A tan solo unos días de asumir la presidencia interina de Bolivia, el Gobierno de Jeanine Áñez usó las fuerzas policiales para acallar varias protestas en diversas ciudades del país y, desde entonces, su Administración ha violado sistemáticamente los derechos humanos de algunos bolivianos. Esta es la conclusión del reporte ‘Nos dispararon como animales’: noviembre negro y el Gobierno interno de Bolivia, presentado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. El estudio profundiza en la violencia en la que el Estado ha participado tras la salida del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

El reporte documenta dos manifestaciones apenas unas horas después de que Áñez asumiera la presidencia interina. La primera, el 15 de noviembre en el municipio de Sacaba, en la zona cocalera del Chapare, en la que 11 civiles murieron y 120 sufrieron heridas; y otra protesta el 19 de noviembre en el distrito de Senkata, en la ciudad de El Alto, en la que fallecieron 11 personas y 50 resultaron heridas. El reporte señala que tanto los fallecidos como los heridos eran civiles desarmados, principalmente de origen indígena, que fueron atacados por policías y militares. “Desde el primer día hubo indicios de una conducta autoritaria”, cuenta Thomas Becker, uno de los investigadores.

A partir de esas dos protestas, apunta el estudio, se han producido una serie de violaciones de derechos humanos contra la población en Bolivia. Por un lado, el Gobierno ha reaccionado violentamente contra los manifestantes que se oponen a Áñez y que son partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales. En algunos casos, el Estado ha patrocinado a grupos de civiles, conocidos como motoqueros, para agredir a los simpatizantes de Morales. El reporte también señala que las investigaciones judiciales padecen obstrucción y la libertad de expresión ya no está garantizada en el país andino, tras diversas agresiones a periodistas críticos del Gobierno interino.

“Desde los asesinatos de Sacaba y Senkata, el Gobierno interino ha seguido persiguiendo a las personas que percibe como opositores de la Administración de Áñez”, señala el estudio. El reporte también apunta que desde noviembre de 2019 al menos 100 políticos del MAS han sido detenidos y el Gobierno mantiene bajo investigación a 600 exfuncionarios de la Administración de Morales. Está, por ejemplo, el caso de los seis colaboradores de Evo Morales que permanecen refugiados en la Embajada de México en La Paz, a la que la policía boliviana no ha dejado de vigilar desde finales del año pasado.

Becker, que lleva más de 15 años estudiando las condiciones de derechos humanos en Bolivia y que fue uno de los promotores del juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos, señala que las agresiones por parte del Gobierno de Áñez no tienen precedentes desde que el país latinoamericano es una democracia. “A nosotros no nos importa si el Gobierno es de derecha o de izquierda, no pueden matar civiles, no pueden llevar a la cárcel a personas que tienen un punto de vista distinto, no pueden cerrar estaciones de radio y televisión porque los critican, y este es el tipo de conducta que están mostrando”, explica.

Los autores del estudio han pedido a la comunidad internacional que ejerza presión sobre el Gobierno boliviano para detener todas las violaciones de derechos humanos. Además, han mostrado su preocupación por el aplazamiento, por segunda ocasión, de las elecciones presidenciales para el 18 de octubre, en la que han pedido vigilancia internacional para que los bolivianos vayan a votar libremente. “Están usando el coronavirus como una excusa para cancelarlas, pero la primera vez que las aplazaron fue antes de la pandemia”, recuerda Becker.

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