La independencia de los poderes del Estado es objeto de discusión en Colombia a raíz del traslado del proceso del expresidente Álvaro Uribe de la Corte Suprema a la Fiscalía, de la que su defensa espera que le levante la detención domiciliaria.

Desde hace varias semanas diferentes fuerzas políticas del país han expresado su preocupación porque los organismos que deben vigilar las actuaciones de la Administración de Iván Duque quedaron en manos de personas cercanas al jefe de Estado, con lo que se incrementa la concentración de poder del presidente.

El hecho de que el proceso por fraude procesal y soborno de testigos contra Uribe, que estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia, haya pasado esta semana a la Fiscalía General, cuyo titular, Francisco Barbosa, es amigo de vieja data de Duque, no ha hecho más que aumentar esa aprensión en sectores críticos al Gobierno.

Opositores aseguran que no hay garantías de imparcialidad porque Uribe, fundador y líder del partido de Gobierno, el Centro Democrático, es el mentor político del presidente Duque, quien a su vez catapultó a Barbosa, de quien fue compañero en la universidad, para el cargo de fiscal.

ALERTA

La ONG Transparencia Internacional aseguró hoy por medio de su Capítulo en Colombia que durante 2020 “se han elegido personas cercanas al Gobierno” para dirigir la Fiscalía, la Procuraduría General (Ministerio Público) y la Defensoría del Pueblo, “situación ante la cual se corre el grave riesgo de afectar la independencia que deben tener dichos órganos externos de control frente al Poder Ejecutivo”.

Transparencia hizo referencia, además de Barbosa, a la exministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, elegida la semana pasada por el Senado como próxima procuradora general de Colombia, y a Carlos Camargo Assis, nuevo defensor del Pueblo, mientras que el contralor, Felipe Córdoba, llegó al cargo a finales de 2018, poco después de que Duque asumiera la Presidencia.

Uribe está en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por decisión de la Corte Suprema, que consideró que hay riesgos de que el exmandatario obstruya la justicia, pero su defensa pidió ayer a la Fiscalía que ordene su libertad, petición que debe ser resuelta una vez esa institución reciba el voluminoso expediente del exmandatario.

La decisión de la Corte de dejar en manos de la Fiscalía el proceso contra Uribe, que lo enfrenta con el senador de izquierdas Iván Cepeda, es consecuencia de la renuncia del expresidente a su escaño en el Senado, con lo cual perdió el fuero y sus actuaciones pasaron a ser competencia de la Justicia ordinaria.

La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, consideró que les “genera una profunda preocupación que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia se vea afectado también por cuestionamientos a la independencia de instituciones que precisamente deben vigilar y controlar su acción”.

¿Quién lo juzgará?

Pero ¿quién es Gabriel Jaimes, el fiscal que perseguirá a Uribe? Se trata de un funcionario público de vieja data que trabajó en la Fiscalía en 1994 y desde allí forjó parte de su carrera. Según él mismo, trabajó en “casos connotados en Colombia” desde la Unidad Anticorrupción. En abril de 2008 pasó al Consejo de Estado como magistrado auxiliar en el despacho del entonces magistrado Alejandro Ordóñez Maldonado, quien luego fue procurador general con polémicas en torno a su postura de extrema derecha.

Jaimes Durán saltó a la Procuraduría de la mano de Ordóñez, con quien comparte su región de origen, su alma mater (la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga) y sus posturas políticas y religiosas en el Opus Dei. Ordóñez se posesionó ante el presidente Álvaro Uribe como procurador el 14 de enero de 2009 y, dos semanas más tarde, Jaimes Durán hizo lo mismo como procurador delegado del Ministerio Público en asuntos penales. En la hoja de vida que Jaimes Durán entregó a la Fiscalía de Barbosa hay algunas inexactitudes sobre las fechas en que estuvo en ciertos cargos.

Una de ellas indica que fue director nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría de enero a febrero de 2010: o sea, en la era Ordóñez. Pero en la página web de esa entidad hay una publicación de enero de 2009 en la que se anuncia la llegada de Jaimes Durán como procurador delegado en asuntos penales. Ahí se lee que él ya había sido director de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Y él solo trabajó en el Ministerio Público con Alejandro Ordóñez.

Estados Unidos le revocó la visa a Jaimes justo después de que Hernando Gómez Bustamante, un poderoso narcotraficante del cartel del norte del Valle conocido como Rasguño, declarara sobre el caso de Álvaro Gómez, lo que podría ser una piedra en el zapato para la fiscalía de Barbosa. Luego Jaimes pasó de ser la mano derecha de Ordóñez a un cargo de rango medio, como fiscal en Fusagasugá (Cundinamarca). No obstante, el fiscal Barbosa aseguró que esto no es cierto y que su coordinador de fiscales ante la Corte Suprema sí tiene visa, aunque fuentes de la embajada de Estados Unidos le ratificaron al diario El Espectador que no cuenta con ese documento.

Algo que está claro es que Jaimes Durán fue un hombre de toda la confianza de Ordóñez. Y que desde el pasado 13 de febrero tiene varias tareas encomendadas directamente por el fiscal Francisco Barbosa como esclarecer el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, aunque probablemente deberá declararse impedido ya que como procurador hizo solicitudes y emitió conceptos relacionados con este caso. Y ahora debe llevar adelante la que es, probablemente, la investigación penal más importante que se lleva en Colombia: la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Lo primero que deberá resolver el fiscal Jaimes es qué hacer con la solicitud de libertad que ya interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe.

El abogado de Álvaro Uribe, Jaime Granados, presentó ante el despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, la libertad “inmediata” de su cliente, quien se encuentra con casa por cárcel por orden de la Sala de Instrucción del alto tribunal desde comienzos de agosto pasado. Granados también pide que el proceso de Uribe adopte el procedimiento penal de la ley 906 de 2004 y no continúe con la ley 600 de 2000, bajo la cual la Sala de Instrucción estaba investigando formalmente a Uribe Vélez. Si el caso pasa a ley 906, como pide el equipo de abogados de Uribe, será un juez de control garantías el que estudie la solicitud de libertad.

La definición de la ley que se aplicará en este expediente es fundamental. No solo porque la defensa de Uribe podría pedir que se revoque la medida de aseguramiento, sino porque, de elegir el camino de la ley 906, la Fiscalía tendría que empezar desde cero la investigación y, así, podría revisar temas que han sido reprochados por el expresidente. Por ejemplo, el tema de la interceptación del celular del exsenador que siempre ha dicho, fue ilegal, pero la Corte ha sostenido que no fue así, pues todas sus decisiones fueron legales. A esto se suma que el senador Iván Cepeda, quien es víctima en este proceso, recusó al fiscal Francisco Barbosa y a su vicefiscal, Martha Mancera.