El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que impulsará una “ley antiterrorista más eficaz” luego de una seguidilla de ataques incendiarios en la región indígena de la Araucanía, en el sur del país. Hasta allí, donde el pueblo mapuche reclama territorios ancestrales, Piñera envió a ministros y jefes policiales para intentar destrabar el conflicto. Mientras tanto, legisladores oficialistas le pidieron que declare el estado de sitio en la región.

La seguidilla de incendios forestales se produce en medio del histórico conflicto del pueblo mapuche, la mayor etnia del país que demanda territorios por derecho ancestral al Estado chileno, a quien acusa de habérselos entregado a privados. En ese contexto, ocho diputados oficialistas, todos de Renovación Nacional (RN, el partido de Piñera), más el senador Felipe Kast, de Evolución Política (Evopoli, la nueva derecha) pidieron declarar estado de sitio en toda la zona. 

“Quiero pedirle al presidente que de una vez por todas declaremos estado de sitio en la región de la Araucania y así poder entregarle el derecho de vivir en un país libre y soberano a todos los chilenos, cosa que hoy no ocurre en la región”, aseguró Diego Paulsen, presidente de la Cámara Baja y diputado de RN por uno de los distritos de la zona, cuya estancia fue atacada en 2015. En la misma línea la diputada Ximena Ossandón advirtió que “el terrorismo se debe combatir antes de que sea muy tarde”.

El ministro del Interior Rodrigo Delgado, enviado especial de Piñera a la Araucanía, se reunió con las policías para analizar los hechos de violencia que se viven en la zona. “No nos da lo mismo lo que ocurre”, enfatizó Delgado intentando aplacar los reclamos de mayor mano dura en la región.

Cumpliendo parcialmente con los reclamos de sus aliados, el mandatario chileno sumó el miércoles efectivos militares a los patrullajes policiales que se realizan en las tres regiones del sur del país donde se multiplican los incendios. En las regiones de Araucanía, pero también en Biobío y Los Ríos, el gobierno implementó patrullas mixtas de policías y militares tras el aumento durante la última semana de los ataques a haciendas, maquinaria y empresas madereras.

Las autoridades chilenas señalan como responsables de la violencia a grupos que apoyan la causa mapuche, pero también aseguran que detectaron en la zona la presencia de bandas de narcotraficantes y ladrones de madera. El apoyo militar “se está traduciendo en un reforzamiento de la acción de inteligencia con patrullajes mixtos de las policías y las fuerzas armadas en los lugares más vulnerables y de mayor riesgo en esas regiones”, indicó el presidente Piñera. Agregó que “en el sur hay una especie de maridaje entre narcotráfico y terrorismo” y renovó la necesidad de que avance su agenda legislativa.

“Los equipos mixtos tienen que velar por el control del orden público en el contexto por supuesto de la pandemia en el caso del Ejército, pero también en el contexto de distintas situaciones que ocurren en cada una de estas regiones”, sostuvo por su parte el ministro Delgado. Las patrullas mixtas forman parte de un plan de seguridad que el gobierno pretende implementar en la zona, y que además contempla nuevas leyes con sanciones más duras para los violentos. 

La pacificación de la Araucanía es una de las cinco prioridades que marcó Piñera al asumir el 11 de marzo de 2018. Sin embargo, se lo acusó de militarizar el conflicto indígena con la creación del cuestionado comando Jungla, del cual no se volvió a hablar tras la muerte del comunero indígena Camilo Catrillanca, en noviembre de ese mismo año.

No solo los agricultores presionan por mayor seguridad sino también las poderosas empresas forestales asentadas en el lugar. Las comunidades indígenas reivindican la restitución de tierras ancestrales, y la estatal Comisión Nacional Indígena ha comprado predios, pero a precios que se triplicaron a raíz del conflicto. Los desalojos suelen ser escenario de enfrentamientos brutales entre indígenas y carabineros.