A pesar de la pandemia de COVID-19, ciudadanos y organizaciones de varios países de América Latina decidieron salir a las calles para protestar contra sus gobiernos. Los pueblos de Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Costa Rica y Perú demostraron que, casi siempre, la lucha social logra resultados.

Las protestas sociales masivas que se multiplicaron en América Latina en el segundo semestre de 2019 no se detuvieron en 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19 que motivó cuarentenas en toda la región. En efecto, la inestabilidad política continuó en varios países y, aunque de diferentes maneras, hicieron que la población saliera a las calles a reclamar de forma espontánea.

Protestas en América Latina en 2020

La salida de Evo Morales y el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez pusieron a Bolivia en una delicada situación política que se extendió cuando la pandemia de COVID-19 obligó a postergar las elecciones, originalmente fijadas para el 3 de mayo. Un acuerdo político permitió trasladarlas al 6 de septiembre pero en el mes de julio el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció un nuevo aplazamiento para el 18 de octubre, fecha en que finalmente se realizaron.

La postergación hacia octubre irritó a sindicatos y organizaciones sociales, que a comienzos de agosto se declararon “en alerta” y cortaron el tránsito en varias carreteras del país. Los manifestantes mantuvieron la protesta durante más de diez días, resistiendo la represión de la Policía y la acción de grupos paramilitares.

De todas maneras, la presión de las protestas logró que Áñez debiera firmar un decreto que aseguraba que no habría más postergaciones en la fecha de los comicios. La decisión de la presidenta hizo que las protestas comenzaran a perder fuerza hasta desactivarse.

Los chilenos vivieron un año 2020 marcado por las restricciones en la movilidad y los toques de queda dispuestos por el Gobierno de Sebastián Piñera en el marco de la pandemia. Sin embargo, eso no hizo olvidar las protestas de octubre de 2019 que dieron inicio al proceso de reforma de la Constitución de Augusto Pinochet.

El 18 de octubre, cuando se cumplió un año del inicio del estallido social de 2019, miles de chilenos volvieron a salir a las calles de Chile en conmemoración de aquella protesta. Esa jornada culminó 580 detenidos y con un fallecido tras la actuación de Carabineros.

Además de apuntalar el plebiscito constitucional que ratificó el inicio de la reforma constitucional, las protestas volvieron a evidenciar la represión y violencia policial por parte de Carabineros. Su director, Mario Rozas, debió ser relevado por Piñera en noviembre tras un operativo en el que dos menores de edad resultaron heridos de bala, lo que se sumaba a múltiples denuncias de abuso policial desde las protestas de 2019.

Los peruanos casi que se habían acostumbrado a la crisis política en la que vivía el país desde la salida del poder de Pedro Pablo Kuczynski en 2018. Sin embargo, la destitución del presidente Martín Vizcarra, vacado por un Congreso con el que mantenía una cruda disputa, desató una inédita serie de manifestaciones.

Vizcarra fue destituido el 10 de noviembre tras una sesión del Congreso que aprobó, con más de los dos tercios necesarios, el pedido de vacancia por “incapacidad moral”. A pesar del acuerdo en el Congreso, la popularidad del presidente y la desconfianza hacia el legislativo hizo que desde esa noche miles de personas se concentraran en las calles exigiendo la renuncia de Manuel Merino, el titular del Congreso que pasó a ocupar la Presidencia.

Las protestas se incrementaron en los días sucesivos y fueron respondidos con gases lacrimógenos y perdigones por la Policía. El punto más dramático llegó en la noche del sábado 14 de noviembre cuando, tras diez días de movilizaciones, se realizó la Segunda Marcha Nacional contra el Gobierno de Merino en varias zonas del país. En Lima la cita fue en la Plaza San Martín, en el centro de la capital peruana.

La represión policial fue intensa y dejó un saldo de 200 heridos y dos fallecidos, los jóvenes, Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, de 24 y 22 años respectivamente. Ambos recibieron disparos de perdigones en el pecho y, en el caso de Pintado, también en la cabeza, el cuello y el brazo derecho.

El impacto de las muertes fue tal que Merino acabó anunciado su renuncia el mismo domingo 15 de noviembre. La dimisión fue celebrada por los manifestantes y dio inicio a un proceso de elección de un Gobierno interino que finalmente recayó en el congresista Francisco Sagasti.

El 21 de noviembre fue un día de furia en Ciudad de Guatemala. Ese día miles de guatemaltecos se concentraron para protestar contra el proyecto de ley de presupuesto que había sido aprobado en el Congreso y que reducía los fondos destinados a la educación, el combate a la desnutrición, defensa de derechos humanos y la respuesta a la pandemia.

La protesta, que llegó a concentrar unas 7.000 personas, tomó un cariz más agresivo cuando los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a la sede del Palacio Nacional, sede del Poder Legislativo, e incendiar varias de sus instalaciones.

Si bien la Policía no intercedió antes de que ingresaran al Congreso, sí lo hizo después lanzando gases lacrimógenos y deteniendo a más de 35 personas. En los enfrentamientos hubo una decena de heridos.

El descontento popular obligó a los congresistas a votar una anulación del presupuesto ya aprobado durante una sesión el 26 de noviembre y abrir una instancia de diálogo con organizaciones populares para redactar uno nuevo. El presidente del país, Alejandro Giammattei, descartó la posibilidad de renunciar a su cargo, como pedían los manifestantes y hasta planteó su vicepresidente, Guillermo Castillo.

La decisión del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, de iniciar un diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un crédito de 1.750 millones de dólares fue el detonante de una serie de manifestaciones de sindicatos y organizaciones sociales que se iniciaron el 30 de septiembre de 2020.

Las movilizaciones llevaron al propio Alvarado a anunciar, el 4 de octubre, la suspensión de ese diálogo para abrir un ámbito de negociación y rever la postura. Sin embargo, las protestas continuaron como forma de mantener la presión de la sociedad civil en contra del acuerdo, que implicaba aumento de impuestos y una mayor austeridad en el gasto público.

Durante los primeros diez días de protestas, la acción de la Policía dejó un saldo de 60 detenidos y un centenar de heridos, aunque ninguno de gravedad.

A pesar de que el Gobierno realizó, entre octubre y noviembre, un ciclo de 12 encuentros con más 60 organizaciones sociales para dialogar sobre el acuerdo, Alvarado anunció en diciembre que su Gobierno retomaba el diálogo con el FMI.

Colombia también vivió manifestaciones durante el 2020, aunque bajo la denominación de Paro Nacional. Se trató de una convocatoria realizada por un comité conformado por organizaciones sociales, en rechazo, especialmente, a la violencia y los abusos por parte de la Policía.

Si había habido movilizaciones de este tipo en los primeros meses del año, aquella fueron más bien una continuación de las protestas de 2019. Fue en el mes de septiembre cuando se reavivaron, a raíz de la muerte de Javier Ordoñez, un abogado de 45 años, durante un presunto caso de abuso policial.

Las protestas se realizaron desde el 9 y hasta finales de septiembre de 2020 con centro en Bogotá, aunque incluyeron varios puntos del país. En octubre volvió darse una jornada de Paro Nacional, siempre con la violencia policial y el accionar del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) como centro y en noviembre hubo nuevas movilizaciones.