La contundente victoria del Apruebo en el Plebiscito Constitucional, que se celebró el domingo en Chile, despertó este lunes las primeras -y recelosas- reacciones de los mercados, a pesar de que recién se inicia el largo camino hacia la nueva Carta Magna que reemplazará a la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. 

Las calificadoras de riesgo Moody’s y Fitch se han anticipado a vaticinar los supuestos “impactos” negativos del resultado, desde el punto de vista de los inversionistas.

En declaraciones citadas por La Tercera, el director de Fitch, Richard Francis, consideró que el proceso que se abre de cara a los próximos dos años “plantea una incertidumbre política que podría frenar la perspectiva de inversión y recuperación económica“.

“Los cambios materiales en el marco legal incorporado en la (nueva) Constitución podrían afectar negativamente tanto el sentimiento de los inversionistas como las tendencias de gasto del gobierno”, afirmó Francis, al tiempo que estimó que el panorama “podría hacer que se pospongan los ajustes fiscales estructurales que serían esenciales para estabilizar la deuda con respecto al PIB”. 

No obstante, el representante de Fitch aclaró que esos factores ya están incorporados en la valoración de riesgo que aplicó el 15 de octubre pasado. En esa oportunidad, la agencia recortó la nota de la deuda soberana de Chile desde “A” a “A-“, y señaló entonces que la capacidad de pago del país se vio debilitada ante el mayor gasto asociado a las postergadas demandas del pueblo chileno, tras el estallido social y la crisis del coronavirus. 

Similar análisis realizó Moody’s, aunque se diferenció por augurar que la probabilidad de cambios institucionales importantes y fundamentales es de “baja a moderada”. 

“Existe un amplio apoyo público para preservar elementos clave del modelo económico de Chile, como los mercados libres, los derechos de propiedad y la independencia del Banco Central”, señala un comunicado de Moody’s.

No obstante, la calificadora sostiene que un cambio hacia una agenda política que atienda las demandas populares “podría presionar para expandir significativamente los derechos sociales garantizados, una medida que aumentaría materialmente el gasto gubernamental ordenado constitucionalmente”.

Este lunes, la Bolsa de Valores de Santiago sufrió una caída del 2,68 %, en una jornada negativa a nivel mundial debido al avance de la covid-19 y las nuevas restricciones en Europa. 

Un país que crece, pero para pocos

El descontento social de los chilenos fue expresado en innumerables manifestaciones en las calles desde la primera gran protesta, ocurrida el 18 de octubre del año pasado, en contra del aumento de las tarifas del transporte urbano de Santiago.

El alza en las tarifas del transporte fue el detonante del descontento social, pero con el pasar de las semanas, las protestas incluyeron una serie de demandas al Gobierno de Sebastián Piñera para revertir los niveles de desigualdad, los bajos ingresos en el país y la falta de acceso a servicios básicos, realidades que estaban ocultas bajo la etiqueta del ‘milagro económico’ chileno.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicados en 2018, el 1 % de los hogares de mayores ingresos en Chile acapara más de una cuarta parte de la riqueza en el país.

A su vez, el 50 % de las familias menos favorecidas tiene solamente el 2,1 % de la riqueza total que genera la nación, con un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del 4 % anual hasta ese mismo año.

 

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