¿Puede un fiscal investigar a su socio, jefe y amigo? La respuesta a la pregunta es una carcajada amarga y es lo que se vive estos días en Colombia y que ha derivado en el concepto de Fiscal de Bolsillo.

Francisco Barbosa, fiscal general del país, anunció esta semana que ampliaría la investigación por el dinero del narcotráfico en la campaña del presidente Iván Duque para incluir a su rival político, Gustavo Petro, porque aparecía mencionado en unos audios de Guillermo “Ñeñe” Hernández, presunto narco financista de Duque.

La jugada fue vista como un empate flojo por la oposición, especialmente cuando en medio de la tormenta el fiscal publicó los audios que supuestamente involucraban a Petro y en los que se da cuenta de la ira del narco porque el candidato de la izquierda ganó en el departamento de La Guajira por los votos limpios de los mineros.

Este absurdo puso de manifiesto la transparencia del fiscal y su idoneidad para investigar al presidente, su amigo personal y por quien hizo campaña para que llegara a la presidencia.

El propio Petro lo acusó de querer defender a su “amigo íntimo” el presidente, Iván Duque:

“Mucha bellaquería la del fiscal Barbosa que, buscando defender a su amigo íntimo Duque en el proceso que evidencia dineros de narcos comprándole votos, trate de vincularme a mí y a mi gerente penalmente por esta conversación del ‘Neñe'”, ha escrito Petro en su cuenta de Twitter.

Durante las investigaciones sobre el asesinato de ‘Ñeñe’ Hernández en Brasil en mayo de 2019 se descubrieron unas conversaciones entre él y otra persona, supuestamente María Claudia Daza, una antigua asesora del expresidente Álvaro Uribe en el Senado, en la que hablaban de la “necesidad de ponerse las pilas” para “buscar plata” que poder “pasar bajo la mesa” y “soltarla en los departamentos”.

Uno de esos departamentos sería el de La Guajira, en las costas del mar Caribe, tal y como ‘Ñeñe’ aseguraba en los audios al nombrar a “Iván” y a “Uribe” como responsables de haberle enviado a las ciudades de Manaure, Uribía, Riohacha y Maicao para “ganar” en esa región.

Así, Petro, el principal perjudicado de esta supuesta trama para amañar las elecciones, pasa a formar parte de la misma, después de que el fiscal Barbosa asegurase en una entrevista para el canal de televisión RCN, que “dentro del informe del fiscal instructor se habla de una presunta financiación de mineros” a su campaña.

Las palabras de Barbosa se sustentan en una parte de la conversación entre ‘Ñeñe’ y esa otra persona de la que se desconoce su identidad, en la que el supuesto narcotraficante asegura que Petro ganó en La Guajira por culpa de los “hijos de puta” de los mineros.

“Me apoyaron miles de mineros trabajadores del carbón porque creyeron en mi propuesta de construir una economía descarbonizada y de hacer una reconversión laboral de los trabajadores del carbón hacia las energías limpias. Usted fiscal, no puede criminalizar el apoyo de los obreros”, ha respondido Petro en Twitter.

Nombrado fiscal general hace poco más de tres meses, el nombramiento de Barbosa para estar al frente de esta investigación fue criticado por algunas organizaciones del país, como Transparencia por Colombia y Dejusticia, al considerar que no estaba capacitado al tener vínculos personales y profesionales con el presidente Duque.

“Yo no tengo ningún tipo de injerencia o relación más allá del que ustedes conocen. No cuento con ningún impedimento”, defendió Barbosa, quien se desempeñó anteriormente como consejero presidencial en cuestión de Derechos Humanos durante los dos primeros años de Gobierno de Duque.

 Pataleta de defensa

Durante el programa ‘hora 20’ de Caracol Radio, el fiscal  respondió a la pregunta sobre la posibilidad de que el funcionario se aparte de las investigaciones de la ‘Ñeñe-política’ o que se designe un fiscal Ad-hoc, debido a su cercanía con el presidente Iván Duque.

En dos oportunidades la organización Transparencia por Colombia y el centro de estudios Dejusticia le pidieron al fiscal Barbosa, que se declare impedido y se aparte de la supervisión de la investigación penal relacionada con las denuncias por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Iván Duque.

En ese momento, Dejusticia y Transparencia por Colombia argumentaron que entre el Fiscal General y Duque hay una relación personal y profesional que configura un conflicto de interés por parte de Barbosa para liderar estos procesos.

Es por eso que se le pidió a la Corte que nombrara a un fiscal ad-hoc que lo reemplace en esos casos “para llevar el proceso de forma imparcial y autónoma”.

En esta oportunidad, Barbosa respondió y dijo que “no hay competencias del Fiscal General para investigar conductas del Presidente de la República (…) y no existe ninguna norma dentro de los impedimentos que están establecidos en el Código de Procedimiento Penal que se apliquen a este caso concreto”.

Y agregó: “los fiscales son autónomos en la Fiscalía General y yo no soy el fiscal instructor en ese caso concreto. Pues obviamente aquí estamos hablando de una especie de solicitud que yo la entiendo, muy respetuosa de algunos sectores que están pidiendo eso pero… en el marco de la normatividad colombiana no existe ninguna viabilidad de esa solicitud en la medida en que yo no tengo relación directa con el Presidente en el marco de mi función como Fiscal General”.

El funcionario aseguró que él es una especie de gerente de la Fiscalía, y actúa como el vocero de esa Entidad en diferentes temas y además le informa al país el avance en investigaciones, lo cual no lo faculta para “tomar decisiones de ese nivel”.

Añadió que algunos sectores han anunciado que van a presentar una recusación ante la Corte Suprema y que, una vez se tramite esa recusación, él explicará cuál es su posición  “en esos temas”.

Por lo pronto, Barbosa consideró que se ha contestado con claridad desde la Entidad con las razones legales y constitucionales por las cuales no se apartará de observar, como Fiscal General, lo que ocurre.