El presidente de Bolivia promete que se esclarecerá las muertes en las protestas de 2019 y alerta que los militares represores no podrán eludir la justicia.

Mediante un mensaje de Twitter, Luis Arce ha prometido de nuevo cobrar venganza de los militares responsables de los actos represivos durante las protestas, surgidas luego del golpe de Estado contra el exmandatario boliviano Evo Morales.

“Quiero decirles de manera muy sincera a la institución de las Fuerzas Armadas que no es posible evadir, ni eludir a la justicia”, ha alertado Arce, tras asegurar que su Gobierno está determinado para “esclarecer los sucesos ocurridos con las muertes en la pasada gestión”.

Efectivamente, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevan, desde finales de noviembre, investigando las violentas protestas sociales registradas en Bolivia.

Tras la dimisión de Morales en noviembre de 2019 y la instalación del gobierno de facto de Jeanine Áñez, se desataron en Bolivia masivas protestas de partidarios del exmandatario que exigían su regreso y la salida del gobierno autoproclamado.

En dichas manifestaciones, las Fuerzas Armadas usaron armas y agentes químicos para dispersar a los manifestantes y causaron la muerte de varias personas. Ante tal situación, Áñez emitió un decreto que eximía de cualquier “responsabilidad penal” a las fuerzas de seguridad que reprimían las protestas contra el golpe de Estado.

Arce renovó la cúpula militar de Bolivia, a mediados de noviembre, nombrando a comandantes militares que sustituyeron a los designados por Áñez, los cuales el mandatario boliviano considera corresponsables del golpe de Estado contra Morales.

El 24 de noviembre, la Fiscalía de Bolivia ordenó la aprehensión del primer uniformado en el marco de las investigaciones de la represión de protestas en la región de Sacaba (Cochabamba). Se trata del ya excomandante de las Fuerzas Armadas el general Alfredo Cuéllar, para quien la Justicia de Bolivia decretó prisión domiciliaria bajo custodia policial.