Un nuevo escándalo de espionaje a civiles sacude a Colombia y aunque parece una fotocopia de tantos otros, lo único que no está claro es para quién trabaja el Ejército del país.

Las actividades de espionaje, llevadas a cabo a través de distintas herramientas informáticas, coinciden con el período de jefatura del Ejército del general Nicacio Martínez Espinel, quien dejó el cargo a finales de diciembre por “motivos familiares”, informó entonces el presidente Iván Duque. Este mando militar fue señalado hace justo un año por una información de The New York TImes, que reveló el regreso de la fuerza terrestre a una práctica perversa que, la pasada década, dio pie a miles de ejecuciones extrajudiciales. Esto es, un sistema interno de beneficios e incentivos para mejorar resultados: el origen del escándalo de los mal llamados falsos positivos, asesinatos de civiles, en su mayoría campesinos, presentados después como guerrilleros caídos en combate.

El que en ese momento era corresponsal de The New York Times, Nicholas Casey, fue una de las primeras víctimas de esos seguimientos. El informe elaborado por los militares recoge posibles fuentes, fotos de sus contactos personales y profesionales y lo vincula con “zonas de influencias de FARC”. Tras él, fueron incluidos otros periodistas de Estados Unidos o corresponsales de medios de ese país. Entre ellos, Juan Forero, veterano reportero hoy jefe de la oficina de The Wall Street Journal. Su caso demuestra además el nulo rigor de estos seguimientos. Junto a sus datos, explica Semana, aparece una fotografía de su padre. También figuran en las carpetas John Otis, corresponsal para América Latina de la National Public Radio (NPR); Stephen Ferry, reconocido fotógrafo independiente, o la fotoperiodista Lindsay Addario, que realizó un reportaje sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Bajo la lupa de los militares también estuvieron los colombianos Daniel Coronell, presidente de noticias de Univisión, Yolanda Ruiz, de RCN Radio, María Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol, Ginna Morelo, de El Tiempo, o Ignacio Gómez, de Noticias Uno.

Esa red de espionaje y el empleo de recursos públicos en estas actividades es especialmente grave en Colombia, un país que acaba de salir de una guerra con las FARC, pero donde siguen operando varios grupos criminales y disidencias de la antigua guerrilla y que es el mayor productor mundial de coca. Estos “trabajos especiales”, realizados principalmente por unidades de ciberinteligencia, respondían a la cadena de mando. Las publicaciones sobre el Ejército enfurecieron a Martínez Espinel, que fue nombrado al frente del Ejército por Duque a finales de 2018. En la transición entre el mandato de Juan Manuel Santos -que impulsó el proceso de paz y logró la desmovilización de las FARC- y el actual mandatario, el ala más radical del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, se aseguró el control del área de Defensa y de las Fuerzas Armadas. El ministro Guillermo Botero tuvo que dimitir a finales del año pasado tras ocultar la muerte de al menos ocho menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC. Y entonces empezaron a caer algunas de las piezas más cuestionadas de las Fuerzas Armadas.

Las operaciones de vigilancia también apuntaron a políticos y abogados de los derechos humanos. Entre ellos, nada menos que Jorge Mario Eastman, que fue exviceministro de Defensa y hasta hace un año secretario general de la presidencia. O el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que siempre ha estado muy implicado con el esclarecimiento de la verdad en las investigaciones relacionadas con los falsos positivos. “Las graves denuncias de que el Ejército colombiano realiza interceptaciones ilegales y produce inteligencia sobre periodistas, políticos y abogados de derechos humanos atentan contra la democracia y el estado de derecho”, declaró Vivanco a EL PAÍS. “Debe haber investigaciones serias y contundentes que muestren resultados creíbles para la ciudadanía. De lo contrario, el país corre un serio riesgo de que estas prácticas se normalicen”. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó duramente esa trama. “Inaceptable que en Colombia permanezcan las prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal. Son acciones propias de regímenes autoritarios en contra del derecho a la información”.

El actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió al paso de estas acusaciones con algunos anuncios. En primer lugar, apartó del servicio activo a 11 oficiales y anunció que un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio. “En referencia a las denuncias que se conocieron hace unos meses sobre presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar y siguiendo la política institucional de cero tolerancia con la ejecución de conductas al margen de la ley, el Ministerio de Defensa Nacional se permite comunicar que desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los presuntos hechos, se tomaron las medidas y se adelantaron las acciones que corresponden de acuerdo a la ley”, informó su departamento. El Comando General de las Fuerzas Militares también abrió una “investigación disciplinaria y a su vez delegó a la Inspección General de las Fuerzas Militares para adelantar una verificación de procesos y protocolos que debe cumplir la inteligencia”.

En cualquier caso, la gravedad del escándalo en un país ya acostumbrado a las llamadas chuzadas o interceptaciones tiene visos de generar un terremoto político que sacude los cimientos, principalmente, del partido de Gobierno, el Centro Democrático y esa corriente política que se referencia en el expresidente Uribe, el llamado uribismo.