El gobierno que nadie eligió en Bolivia tuvo que retroceder en su disposición que establecía restricciones a la libertad de expresión al penalizar cualquier difusión de información escrita, impresa o artística. Esa disposición estaba contenida en la disposición adicional única del decreto 4231 referida a la ampliación del tratamiento gratuito a personas con cáncer.

Organizaciones internacionales y nacionales cuestionaron los alcances de esa normativa por considerar afectaba el derecho a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado y acuerdos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.

El gabinete de Áñez aprobó el decreto 4236 que deja sin efecto la siguiente disposición:

“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

También se abrogaron los parágrafos II del artículo 13 del decreto 4200 y del artículo 7 del decreto 4199 que hacen referencia a la persecución penal a quienes desinformen en estos momentos de cuarentena para frenar la propagación del coronavirus.

El texto de ambos parágrafos anulados era el siguiente: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

Un mensaje en Twitter del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre la derogación de artículos polémicos. 

La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) coincidieron en criticar esa normativa.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó, a través de su cuenta en Twitter, de la abrogación de la norma, pese a que hasta el miércoles el Gobierno la defendía y estableció que la libertad de expresión tiene límites.

“A solicitud de organizaciones de DDHH y medios de comunicación, hemos derogado los artículos de decretos que creaba susceptibilidad sobre libertad de prensa. Respetamos y defendemos la libertad, así como defendemos y respetamos la democracia”, sostuvo el ministro.