubican a Uruguay en niveles sostenibles. Sin embargo, un posible contexto de contracción de la actividad económica generada por un eventual ajuste, sí puede ser contraproducente para poder impulsar una reactivación sostenida de la producción.

Por su parte, el planteo de generar un fondo anticíclico en condiciones de superávit, aunque puede servir para situaciones futuras, no garantiza ningún impulso necesario a la economía en la actualidad.

Tener instrumentos que permitan controlar el gasto público no siempre garantiza la eficiencia de las cuentas públicas, especialmente si los métodos son inflexibles y rígidos como los contenidos en la propuesta de Lacalle Pou, cuyo alcance puede limitar la toma de decisiones frente a los peligros de un eventual choque externo. Todo indica que la reforma fiscal del nuevo presidente -que busca “sanear” las cuentas públicas en una economía sana- muestra el dogmatismo del equilibrio presupuestario. Esto deja ver que la austeridad es, sobre todo, un equilibrio político para ensanchar la ganancia de los grupos altos de la sociedad.

Entre la libertad y la opacidad financiera

En el anteproyecto se reducen notoriamente los requisitos para controlar la transparencia en las transacciones al “liberar” los pagos en efectivo sin límites en el importe en operaciones que van desde salarios hasta compras de inmuebles. El sesgo se inclina hacia la opacidad y la informalidad, que favorecen la evasión de impuestos y las transacciones ilegales.

Recaudación tributaria

Si bien la promoción de la actividad de las MIPEME, resulta favorable para la generación de empleo, hacerlo reduciendo la recaudación tributaria resulta una caída de ingresos para el Estado que bien podrían ser utilizados para la reactivación del consumo o fomentar la inversión. Lacalle Pou ratifica su creencia de que Uruguay vive dentro de la Curva de Laffer: la baja de impuestos se pagará con mayor actividad. Otro de los sinsentidos de la economía neoliberal, pero conveniente para un grupo de selecto de la sociedad.

Soberanía y Estado

Bajo la misma premisa, la liberalización se plantea la “desmonopolización” de la importación, exportación y refinación del petróleo. Una intervención de este tipo en el mercado de hidrocarburos, además de reducir el ingreso estatal, pondrá en manos ajenas la soberanía sobre importantes recursos nacionales. La medida en cuestión es una de las más polémicas, al punto de no ser compartid por todos los socios de la coalición y punto estratégico de debate.

Finalmente, el énfasis puesto en el control de las empresas estatales proveedoras de servicios públicos abre un abanico de dudas sobre las intenciones del Gobierno para gestionarlas. Las políticas de control deben ser aplicadas por igual en todos los ámbitos del Estado; su particular interés en estas empresas y la apertura a la venta de acciones abre el camino para avanzar hacia una privatización.

En resumen, las medidas propuestas por Lacalle Pou permiten la adecuación a un sistema económico internacional que promueve como solución a los problemas económicos el ajuste fiscal seguido de un achicamiento del Estado, la liberalización financiera y el “emprendimiento”, receta económica que ha sido adoptada por algunos países de la región, como la Argentina durante el Gobierno de Mauricio Macri, con consecuencias económicas visiblemente negativas y un impacto social de potente rechazo.