Es un ir y venir, un entrar y salir que se repite. La excongresista y dos veces candidata presidencial Keiko Fujimori, que desde enero cumplía una segunda prisión preventiva por obstrucción a la justicia y peligro de fuga en el proceso por lavado de activos que se le sigue, abandonó en la tarde de este lunes el penal en el que estaba recluida, luego que un tribunal anulara su prisión preventiva. 

Al salir iba con mascarilla y guantes. Subió a un taxi, en el que la esperaba su hermano mayor Hiro, también con barbijo, que la llevó a su casa en un exclusivo barrio de la capital peruana. Con cuarentena, las calles estaban casi desiertas. Ningún partidario la esperaba en la puerta del penal. Antes de dejar la prisión anunció por redes sociales que lo primero que haría en libertad sería someterse a una prueba de descarte del coronavirus. Cuando llegó a su casa, en la puerta la esperaba un equipo de salud de un centro privado contratado para realizarle esa prueba.
Keiko estuvo por primera vez en prisión preventiva entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, con una orden de detención por tres años, luego reducida a 18 meses, pero que se cortó antes de cumplirse por una cuestionada decisión del Tribunal Constitucional. Dos meses después fue encarcelada nuevamente con un segundo mandato de prisión preventiva, esta vez por 15 meses. Sin embargo, tres meses después ha sido nuevamente liberada. Pero esta historia no termina aquí. La fiscalía presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema para anular la liberación de la jefa del fujimorismo. Y luego debe venir el juicio en su contra, que podría llevarla de regreso a prisión por una larga temporada. La fiscalía ya ha demostrado tener un caso sólido en su contra.

La jefa del partido fujimorista Fuerza Popular, de extrema derecha, es procesada por haber recibido ilegalmente y lavado un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y más de siete millones de dólares que empresarios peruanos le entregaron para sus campañas electorales de 2011 y 2016. Todos esos aportes se hicieron en efectivo, en valijas llenas de billetes entregados en reuniones clandestinas a la propia Keiko o a emisarios de su confianza. Los empresarios han confesado esas entregas. La fiscalía indica que no todo habría ido a las campañas electorales y que parte de esos millones habrían quedado en las cuentas personales de Keiko.

Esos millones fueron lavados a través de actividades de recolección de fondos que inflaban lo recaudado y de cientos de aportantes truchos a las campañas electorales fujimoristas, muchos de los cuales han confesado su participación en esas operaciones ilegales. Cercanos colaboradores de Keiko han contado detalles del manejo sucio de las finanzas fujimoristas y han acusado a su ex jefa de dirigir las operaciones para captar y lavar millones de dólares y las posteriores acciones para entorpecer las investigaciones judiciales buscando ayuda de jueces y fiscales corruptos y amenazando testigos.

En medio de la cuarentena por el coronavirus, un tribunal de tres jueces vio el caso de Keiko en una audiencia virtual sin participación de la fiscalía, que había pedido postergar la audiencia señalando que por la cuarentena sus oficinas estaban cerradas y no tenía acceso a los voluminosos documentos y testimonios del proceso. Pero el tribunal decidió seguir adelante sin la fiscalía y armó una audiencia en la que la defensa de la jefa del fujimorismo pudo argumentar sin oposición. La audiencia terminó siendo en una caricatura de justicia. En esas condiciones, no sorprendió el fallo de liberar a la hija del encarcelado dictador Alberto Fujimori.

El tribunal que ha liberado a Keiko no cuestiona los cargos de fondo de la acusación fiscal y reconoce sus acciones ilegales para obstruir el proceso, pero en una inusitada argumentación señala que no se justifica mantenerla en prisión porque estar presa no le impide utilizar a terceros para amenazar testigos, y señala que con el tiempo el peligro de fuga “se ha diluido”. El juzgado le impuso a Keiko una caución de 70 mil soles (poco menos de 20 mil dólares), cifra ridícula al lado de los casi nueve millones de dólares por los que es procesada. La fiscalía ha calificado la decisión judicial de liberar a Keiko como “arbitraria, parcializada e ilegal”.

 
Keiko, de 44 años, había puesto en marcha una campaña con tono dramático alegando que estaba en peligro de muerte por un posible contagio de coronavirus. Pero la realidad es que estaba en una privilegiada celda para ella sola, sin contacto con el resto de la población penal y no tiene antecedentes de mayores complicaciones de salud. Su pedido de libertad por esta razón se iba a ver esta semana, pero se adelantó el tribunal que resolvió a su favor su apelación para revocar su prisión preventiva.

Por la pandemia del coronavirus ha sido liberada la exalcaldesa de Lima Susana Villarán (2011-2014), a quien se le ha variado la prisión preventiva, que cumplía desde mayo de 2019, por la domiciliaria. Villarán tiene 70 años, enfermedades como lupus e hipertensión que complicarían su situación ante un posible contagio de la covid-19, que se está extendiendo en los penales, y a diferencia de Keiko ella estaba en una celda con otras dos internas y en contacto permanente con la población penal. 

La exalcaldesa es procesada por recibir supuestos sobornos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para obras viales. Ese dinero habría sido usado en su campaña electoral contra un intento de revocarla del cargo. Mientras Keiko ha salido libre, Villarán ha quedado bajo arresto domiciliario. La fiscalía ha denunciado un trato privilegiado para Keiko Fujimori.  
 

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