El Ejército chileno, actualmente en control del país tras el Estado de Catástrofe declarado por Sebastián Piñera hace ocho meses, se encuentra en el ojo del huracán después de que un fiscal anunciara que imputará a 800 militares por el robo de cinco millones de dólares.

El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, alista la formalización de los implicados en el nuevo fraude dentro del Ejército. El Ministerio Público y la PDI indicaron que fondos públicos fueron destinados a pagar deudas privadas. 

La investigación comenzó en 2018 y según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), los 3mil millones de pesos chilenos -unos cinco millones de dólares- se destinaron a pagar deudas privadas. 

Palma ya lideró en 2018 un registro en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago. Entonces eran poco más de 300 los militares investigados.

El fraude se realizó a través de contratos a honorarios, pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron donde hubo un pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales.

Todo ello a raíz del término del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el Ejército en 2006.

“Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”, explicó Palma en 2018, en declaraciones recogidas por RLN.

“Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían: los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, hizo saber.

Las penas para el delito de fraude fiscal, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541 días de presidio a penas de crimen, es decir superiores a los cinco años y un día de cárcel.