En Chile causa indignación el caso de un joven manifestante que fue arrojado desde un puente por un policía el pasado 2 de octubre. Además, durante las protestas masivas por mejoras en la calidad de vida y un cambio constitucional de fines del año pasado, las fuerzas de seguridad chilenas fueron acusadas de torturas, disparos indiscriminados que dejaron decenas de lesionados con pérdida total o parcial de la vista y de uso indiscriminado de la fuerza, en algunos casos con consecuencias fatales.

En Colombia murió, a principios de septiembre, el estudiante de abogacía Javier Ordóñez debido a golpes propinados por policías en una comisaría. Los agentes de seguridad llevaron detenido a Ordóñez porque éste no se atuvo a las normas contra el coronavirus, ya que habría bebido alcohol en la calle. En las protestas contra la violencia policial que siguieron a la muerte de Ordóñez resultaron muertos, según los medios, 13 civiles. A finales de septiembre, el caso de una mujer trans que fue tiroteada en Colombia por un soldado durante un control policial también provocó disturbios.

En junio de 2020, miles de personas salieron a la calle en México para protestar contra la violencia policial, luego de que se diera a conocer que un hombre de 30 años, Giovanni López, murió cuando estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad. López había sido detenido por no llevar una mascarilla contra el coronavirus. Los métodos de la policía mexicana son casi tan temidos como los de los carteles del narcotráfico.

Triste récord de muertes por violencia policial

Estos son solo tres ejemplos sintomáticos que valen para casi todos los países no anglosajones del continente americano. Este verano boreal, la atención de la opinión pública internacional giró en torno al problema de la violencia policial racista en Estados Unidos, luego de que el afroestadounidense George Floyd muriera durante una detención policial violenta. Pero en América Latina, la brutalidad de las fuerzas de seguridad cobra una magnitud muy distinta.

“El nivel de violencia y de ejecuciones sumarias está en muchos lugares de Latinoamérica totalmente fuera de control”, según declaró al medio alemán DW Fernanda Doz Costa, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. Una comparación de Wikipedia de los casos de muertes por violencia perpetrada por policías constata esa apreciación: Venezuela y El Salvador son los países en los que mueren más personas a manos de agentes. Jamaica y Brasil también están en los primeros lugares. Sin embargo, muchos países ni siquiera registran ese tipo de estadísticas, por lo cual es casi imposible obtener informaciones confiables al respecto en ese tema.

Esto no es nuevo: la excesiva brutalidad de las fuerzas policiales es un problema estructural desde hace mucho tiempo que puede, en parte, ser explicado por el rol que tuvieron las fuerzas de seguridad durante las dictaduras y los regímenes autoritarios en las décadas de los años 70, 80 y 90.

Conexión entre la policía y los militares

Ese vínculo es una de las causas de la violencia policial en Latinoamérica. Muchos policías conservan una forma de pensar similar a la de esa época, y casi no se han llevado a cabo reformas en las fuerzas de seguridad desde entonces en la región. Eso se ve muy bien en los carabineros, la policía chilena. Todavía actúan, en parte, como durante la dictadura de Pinochet, desde 1973 hasta 1990. Los manifestantes son, para ellos, un peligro para el Estado. No son personas que ejercen su derecho a protestar pacíficamente y a quienes deben proteger.

Una frase desde el estamento superior del poder político, de boca del mismo presidente Sebastián Piñera, animó en 2019 a la policía chilena a reprimir duramente a los manifestantes. Piñera describió a los jóvenes que salían a las calles para exigir mejoras de “enemigo implacable” que estaba “en guerra” con Chile.

Mientras en Chile, durante la dictadura militar, los carabineros estaban bajo el mando del Ministerio de Defensa, en 2011 pasaron a recibir órdenes del Ministerio del Interior. En otros países de América Latina, la Policía sigue dependiendo del Ministerio de Defensa, y en algunos los jefes del Ejército son, al mismo tiempo, jefes de la Policía. Por eso sus métodos de entrenamiento son similares a los de los militares, dice Fernanda Doz Costa. Otro gran problema es la impunidad de los agentes de seguridad. En caso de cometer faltas, se los lleva ante un tribunal militar en lugar de ante un tribunal civil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció repetidas veces que eso es inaceptable.

Una espiral de violencia

América Latina es conocida por sus grandes desigualdades sociales y por tener altas tasas de criminalidad. Según un ranking del portal Statista, por ejemplo, las grandes ciudades de Latinoamérica son las más peligrosas del mundo. De 50 ciudades con la tasa más alta de homicidios, solo siete no pertenecen a esa región.

La elevada criminalidad es, a menudo, uno de los motivos a través de los cuales se intenta explicar la conducta agresiva de la policía, y ese argumento no carece completamente de razón: si se quiere entender la violencia policial y hacer algo contra ella, no se la puede ver como a un fenómeno aislado. Es un reflejo de la sociedad y de su propia violencia, polarización política, racismo y también corrupción.

Sin embargo, la violencia de un lado casi nunca conduce a menos violencia del otro lado, sino que produce un círculo vicioso de mayor violencia.

Oportunidad histórica de reformas

El problema de la violencia policial en América Latina es conocido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el tema cobró nuevamente importancia a partir del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, y de los recientes escándalos en varios países de la región. También la crisis de coronavirus contribuyó a que ahora tengamos una oportunidad histórica de reformar la policía, ya que la pandemia deja al descubierto en Latinoamérica la gran desigualdad social y la violencia policial. Ahora más que nunca, aclara, queda claro que se necesita una institución policial que trabaje para todos. Se necesita una policía que respete los derechos humanos, y no una por la cual tengamos miedo de que nuestros hijos no vuelvan vivos de una manifestación.

Pero por el momento, en la mayoría de los países falta la voluntad política para llevar a cabo dichas reformas estructurales, indica. Las reformas deben, según ella, incluir mejores métodos de reclutamiento y entrenamiento, así como una mejor paga. Si la policía quiere estabilidad en su institución a largo plazo, no le queda otra opción que reformarse. De otro modo, la espiral de violencia seguirá escalando, y el descontento social será cada vez mayor. En las recientes protestas hemos visto que cuanto más excesos comete la policía contra las personas, más atiza a los manifestantes.