Ser el escudero de un gobierno con 6 por ciento de aprobación es un suicidio apenas disimulable con sonrisas y palabras chuecas. Eso ha sido lo que ha tratado de hacer Gonzalo Blumel a la cabeza del ministerio del Interior de Sebastián Piñera, el responsable político de la represión que ha causado 36 muertes en las protestas desde el estallido social.

Asumió en reemplazo del repudiado primo del presidente, Andrés Chadwick y su caída parece ser solo una cuestión de tiempo: las firmas para la acusación constitucional ya están, pero los opositores quieren que sea una acción conjunta.

El Frente Amplio, principal partido opositor, trabajó en la redacción del documento para promover la acusación constitucional en contra de Blumel, por los repetidos episodios de uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, cuyo último caso -la violenta golpiza propinada a Patricio Bao (69 años), militante del Partido Socialista– fue como la gota que rebalsó el vaso al interior de la centroizquierda.

La semana pasada, la acción -promovida por Revolución Democrática- no tuvo respaldo en el sector, pero ante el nuevo escenario varios partidos opositores cambiaron de opinión. Así lo dijeron algunas voces a última hora del lunes, posición que fue ratificada el martes por los jefes de bancada del PS, Luis Rocafull, y del PPD, Ricardo Celis.

“Los hechos han cambiado. Hay un exceso. Si hacemos una comparación con lo que fue acusado el ministro Andrés Chadwick, prácticamente es lo mismo o peor”, advirtió el diputado socialista.

 La presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, acusó que los hechos que se han registrado en las últimas horas son un actuar habitual de Carabineros, por lo que insistió en la necesidad de la salida del ministro Blumel y del general director de Carabineros, Mario Rozas.

“Urge intervenir y refundar la institución a la brevedad. Aquí hay responsables políticos claros, como el ministro Blumel, y también responsables institucionales, como el general director de Carabineros, que tienen que dar un paso al costado”, aseguró.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que revisarán la acción, aunque precisó que acusar a un ministro no cambiará mucho las cosas, ya que -a su parecer- el principal responsable es el presidente Sebastián Piñera.

En tanto, en la DC hay posturas contrapuestas. El jefe de bancada de los falangistas, Gabriel Ascencio, apuntó que “no es posible que el ministro Blumel siga en su cargo. El ministro no manda. No entrega instrucciones. No coordina”, subrayó.

Mientras tanto, el presidente del partido, Fuad Chahín, tomó distancia de la acción. “Si uno se pronuncia respecto de una posible acusación empieza a dejar en una posición media imposible al propio ministro, yo preferiría que, de una buena vez, él tome decisiones”, remarcó.

En el oficialismo, el presidente de Renovación Nacional , Mario Desbordes, defendió a Blumel diciendo que no puede hacerse cargo de cada procedimiento de Carabineros. “No veo que haya antecedentes para una acusación constitucional”, aseguró, la que en la práctica podría convertirse en el segundo proceso de destitución contra un titular de Interior en tres meses, tras la remoción del ministro Andrés Chadwick.

PATADAS DE AHOGADO

Ante dicho escenario, el ministro Blumel debió salir a enfrentar los cuestionamientos y críticas al actuar policial el martes por la mañana. El secretario de Estado endureció el tono y reconoció que Carabineros hizo “uso excesivo de la fuerza” contra Patricio Bao.

La polémica había crecido rápidamente durante la tarde del lunes luego que el registro de la agresión se viralizara en redes sociales, donde quedaron en evidencia serias lesiones que dejaron a la víctima con cuatro puntos en el ojo derecho y diez en la cabeza.

De igual forma, Bao fue formalizado por el delito de desordenes públicos. Carabineros se defendió mostrando otro video previo a la agresión, donde muestra al adulto mayor golpeando a un uniformado en un contexto de “ataques violentos al personal”. Aunque de todas formas, tras el registro de la golpiza excesiva a Bao, la institución decidió abrir una investigación administrativa.

Frente a esto, el Gobierno en su conjunto debió salir a responder: ayer, en conversación con 24 horas, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, admitió que el ataque fue un acto brutal y que el uso de la fuerza no parece proporcional.

Fiscalía dispara

El registro motivó a la Fiscalía Centro Norte a iniciar una investigación de oficio y, en coordinación con la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, comenzaron las diligencias.

El fiscal Felipe Olivari subrayó que a los acusados se les podría imputar el delito de apremios ilegítimos y que entre las primeras diligencias se le tomó declaración a la víctima.

El abogado defensor de Patricio Bao, Miguel Woldarsky, remarcó que se vulneraron las garantías constitucionales de su representado y los tratados internacionales de DDHH. “Nos encontramos frente a un Estado que está intentando criminalizar la protesta social”, acusó.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, decidió hacerse parte de las acciones y anunció que interpondrán una querella por la agresión al hombre de 69 años. Sin embargo, no todas las acciones judiciales son en contra de Carabineros: la Intendencia Metropolitana se inclinó por apagar el fuego con bencina e imponer una acción judicial contra Bao.

Puntualmente, “se trata de una querella contra seis personas detenidas. Por lo tanto, no es algo particular contra una persona. Es una disposición en contra de todos aquellos que son pasados a control de identidad y que se declara legal su detención”, remarcó.

Con todo, la Fiscalía Centro Norte -junto a la PDI- continuarán realizando diligencias para una eventual formalización o salidas alternativas.

Con información de BíoBio, El Dinamo