El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, reafirmó la posición del Gobierno de Sebastián Piñera no suscribir al Acuerdo de Escazú, que fija los protocolos internacionales para enfrentar la crisis medioambiental y proteger los ecosistemas.

Lo curioso es que Chile impulsó el acuerdo durante el año 2018, cuando Piñera trató de proyectar un liderazgo sobre la región y metió la mano en asuntos como Venezuela o el cambio climático.

El ministro Allamand participó así ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en donde señaló que la postura del Gobierno “no ha cambiado. El acuerdo, en opinión del gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”.

Según consigna Emol, el canciller explicó que “estamos agotando, en estos días, el análisis de cuatro aspectos que van al fondo del debate” y agregó que “una decisión de esta naturaleza debe requerir la mejor comprensión de todos los sectores que tienen interés en la materia”.

“Yo he dicho que la posición del gobierno no ha cambiado (…) No debe haber espacio para la generación de una falsa expectativa porque los términos son lo suficientemente elocuentes”, recalcó el secretario de Estado respecto al acuerdo para el que tienen plazo hasta el 26 de septiembre para suscribirlo.

¿Por qué lo rechaza?

A solo días de que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia en América Latina y el Caribe, llama la atenciónel rechazo del Gobierno a firmar finalmente el documento.

Alude para ello a razones de soberanía nacional frente a eventuales conflictos territoriales, los cuales pudieran llevar al país a tribunales internacionales.

Un Acuerdo de Escazú generado el 4 de marzo del año 2018 por 24 países y que ha sido firmado por la gran mayoría de los gobiernos participantes, los cuales han mostrado su compromiso por “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales” (Art. 1).

Lo paradójico del rechazo de Chile es que fue precisamente parte de esos 24 países, lo que evidencia un desinterés completo del Gobierno por subir su estándar medioambiental, lo cual no hace otra cosa que cerrar el bochorno internacional que fue su participación como organizador de la Cop25 en Madrid.

Un desinterés que solo se entiende en la manera en la cual se ha estructurado el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, creado el año 2010, junto al Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Éstos han sido parte de una institucionalidad subordinada a un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, en donde el agua es un bien económico de mercado.

No es casualidad que la defensa de la soberanía que plantea el Gobierno de Sebastián Piñera, no es otra cosa que la soberanía de los grandes grupos económicos presentes en el país, que tienen acceso al negocio minero, forestal, agroalimentario, salmonero y energético, como su principal fuente de ingresos.

Por eso mismo, los conflictos socioambientales abundan a lo largo de todo el país, lo que acompañado del no reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel constitucional, hace evidente que el rechazo a firmar el acuerdo responde a una protección hacia quienes han transformado a territorios enteros en verdaderas zonas de sacrificio.

La urgencia de desmercantilizar los ecosistemas y de politizar los bienes comunes, se hace vital para el futuro del país”

Por eso, que la negativa a firmar este acuerdo es un rechazo finalmente a la construcción de una democracia sostenible y digna, que ponga en el centro el cuidado de la vida de norte a sur en Chile.

Un rechazo al cuidado de la vida que el próximo 25 de octubre buscará estar presente también en el plebiscito por una nueva Constitución, la cual este 11 de septiembre cumple 40 años, desde que fuera impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet de manera autoritaria en 1980.

La necesidad, por tanto, de aprobar el próximo mes una nueva Constitución es la posibilidad de construir un país distinto, en donde el foco no sea firmar y firmar tratados de libre comercio en el mundo, sino garantizar ciertos derechos a nivel constitucional y mecanismos reales de control ciudadano y comunitario para su concreción.

La redacción de una nueva Carta Magna para Chile, a través de una convención constitucional, si bien es la opción más democrática que dio la elite política existente, luego de la revuelta social de octubre del año pasado, hay que verla como una pequeña grieta que concedió el sistema vigente.

Esto debe ser aprovechado para futuras transformaciones desde distintos sectores históricamente inferiorizados e invisibilizados (mujeres, pobladores, pescadores, locos, indígenas, afros, trabajadores, disidencias sexuales, campesinos).

Ante esto, que la construcción de una democracia feminista, socioambiental y plurinacional, como distintas organizaciones de base han estado planteando, sea un horizonte que vaya mucho más allá de la mera firma de este Acuerdo de Escazú.

Se dirige hacia presentar alternativas que no solo busquen transformar al Estado, sino también impulsar experiencias colectivas por fuera de éste.

Hoy, con esta pandemia nos encontramos en un momento clave para Chile y para el mundo entero. Que esta crisis sociosanitaria sea una oportunidad de repensar y politizarlo todo.