La puja en torno a cómo sería el decreto que prohíbe el uso del glifosato y su eliminación de los campos mexicanos en 2024 tuvo su etapa final el último día del año 2020. El decreto incluyó como novedad la prohibición de siembra de maíz transgénico y su “eliminación de mesas de los mexicanos”.
Desde que la Dirección General de gestión integral de materiales y actividades riesgosas (DGGIMAR) que integra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó, por primera vez en su historia, un pedido de importación de mil toneladas de glifosato a México, pasó apenas un año hasta la publicación del decreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó prohibiendo el químico.
Sin embargo, los debates en torno a la prohibición del primero de los químicos utilizado masivamente en la agricultura industrial, develaron una división en el seno del Gobierno mexicano: entre los promotores de un cambio en la matriz agroalimentaria y quienes tienen una percepción menos optimista de esas pretensiones de cambio.
La semana pasada el diario The Guardian publicó evidencia en correos electrónicos oficiales de cómo distintas instancias del Gobierno norteamericano discutieron con representantes de Economía, Comercio y Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano la negativa a importar glifosato de noviembre de 2019, a pedido de empresas dedicadas al cabildeo favorable a la multinacional Bayer/Monsanto.
Esas presiones se dieron durante todo este tenso año, que acabó el 31 de diciembre de 2020 con México como el primer país latino en prohibir el uso de glifosato y en emprender acciones para su eliminación por completo de su actividad agroindustrial antes del 31 de enero de 2024.
El decreto del glifosato
Después de varias versiones en su redacción, diversas fuentes señalaron a Sputnik cómo el decreto del glifosato fue motivo de discordia entre altos funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Según el texto que puede leerse en el Diario Oficial de la Federación, el decreto establece “las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal en el ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestros país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la biodiversidad cultural del país y el ambiente”.
Para ello, la decisión se sostiene en diversas fuentes, apuntadas en sus considerandos:
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que establece su visión del desarrollo sostenible;
El principio precautorio contemplado en el Convenio sobre Biodiversidad biológica y el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología;
El objetivo de alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria mediante prácticas seguras para la salud, la biodiversidad y el ambiente del país;
Las alertas de diversos científicos a nivel mundial sobre los efectos nocivos del glifosato en la salud humana y animal, identificado como probable carcinogénico;
La prohibición de la sustancia en varios países y en que otros continúan su análisis para hacerlo;
La definición que serán las instituciones públicas en conjunto con investigadores, industria, agricultores y comunidades campesinas, quienes busquen los sustitutos a su uso, que sean seguros para la salud y el medio ambiente.
El articulado
El decreto se compone de seis artículos, que establecen el plazo de transición hasta el 31 de enero de 2024 para sustituir el uso de glifosato por alternativas sustentables.
A pesar de este plazo, el decreto señala que la prohibición tiene un efecto inmediato para las instancias del Gobierno Federal de usarlo y distribuirlo, así como comerciar, promover o importar glifosato.
El decreto encarga a la Secretarías de Agricultura (Sader) y de Medio Ambiente (Semarnat) promover e implementar alternativas con “otros agroquímicos de baja toxicidad, productos biológicos u orgánicos, prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.
Mientras que el Consejo Nacional de ciencia y tecnología (Conacyt) quedó a cargo de promover y desarrollar las investigaciones científicas de las alternativas mencionadas.
En el texto del artículo tercero del decreto se señala que tanto los productores, como la propia “industria de agroquímicos, asociaciones de usuarios de agroquímicos”, y también productores de bioinsumos serán convocados para participar del diseño e implementación de estas alternativas al químico.
El Conacyt deberá emitir recomendaciones anuales a las autoridades de las Secretarías para “sustentar en su caso, la cantidad de glifosato que autorizarán a los particulares para su importación”.
Para el primer semestre del año 2023, Sader, Semarnat y Conacyt deberán promover reformas legales y jurídicas para evitar el uso del glifosato como sustancia activa en agroquímicos, y también “del maíz genéticamente modificado en México”.
El artículo sexto del decreto había levantado controversia porque sus críticos referían que abría la puerta al maíz transgénico en México. Una puerta que hasta ahora se ha mantenido cerrada, gracias a una demanda judicial colectiva, que argumenta un daño a la biodiversidad mexicana, si se libera en al país un organismo de maíz genéticamente modificado.
En esa versión del decreto a la que Sputnik accedió a fines de octubre de 2020, se podía leer que el artículo dejaba a criterio de las “autoridades competentes en bioseguridad” el análisis de la “posibilidad de no otorgar permisos para la realización de actividades con semillas de maíz genéticamente modificado”.
Esto había sido criticado, diciendo que la redacción del decreto abría la posibilidad a su aprobación, cuando el objetivo del decreto era limitar esta discrecionalidad.
Aunque diversas fuentes vinculadas al tema señalaron a Sputnik que la Sader había desequilibrado la balanza en este tema, desde la dependencia desmintieron cualquier injerencia sobre ese texto permisivo, argumentado que seguía las directrices del Gobierno y que el tema transgénico no había estado en discusión.
El texto final del artículo sexto del decreto publicado, cambió la redacción de este punto. El mismo dice que las autoridades competentes “revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado”.
También “revocarán y se abstendrán” de otorgar autorizaciones para el uso de maíz transgénico en la alimentación de los mexicanos y mexicanas, hasta sustituirlo totalmente de sus mesas el 31 de enero de 2024.
Los primeros pasos
Con esta decisión, México se convirtió en el primer país de América Latina en trazar una ruta crítica para dejar de usar el glifosato en sus campos agrícolas. Consultado al respecto con conferencia de prensa a inicios de 2020, el Secretario de Agricultura de México, Víctor Villalobos, hizo hincapié en el plazo disponible para buscar sustitutos para el glifosato en buena parte de las 20 millones de hectáreas en uso agrícola del país.
“El presidente ha firmado este decreto que nos instruye como responsables en áreas de competencia que, para enero de 2024, se busque un sustituto al compuesto que puede afectar la salud humana y el ambiente. Impide el uso de fondos públicos para la compra de este compuesto y recae en las atribuciones de la Sader notificar a las áreas de competencia”, dijo Villalobos al responder sobre el decreto.
Explicó que por lo pronto, “no se destinarán recursos para la compra de este herbicida“, pero que “en tanto no tengamos un sustituto, se va a seguir usando en la agricultura comercial hasta que aparezca uno que atienda lo ambiental y la salud, pero también que sea económicamente atractivo para que lo implementen”, apuntó.
Sputnik pudo saber que se ha conformado un grupo intersecretarial para trabajar con el tema de glifosato, liderado por la titular de Medio Ambiente, María Luisa Albores, que incluye también a las secretarías de Agricultura, Salud, Economía y al Conacyt.
Aunque la prohibición de su uso y compra está vigente para los niveles de la Administración Federal, cómo ocurrirá su sustitución paulatina dependerá de la capacidad técnica y científica de innovación que ha asumido el Gobierno actual y la presión que puedan hacer los actores comprometidos o vinculados al campo en México.
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