Hasta el momento solo se han podido monetizar $44.000 millones de pesos colombianos, unos doce millones de dólares y a penas un 10% de lo reportado en 2017, para reparar a las víctimas. El gobierno de Duque asegura que reportarán incumplimiento a la JEP y la Fiscalía.

Uno de los compromisos de la extinta guerrilla de las Farc, fijado en el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, es la entrega de todos los bienes que adquirieron durante el conflicto armado, con el objetivo de reparar a las víctimas. El plazo máximo que fijó el Gobierno nacional para su cumplimiento fue el pasado 31 de julio, pero por culpa de la pandemia se tuvo que extender hasta este 31 de diciembre.

Lo cierto es que hoy los exguerrilleros no harán dicha entrega y culpan al Ejecutivo de imponer fechas arbitrariamente, desconociendo cronogramas pactados con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que los recibiría. En respuesta, el gobierno les dice que que solo establecieron tiempos a una responsabilidad y que cuatro años es suficiente tiempo para haber hecho la tarea. Ahora esperan resolver el problema en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En 2017, cuando dejaron las armas, las Farc también le entregaron a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas el inventario de sus pertenencias. En ese entonces, se desató una polémica porque los excombatientes incluyeron desde lingotes de oro, dólares, semovientes, inmuebles, caletas y equipos hasta ollas pitadoras, molinos para hacer chocolate, traperos, escobas y obras como mejoramientos de acueductos, canchas de microfútbol y carreteras.

De eso, según el gobierno, solo se ha podido monetizar alrededor de un diez porciento de lo que se esperaba recaudar y monetizar para las víctimas. En el momento de su desmovilización, las Farc también quisieron incluir en lo entregado carreteras, adecuaciones y hasta jornadas de vacunación que no son monetizables.

Según el gobierno, se han recibido hasta diciembre de 2020: 2.000 millones de pesos colombianos en dinero en efectivo, 450.000 dólares, 2.540 gr. en joyas, 252.500 gr. en lingotes de oro, 229 semovientes, 1.820 muebles y enseres, 8 inmuebles y 4 vehículos. Pero aún falta que las Farc entreguen 172.500 gramos de oro, 6.694 semovientes, 34.720 muebles y enseres, 507 inmuebles y 156 vehículos.

Hasta hoy las partes se culpan entre sí por el incumplimiento. Pastor Alape, exjefe de las Farc, quien es el encargado del inventario elaborado por la insurgencia, la semana pasada señaló ante la JEP, entidad a la que acudió para resolver los inconvenientes con el Gobierno, que el cambio de las reglas de juego por parte del Gobierno nacional los llevó a retrasarse.

Según reporta El Espectador, el Decreto 903 de 2017, que reglamentó la entrega, decía que las Farc debían brindar la información necesaria para que el Estado pudiera asumir la recuperación de los bienes. Sin embargo, luego se expidió, según el excombatiente de manera unilateral, el Decreto 1407 del 24 de agosto de 2017, en el que se estableció que “los exintegrantes de las Farc debían garantizar la entrega material de cada bien incluido en este y responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega material”.

El Gobierno se ha defendido de estas acusaciones. Un portavoz de Duque dijo que la información del inventario es demasiado ambigua y por eso el Gobierno no pudo asumir la recuperación o la custodia de bienes que no están identificados. El funcionario insistió en que esa es responsabilidad de las extintas Farc, que en estos cuatro años ha tenido tiempo suficiente para adelantar esta labor: “Esta es una obligación del Acuerdo y en un comienzo ni siquiera tenía plazos. Cuando una obligación surge sin un plazo es exigible inmediatamente. Pensamos que ya se había cumplido un plazo más que razonable”, dijo a El Espectador Emilio Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación.

Otro de los problemas por los que, según Farc, no han logrado reunir todos los bienes son las amenazas contra los exguerrilleros. Como ejemplo de esa grave situación mencionó el asesinato del excomandante de las Farc Mario Morales, en septiembre de este año, a manos del Eln mientras ejecutaba labores de verificación de predios para entregar al Gobierno.

Como resultado del abandono de los bienes en ese lapso y el retraso, el partido FARC denunció que muchos de ellos han sido objeto de hurto, pérdida, deterioro o apropiados por grupos armados ilegales. Como ejemplo de ello, mencionó los 24.456 semovientes reportados en el inventario. Hoy no cuentan con todas las cabezas de ganado y solo se han podido entregar 229. El Gobierno, de nuevo, controvirtió esta versión y cuestionó que de un momento a otro las cosas se pierdan.

Archila le contó a Colombia 2020 que el siguiente paso del Gobierno será entregar un reporte a la Fiscalía y a la JEP, para que sean ambas entidades las que determinen las responsabilidades individuales o colectivas del incumplimiento. También enviarán informes a las instancias internacionales, como Naciones Unidas, y a organizaciones como el CINEP y el Instituto Kroc, que siguen de cerca la implementación del Acuerdo, “para que hagan los llamados de atención correspondientes”.

Pastor Alape, por su parte, afirmó que el partido FARC no pretende eludir su responsabilidad, pues “la entrega de información y la materialización de los bienes son una condición importante para predicar el cumplimiento del Acuerdo y con las víctimas”. También reiteró que su compromiso es con la paz, que está por encima de “de las pretensiones perversas de cualquier funcionario del Gobierno, que trata de asustarnos con ultimátums establecidos unilateralmente”, y prueba de ello son los pasos que han dado.

“Hemos cumplido con la información sobre los recursos que constituyeron nuestra economía de guerra. Hemos entregado 390 toneladas de armamento, que es la primera acción reparadora. También hemos dispuesto $44.000 millones, que incluyen lo de la subasta del oro. Hemos dispuesto la información de 134 kilómetros de vías terciarias en La Macarena, además de 29 inmuebles baldíos”, resaltó el exjefe guerrillero.