No es un hecho aislado: la policía chilena, los temibles “Carabineros”, acaban de hacerlo de nuevo. Uno de sus miembros asesinó a  Francisco Martínez Romero, un joven que se ganaba la vida haciendo malabares con machetes usados y sin filo en una calle de la ciudad de Panguipulli, al sur de Santiago. Según el testimonio de una testigo recogido por el periódico chileno Resumenel carabinero primero disparó a los pies del joven y después al pecho. La Justicia dispuso que el imputado, cuya identidad se mantiene en reserva, quede detenido.

La muerte desató caos, irá, la impunidad de siempre y la pregunta: ¿es hora de disolver Carabineros?

El director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, condenó la muerte del malabarista Francisco Romero.

Vivanco, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que “la policía no puede matar a una persona porque se resiste a un control de identidad. Urge una investigación exhaustiva y pronta sobre estos graves hechos”.

“Chile debe avanzar urgentemente con una reforma seria y rigurosa a Carabineros”, señaló el director.Y agregó que “debe garantizarse una investigación seria para esclarecer si el uso de la fuerza fue necesario y proporcional en este caso”.

“En particular, ante los disparos disuasorios y cuando el policía utiliza su arma letal de forma intencional cuando el malabarista se abalanza”, sentenció.

Una postura similar fue la del movimiento político Fuerza Común emitió un comunicado donde exige justicia por el asesinato del joven malabarista Francisco Martínez perpetrado por un funcionario de Carabineros, la tarde del viernes en Panguipulli.

En una misiva, el movimiento político Fuerza Común «declara su irrestricta condena y exige a la justicia que este hecho no quede impune».

«Asimismo, declara la necesidad de la disolución del cuerpo de Carabineros de Chile; actos criminales como este por parte de la policía uniformada, demuestran que es urgente su refundación con intervención civil sobre sus altos mandos. La incapacidad de la política de hacer este cambio no es gratis: se paga en muertes«, sostuvieron.

Desde la organización, insisten en que «Carabineros de Chile ha sido incapaz de respetar el principio de la legalidad, de la necesidad, proporcionalidad y responsabilidad; principios que no parecen conocer«.

«Fuerza Común también interpela a la clase política a actuar con eficacia para representar las demandas ciudadanas, se debe exigir que Carabineros de Chile sea una institución que garantice y proteja los Derechos Humanos y no que siga funcionando sin recurrir a la razón si no sólo a la fuerza», señalaron.

«No puede seguir actuando como en dictadura bajo el supuesto de enfrentar al ‘enemigo interno’ ni seguir actuando como fuerza represiva y no protectora, la ciudadanía no seguirá permitiendo que un control de identidad termine en asesinato, y esto seguirá ocurriendo mientras carabineros cuente con la protección del gobierno que les garantiza impunidad ante las violaciones a los derechos humanos que se han generalizado en el país», concluyeron.

 

Disolver carabineros, el único camino realista…pero ¿qué disolución?

El asesinato reavivó la idea de disolver carabineros en el debate político en la izquierda, lo que resulta inédito. ¿Pero de qué tipo de disolución se habla?

Uno de los argumentos para esta postura es que la discusión constitucional que se inicia con el plebiscito con la elección hacia la convención constituyente, posibilitaría esa “disolución” y la creación de una “nueva policía” respetuosa de los derechos humanos. Es decir, la propuesta de terminar con esta policía y reemplazarla por otra, se ve como factible como un acto resultante de una mayoría electoral en el proceso constitucional. Esto se plantea junto al objetivo de sacar a la derecha del poder ejecutivo en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, el abogado Esteban Vilchez Celis escribió recientemente en El Desconcierto:

«A este gobierno que desprecia los derechos humanos, tenemos que despedirlo desde las urnas y desde ellas impedir que otro parecido llegue nuevamente a La Moneda. Y a Carabineros debemos recordarles que les dimos la confianza para protegernos y que, desde que lanzan niños desde los puentes y luego lo niegan y hasta falsean antecedentes –además de todas las violaciones a los derechos humanos que han precedido este último acto aberrante–, esa confianza se ha perdido irremediablemente, por lo que, apenas podamos, como mayoría democrática civil y poder constituyente, decretaremos su disolución, para que devuelvan las armas y los recursos que les entregamos, a fin de entregárselas, junto con la confianza, a una policía del futuro. A una comprometida con ser del débil el protector y que crea en serio en los derechos humanos. Una que ya no viva en el mal y la mentira».

Algunas organizaciones de estudiantes y de las juventudes de izquierda tales como Convergencia Social, Comunes, las JJCC o los estudiantes Humanistas, recientemente realizaron un planteo similar de “disolución y refundación urgente” de carabineros, llamando a dar un “debate democrático con énfasis en DD.HH. y con participación de organizaciones sociales defensoras de éstos” pues si las reformas emanan del actual ejecutivo y ministerio del Interior, no se puede esperar un verdadero cambio. La consecuencia lógica de este planteamiento es la necesidad de cambiar al presidente de la república en las futuras elecciones para que ese “debate democrático” tenga alguna posibilidad de llevarse a la práctica.

¿Es posible realizar este tipo de disolución de carabineros? ¿Es cierto que podremos “como mayoría democrática civil y poder constituyente”, decretar la disolución de carabineros, para que “devuelvan las armas y los recursos que les entregamos” para poder dárselos esta vez a una “policía del futuro”, como señala el abogado Vilchez Celis? ¿Es posible refundar la policía uniformada después de disolver carabineros sobre la base de criterios de organizaciones sociales si cambia de manos el poder ejecutivo?

