El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró  en una entrevista con la prensa local que en el país “no hay presos políticos” y analizó su último periodo de Gobierno al que calificó como “el año más difícil” de su vida.

Al ser consultado sobre el proyecto de acuerdo impulsado por un sector de la oposición que buscaba indultar a las personas detenidas durante las protestas de 2019, Piñera aseguró que “el Gobierno no toma preso a nadie” y que liberarlas sería “pasar por encima de los tribunales de Justicia”.

Desde octubre del año pasado, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las marchas, de los cuales 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenados. “El que comete un delito violento tiene que asumir sus responsabilidades y consecuencias”, sostuvo el mandatario en la entrevista.

Sobre el proceso constituyente que abrió la votación para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet (1973-1990) -con casi 80 por ciento de las preferencias- Piñera recalcó la necesidad de “reducir la incertidumbre” y explicó que a un sector le interesa que la nueva Carta Magna “recoja valores esenciales, como la vida, la dignidad humana”, entre otros que aseguró se ven “amenazados”.

“Somos partidarios de que consagre derechos como la igualdad ante la ley, garantice salud, educación, pensión, vivienda, igualdad entre hombres y mujeres, proteja el derecho a la propiedad y dé garantías en materia de orden público y protección del medio ambiente”, añadió el presidente. Por ello, a juicio de Piñera, los derechos sociales “no son una bandera de la izquierda. Algunos en la oposición quieren que el Estado monopolice lo público y excluya a la sociedad civil”.

“No hubo golpe de Estado”

Por otro lado, el mandatario negó la tesis de miembros de su sector, que aseguran que el 18 de octubre pasado hubo un golpe de Estado y el poder pasó al Congreso. “Estoy en total desacuerdo. No hubo un golpe de Estado (…) El 18 de octubre hubo una ola de violencia brutal que causó daño al cuerpo y alma del país y que hemos combatido con los instrumentos que nos otorga la ley”, respondió.

Sobre el respaldo que el Gobierno ha entregado a Carabineros durante este periodo, Piñera afirmó que se trata de “una institución absolutamente necesaria para la democracia” y que “algunos de ellos no respetan normas, protocolos, cometen atropellos a los derechos humanos y deben ser investigados por la fiscalía y juzgados por los tribunales”.

A la fecha, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos, pero sólo 75 agentes han sido imputados.

Opina que es gratis