“El MAS me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones, sólo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia. Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos, controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara.”

Así reaccionó en Twitter Jeanine Áñez, aún presidenta interina de Bolivia, al pedido de senadores y diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) de procesarla, junto a varios de sus ministros, por las muertes con que se saldaron las protestas de fines de 2019 en el país andino.

También en Twitter, Áñez, considerada “presidenta de facto” por el expresidente Evo Morales y el MAS, se niega a desconocer las elecciones del pasado 18 de octubre, como piden algunos bolivianos. El ahora presidente electo, Luis Arce, y su partido, el MAS, resultaron cómodamente vencedores en unos comicios calificados de trasparentes por autoridades nacionales y observadores internacionales, recuerda la presidenta.

El dilema, ahora que el MAS vuelve al poder con Arce, ya no es la legitimidad de las elecciones, sino -como bajo el mandato de Evo Morales o el de la propia Áñez- la independencia de la Justicia boliviana. ¿Cómo se explican los giros que ha dado este último año?

Particularidad boliviana: las elecciones judiciales

“Toda la cabeza del aparato judicial boliviano es elegida por sufragio universal”, cada seis años, explica a DW la politóloga boliviana Moira Zuazo, investigadora asociada de la Universidad Libre de Berlín. Y se refiere al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Tribunal Agroambiental (TA), al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo Electoral (TSE); además de al Consejo de la Magistratura, responsable de la disciplina dentro de todo el aparato judicial.

Por diseño constitucional, los candidatos a altos magistrados de estos principales órganos judiciales del país son preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Por dos tercios de sus miembros presentes, precisa Zuazo.

Y esto se une con una correlación de fuerzas que marcó una coyuntura política muy específica en la Bolivia de estos últimos años, donde “un solo partido ha tenido el control de dos tercios del Parlamento”, señala por su parte Jonas Wolff, politólogo del Instituto de Investigación de la Paz de Fráncfort, especializado en la región andina.

Gracias a este tan marcado peso del voto popular, que no ha sido común en otras democracias, el MAS estuvo en condiciones de “poner jueces” cercanos al partido al frente de todo el sistema de Justicia en Bolivia, dice Wolff.

“Subordinación de la Justicia y judicialización de la política”

El país ha vivido hasta ahora dos elecciones judiciales, en 2011 y 2017. Y es en estas últimas donde el MAS, con mayoría calificada de dos tercios, consiguió designar a la cúpula de todo el sistema que hoy imparte Justicia en Bolivia y que no vuelve a someterse a elecciones sino hasta 2023, precisa Zuazo.

Ello propició “un proceso creciente de subordinación de la Justicia al Ejecutivo y de judicialización de la política”, sostiene esta politóloga boliviana radicada en Berlín. Y recuerda “numerosos casos” que acabaron en encarcelamientos de políticos o, eventualmente, la muerte de algún procesado, durante el Gobierno de Morales.

El cambio político que vivió el país en 2019, “con la renuncia forzada de Evo Morales y el Gobierno del MAS, fue un cambio en el Ejecutivo, con algún impacto en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Pero los poderes legislativo y judicial, básicamente, se mantuvieron”, insiste también Wolff.

No se disolvió la ALP -el Parlamento boliviano, donde el MAS conservó su mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Ni se reestructuró el poder judicial, con la excepción de la renovación concertada del Tribunal Supremo Electoral.

Al interior de ese aparato de Justicia heredado, ha habido algunos cambios tras la renuncia de Evo Morales. Por ejemplo, en la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia: a fines de junio, asumió Olvis Egüez, pese a la negativa a renunciar de María Cristina Díaz, a quienes ocho magistrados habían retirado su confianza. Díaz ejercía desde noviembre, tras la renuncia de José Antonio Revilla. No obstante, en todos los casos, eran magistrados elegidos en 2017, insiste Zuazo.

Procesos contra el MAS: ¿para comprar tiempo?

Como sea, y pese a la continuidad del personal que conduce el aparato de Justicia, “sí se han observado claros cambios de posturas: por ejemplo, hubiera sido imposible pensar en un proceso judicial contra Evo Morales antes de su renuncia”, ilustra Wolff. Y llegó un punto en el que no solo el MAS, sino también organizaciones internacionales como Human Right Watch (HRW) denunció la persecución política de partidarios de Morales por la vía judicial. Lo mismo que ahora ha comenzado a denunciar el Gobierno saliente.

En un año, sin embargo, los múltiples procesos abiertos contra Evo Morales y otros correligionarios del MAS “no avanzaron”, notan ambos expertos. Y ahora pareciera que comienzan a desmontarse. ¿Se abrieron para “comprar tiempo” y observar la evolución de crisis política boliviana?

La pregunta estaba en el aire mientras el fiscal general, Juan Lanchipa, un juez cercano al MAS que abría procesos contra el MAS, era señalado por el Gobierno interino por supuesto “uso indebido de influencias” u  “obstaculización de la Justicia”.

Lanchipa, elegido por los dos tercios masistas del Parlamento en 2018 y cuya gestión debe extenderse hasta 2024, se defendió alegando que el Gobierno de Áñez pretendía frenar la investigación de otros casos de corrupción, que no implicaban al MAS sino a la gestión de la actual pandemia de coronavirus por parte de los nuevos funcionarios interinos.

¿Habrá juicio contra Áñez?

El poder judicial boliviano parecería adaptarse, una y otra vez, “a las nuevas coyunturas políticas”, evalúa el politólogo alemán Wolff. A la presión de la opinión pública, que puede traducirse también en voto popular. O a la de cada nuevo Ejecutivo, incluso de uno como el de Añez, originalmente débil por ser transitorio, además de por su falta de representación en el parlamento y por la polémica legitimidad con que se instauró.

O a la presión de la incertidumbre que generó la perspectiva de un posible cambio de escenario político, hoy ligeramente materializado, agrega la boliviana Zuazo. Y remite al resultado de las elecciones del 18 de octubre: el MAS sigue dominando la ALP, pero ya no con una mayoría de dos tercios, sino con poco menos del 60 por ciento en ambas cámaras.

“Los candidatos que se presenten a las elecciones judiciales de 2023 tendrían que ser candidatos que reúnan un cierto consenso, porque tienen que tener dos tercios para ser designados como candidatos por el Parlamento”, prevé Zuazo. ¿Una razón para que los jueces piensen en su “futuro profesional”? Quizás.

¿Veremos, entonces, un juicio contra Añez? “Yo creo que sí va a haber un proceso y va a haber probablemente un proceso que tenga un avance relativamente rápido”, dice Zuazo, en obvia comparación con los procesos impulsados contra Morales y sus partidarios, y concluye: “La pregunta es hasta qué punto vamos a ver un proceso que respete las leyes”.

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