Entre los hallazgos de la investigación de contrainteligencia militar, publicados este fin de semana por varios medios de comunicación, sobresale el caso de un general que vendía armas a las Farc y luego a sus disidencias; las alianzas de otro con narcotraficantes del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y la venta de armas y salvoconductos a miembros de la ‘Oficina de Envigado’.

La investigación comenzó en 2017 a partir de las recomendaciones que hizo a Colombia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cuando aceptó al país como su primer “socio global” latinoamericano, acota Semana.

La operación también fue desvelada tan solo 15 días después de que esa revista publicara la investigación ‘Las carpetas secretas’, según la cual miembros del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos e incluso a funcionarios del alto Gobierno.

Por su parte, Noticias Uno recuerda que esos casos de espionaje ilegal se hicieron en el marco de la citada ‘Operación Bastón’ que, según ese medio, inició en 2016 como un “minucioso trabajo de investigación” con el que las Fuerzas Armadas buscaron “depurar” sus instituciones de los escándalos de corrupción que las rodeaban para la época.

Dicha investigación es calificada por El Tiempo como “la más grande operación de contrainteligencia en las entrañas del propio Ejército, que contiene presuntos actos de corrupción en sus filas en los últimos 10 años y que implicarían desde generales activos y retirados hasta contratistas”.

¿Qué destapa la ‘Operación Bastón’?

Entre los 57.538 documentos, contratos, videos y entrevistas que respaldan las investigaciones, la revista Semana comienza por enfatizar en la información que obtuvo sobre el mencionado general que vendía armas a las Farc, del cual no revela identidad.

La publicación cita a una fuente de la investigación militar que señaló que la información entregada por ese alto oficial al “grupo armado organizado por intermedio del sujeto a.Gran Noble (sic)” fue “recompensada con dádivas, situación que se habría presentado en diferentes oportunidades”.

Incluso, añade el semanario, hay un video en el que una integrante de esa guerrilla cuenta cómo le entregó $2.000 millones al general en cuestión.

También hay evidencias de que otro general y 12 oficiales protegían y trabajaban con bandas dedicadas a la minería ilegal y con el Clan del Golfo en Valle, Nariño y Cauca.

Sin embargo, reseña la revista, esta investigación “no encontró el respaldo necesario y por diferentes razones la información que los militares entregaban a los fiscales se fugaba o sencillamente terminaba engavetada”.

La investigación también menciona el caso de corrupción al que está vinculado Jorge Horacio Romero, excomandante de la Cuarta Brigada, a quien la Fiscalía investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de $1.000 millones.

Personas que obtenían dinero por la venta de libretas militares en diferentes oficinas de reclutamiento, almacenistas que vendían armas y explosivos a narcotraficantes, y presuntas colaboraciones de militares con el Eln, son otras de las aparentes irregularidades halladas en las investigaciones, según Noticias Uno.

Ante estas denuncias, agrega Semana, se inició una persecución dentro de la institución contra quienes hicieron parte de las investigaciones.

Según información publicada en julio pasado, el entonces jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), general Eduardo Quirós, ofreció a sus hombres recompensas por información sobre quién filtra información del Ejército a la prensa.

Eso provocó que gran parte de las investigaciones de la ‘Operación Bastón’ quedaran congeladas el año pasado.

Al respecto, El Tiempo cita fuentes castrenses que le manifestaron que “algunos de los hallazgos ya habían sido judicializados, pero sin obtener ningún resultado. Además, que incluso varias piezas de Bastón se esfumaron”.

Al respecto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó esta semana que “esos trabajos que vienen desarrollándose desde 2017 continuarán y se tomarán las decisiones que correspondan según los resultados que esas averiguaciones arrojen”.