El régimen de Nicolás Maduro está cada vez más cerca del precipicio legal internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Así lo demuestran las advertencias y conclusiones de organismos internacionales, que informe tras informe encienden las alarmas por las acciones del régimen opresor que se enriquece, somete y amenaza a costa de los venezolanos.

A pocos días de finalizar el año —y tal como lo había adelantado—, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un nuevo balance enmarcado en el examen preliminar ‘Venezuela I’ iniciado en 2018, que poco a poco inclina la balanza en contra de Maduro y su grupo.

«La Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017», se lee en el documento.

El examen preliminar sigue en curso y una vez concluido, se determinará si existe fundamento razonable para proceder a una investigación formal durante la primera parte de 2021.

Tortura innegable

El análisis está centrado en el tratamiento de personas detenidas, del que la CPI tenía a disposición «información suficientemente detallada» de acuerdo al Estatuto de Roma.

Para el organismo, hay indicios para creer que desde las protestas de abril de 2017, «las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e demás individuos a favor del régimen han cometido los crímenes de lesa humanidad».

El golpe es duro para Maduro, que este mismo año intentó contrarrestar el examen preliminar ‘Venezuela I’ con su propia investigación llamada ‘Venezuela II’ presentada en La Haya por Jorge Arreaza, donde asegura que las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos constituyen crímenes de igual calibre contra los venezolanos.

Estos delitos engloban todo acto que forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, sean asesinatos, encarcelaciones, torturas, violaciones, desaparición forzada, y muchos otros de acuerdo a la ONU.

No es aislado el razonamiento de la Corte, en días recientes la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó su propio informe sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lanzó números preocupantes como las 15.501 detenciones arbitrarias entre 2014 y 2020, o 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado.

Grupos violentos

Fatou Bensouda ya había advertido al régimen la grave situación y su propensión a la violación de los derechos humanos, se lo dijo personalmente a Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela.

Al hecho se le suma el término «persecución focalizada», usada por cada uno de grupos para acallar cualquier voz disidente.

Tamara Sujú, abogada penalista y especialista en derechos humanos, se refería a toda esta situación en una reciente entrevista concedida a PanAm Post, allí describía torturas inimaginables perpetradas en el subsuelo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Caracas.

Una celda, parecida a un ataúd es usada contra presos políticos para torturarlos durante días. Mide 60 centímetros de largo por 60 de ancho y 2,75 metros de alto. No es posible mover los brazos, ni arrodillarse. La víctima está allí tres noches y cuatro días. 

La posición ante la OEA

En esta última revisión, la CPI rechazó la crítica que hizo la OEA sobre la demora con el proceso de investigación. El organismo dirigido por Luis Almagro mostraba su preocupación por los tres años transcurridos sin ninguna decisión definitiva.

Estos tiempos legales, en efecto no van al ritmo de la crisis venezolana y así lo dejó claro la abogada Tamara Sujú. Sin embargo, defiende esta lentitud, ya que los resultados representarían el «miedo» del régimen.

En caso que se inicie el proceso formal, los investigadores de la CPI podrían trasladarse a Venezuela para ampliar las pesquisas e identificar a los sujetos que serían acusados formalmente, señala Infobae.

Posteriormente, tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares confirman la identidad de el o los sospechosos. Luego en una audiencia posterior determinarán, si hay evidencia suficiente para iniciar el juicio, donde podrán condenar o no a los acusados.