A nuestro modo de ver, entender la disolución de carabineros de esta manera es contribuir a una ilusión. Ya es difícil pensar que en los marcos que impone el proceso constitucional -con todo su sistema de quórums y limitantes de acceso a las candidaturas-, una mayoría ciudadana podrá decretar la disolución de carabineros para dar paso a su refundación. Si la simple prisión preventiva del represor Sebastián Zamora ha activado las amenazas en contra de la fiscal Ximena Chong, imaginemos que haría este cuerpo armado de casi 60.000 individuos, si la Convención Constitucional o un nuevo presidente de la república, los quisiera disolver como institución estatal. ¿Acaso no se abriría espacio para que el cuerpo policial desarrolle métodos reaccionarios extra legales para resistir?

No olvidemos además que las amenazas a la fiscal han sido avaladas incluso por el senador UDI Iván Moreira que con total descaro declaró a 24 horas que “cuando uno provoca políticamente se expone a este tipo de amenazas” ¿Es esperable que carabineros simplemente “devuelvan las armas” por decisión de una mayoría en la convención? ¿No contarían con apoyos en las “altas esferas” del poder estatal para preservarse como institución? A lo más aceptarían un cambio de nombre y nuevas remociones. Pero ¿su disolución?

Disolver a carabineros -lo que implica desarmarlos y privarlos de sus recursos materiales- es, sin duda, un objetivo muy deseable. La simple existencia de esta institución implica que la integridad física y la vida están en peligro, sobre todo cuando uno se manifiesta, cuando uno es huelguista, mapuche, mujer, joven o pobre.

Compartimos la postura de que hay que privar de las armas y recursos a los carabineros, consideramos necesaria la lucha por la disolución de esta institución nefasta. Pero a diferencia de quienes sostienen que eso será posible confiando en los mecanismos normales del proceso constitucional, sostenemos que la disolución de la policía solamente será posible si los trabajadores y los sectores populares desarrollan sus métodos de lucha de clases como la huelga general, sus propios organismos de lucha y su propio poder. Es la apuesta política que peleamos en Ideas Socialistas y el PTR.

Justificar la existencia de la policía suponiendo que los trabajadores y los sectores obreros y populares son incapaces de cuidarse a sí mismos, es mera ideología al servicio de la clase dominante. En octubre y noviembre de 2019 vimos surgir formas germinales de seguridad organizadas por los propios trabajadores y jóvenes que participaron en la rebelión -como las brigadas de salud o la primera línea- y experiencias de autoorganización y coordinación más avanzadas como el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta que unía a trabajadores y pobladores y que funcionaba en la sede del Colegio de Profesores, lugar donde se brindaba atención de salud a los heridos de las manifestaciones y que funcionó como espacio asambleario. Una experiencia similar se dio en Valparaíso. También surgieron las asambleas territoriales. La brutal represión desatada por carabineros en esos meses es lo que empujó a que se formaran tanto instancias destinadas a defender el derecho a manifestación y que atendían a los heridos y que evitaban la dispersión rápida y la exposición a los ataques de carabineros, como las brigadas y la primera línea; como también otras instancias que ligaban la unidad de acción en las calles y la seguridad, con la deliberación política, como el Comité de Emergencia o iniciativas de coordinación desde los trabajadores de la FENATS Barros Luco donde se votó como política la salida de Piñera, la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y el llamado a una huelga general como método de lucha para realizar esos objetivos.

Estas experiencias demuestran en la práctica que la seguridad, es una preocupación que se expresa en formas organizativas y experiencias vivas. Las experiencias más avanzadas en este sentido en Chile, se dieron en 1972 y 1973, con los Cordones Industriales, que se autoorganizaron desde los principales centros fabriles del país y que tuvieron que hacerle frente al paro patronal de octubre de 1972 y a grupos de extrema-derecha que asaltaban fábricas y sedes sindicales. Sin embargo no lograron desarrollarse al punto de reemplazar la maquinaria represiva del Estado burgués, que contraatacó con el golpe de Estado.

Es precisamente a través del desarrollo de la autoorganización que se puede avanzar a la formación de comités de autodefensa de los trabajadores y los sectores populares que reemplacen a carabineros y al aparato represivo. Pero esa autoorganización no surgirá por “arte de magia”. En el actual escenario político pasa por desarrollar la más amplia unidad de acción de la clase trabajadora y los sectores populares no sólo para defender los puestos de trabajo, sino también para enfrentar las medidas represivas, como la aprobación de la ley de infraestructura crítica, defender el derecho a manifestación, luchando por el fin del estado de excepción y la liberación de los presos políticos y exigiendo a las organizaciones de masas más grandes -como sindicatos y federaciones- que se hagan parte de esta lucha; y pasa también por pelear con una postura independiente en el proceso constitucional, buscando darle expresión política a los sectores que no confían en la trampa y no renuncian a las aspiraciones de la lucha como la Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Es a través de las experiencias vivas en la lucha de clases y las luchas políticas que se irán desarrollando formas novedosas de seguridad, dirigidas por los propios trabajadores y sectores populares. En la tradición de Trotsky, decimos que “todas las policías, ejecutoras de la voluntad del capitalismo, del Estado burgués y de sus pandillas de políticos corruptos deben ser disueltas. Ejecución de las tareas policiales por las milicias obreras”. Ninguna confianza en una “nueva policía” dependiente de los capitalistas y su Estado.