El último episodio se produjo en la noche del martes en el municipio de Algeciras, en el departamento de Huila, en el sur del país, cuando tres hombres fueron asesinados por un grupo armado.

La nueva matanza se suma a las 61 masacres –crímenes de tres personas o más- que ya provocaron 246 muertos en lo que va del año, según el observatorio independiente de violencia Indepaz. Y según datos de la Fiscalía Nacional publicados por el diario El Espectador, desde la firma de los acuerdos de paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta julio de 2020, fueron asesinados 349 líderes sociales y defensores de los derechos humanos

“Los hechos habrían ocurrido sobre las 8:00 de la noche, donde tres sujetos llegaron hasta una finca del sector y dispararon contra Yimmy Betancourt Ortiz de 43 años, Jimy Alejandro Betancourt Gómez de 25 años y Camilo Rayo de 18 años de edad”, indicó la policía en un comunicado.

Se desconoce quiénes son los culpables del crimen, pero un responsable de la policía recordó que en la región operan guerrilleros disidentes de las FARC que no aceptaron los acuerdos de paz de 2016.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, que estudia el conflicto, el municipio de Algeciras ha sido históricamente golpeado por la violencia con cerca de 13.000 víctimas entre 2002 y 2011.

El gobierno del presidente Iván Duque culpa a los grupos armados que se financian del narcotráfico de estos hechos violentos.

Aunque el acuerdo con las FARC redujo la violencia, Colombia vive un conflicto que en casi seis décadas ha opuesto a agentes estatales, guerrillas, paramilitares y narcos, dejando más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

Esta ola de asesinatos en regiones rurales, que tiene como blanco a campesinos, líderes sociales y dirigentes indígenas, se produce además con el telón de fondo de las protestas en las grandes ciudades del país contra la violencia policial, que ya se habían producido en 2019.

Ahora, el Tribunal Supremo denunció que la Policía ejerce una “constante agresión”, así como una “intervención sistemática, violenta y arbitraria”, contra aquellas personas que se manifiestan estos días en las calles por la violencia policial, que ha dejado hasta el momento casi una quincena de fallecidos y cientos de heridos.

Se trata de una de las resoluciones más severas emitidas por el Supremo contra las fuerzas del orden colombianas, en especial contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), al que acusa, al menos desde 2005, de actuar de manera “impulsiva” y no “neutral” contra los manifestantes.

“Sus actividades no controladas representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión”, afirmó el máximo tribunal.

Además, el Supremo dio 48 horas al Ministerio de Defensa, de quien depende la Policía, para que emita disculpas de manera oficial a todo el país por los desmanes cometidos por las fuerzas policiales y militares durante la huelga nacional de 2019, en la que el joven de 18 años Dilan Cruz murió a manos de un capitán del ESMAD.

Asimismo, ordenó al polémico escuadrón que “suspenda el uso de las escopetas calibre 12“, el arma, que contiene entre 600 y 700 perdigones de plomo, con la que Cruz fue baleado el 23 de noviembre de 2019, durante las protestas en Bogotá. También que envíe a la Fiscalía toda la documentación existente para que continúen las investigaciones sobre el caso.

“Una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”, subrayó la máxima instancia de la justicia colombiana.