Las organizaciones sociales aliadas al Gobierno de Luis Arce aseguraron que definirán acciones contra el paro médico, que cumplirá 10 días en rechazo a la ley de Emergencia Sanitaria. Mientras, siguen llegando al país vacunas anti-COVID-19.
Con tres meses en el poder, el Gobierno de Luis Arce tiene que lidiar con varios frentes de conflicto. El más duro es con los médicos y sindicatos de personal sanitario, que llevan una semana de paro en rechazo a la ley de Emergencia Sanitaria, a la cual en un principio habían avalado, para luego cambiar radicalmente de actitud.
Desde el Gobierno nacional observaron intenciones políticas en estas movilizaciones, dirigidas a desgastar la incipiente presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS). Las organizaciones obreras y campesinas advirtieron que asumirán medidas para defender la nueva normativa.
Si bien el paro médico goza de impacto mediático, no tendría alto acatamiento en los centros de salud. Según datos de la Defensoría del Pueblo, de 54 centros hospitalarios visitados en todo el país verificaron que 43 trabajaban normalmente, mientras los 11 restantes obedecían al paro decretado por el Colegio Médico.
“Como Defensoría del Pueblo reconocemos públicamente el compromiso por la salud y por la vida de casi todos los trabajadores de salud. Hemos visto en las verificaciones defensoriales que el acatamiento o la continuidad del servicio de salud está en alrededor del 80% aproximadamente”, dijo a Sputnik la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
“En el 20% restante tampoco se ha identificado que haya habido un cierre total de los centros de salud. Un 7 u 8% han hecho un acatamiento parcial. Es decir que han mantenido las puertas abiertas de los centros de salud y han brindado una atención parcial a las y los pacientes que asistían”, dijo Cruz.
Y agregó: “Un 12 o 13% han hecho acatamiento total del paro convocado por la Comisión Nacional de Salud [Conasa] en nuestro país”.
La Conasa está integrada por el Colegio Médico de Bolivia, el Colegio de Enfermeras de Bolivia, el Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia, así como los colegios de odontólogos, fisioterapistas, kinesiólogos, nutricionistas y trabajadores sociales.
La defensora del Pueblo hizo una evaluación de la medida de fuerza, que comenzó hace una semana y seguirá por tres días más, hasta el 28 de febrero.
“Lo que hemos visto hasta ahora es que las demandas del sector médico han sido atendidas, que las sugerencias de la Conasa han sido incorporadas al texto de la ley de Emergencia Sanitaria”, dijo Cruz. Por ello, consideró que “ahora no habría una justificación para mantener un conflicto”.
Un punto de la ley que provoca discordia con los doctores se refiere a la posibilidad de contratar personal extranjero. Más de una vez mostraron su rechazo a la posibilidad de que retornen al país las brigadas médicas cubanas, expulsadas por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).
“Fuera de que es un criterio un tanto xenófobo, sí debemos señalar que esto se evita a través de una propuesta de ellos, que fue incorporada al texto de la ley de Emergencia Sanitaria, donde asegura que se prioriza la contratación de personal boliviano antes de recurrir a otras instancias”, explicó Cruz.

El pronunciamiento de las organizaciones

El secretario general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Henry Nina, dijo a Sputnik: “Es muy lamentable la manera en que no atienden a nuestros hermanos en la época más crítica en la pandemia. Muchos están enfermándose”.
Y agregó: “Las organizaciones sociales vamos a pronunciarnos en el sentido de que los médicos deben volver a sus fuentes laborales”.
En la mañana del miércoles 24 de febrero, el presidente Luis Arce recibió en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra (este), 500.000 dosis de la vacuna anti-COVID-19 de Sinopharm, procedentes de China en un vuelo de Boliviana de Aviación (BOA).
“Ya hay vacunas y llegarán más por las gestiones del Gobierno. Es importante que mucha gente de escasos recursos pueda vacunarse y salvarse, sobre todo personas con enfermedades de base”, opinó el dirigente. El medio millón de dosis alcanzará para inocular a la totalidad de personal de salud del país, también para comenzar con quienes están en la tercera edad y grupos de riesgo.
Nina aseguró que junto con otras organizaciones, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) y la Central Obrera Boliviana (COB) analizan medidas de acción ante el paro médico.
“No pueden tratarnos de esta manera. Si hoy vino otro lote de vacunas gestionadas por nuestro hermano presidente, es porque la gente, todos queremos vivir. No pueden jugar con la vida”, sostuvo el líder intercultural.
“Hay muy buenos médicos que no han acatado el paro. Pero a algunos médicos solo les interesa el dinero. Muchos médicos estudiaron para salvar vidas, es por eso que las organizaciones sociales observamos la actitud de los médicos que tratan de confundir a la sociedad, tratando de cuidar sus negocios (como clínicas privadas) que han tenido por años”, afirmó Nina.
“No deberíamos polemizar. Es un momento para salvar vidas. Por eso como organizaciones estamos preocupadas por esta situación que no he visto en ningún país del mundo”, expresó el máximo ejecutivo de la CSCIOB.
Desde la llegada de la pandemia al país, en marzo de 2020, hasta este 23 de febrero se registraron 244.380 contagios, de los cuales 44.227 siguen activos, según el Ministerio de Salud. En este lapso se registraron 11.500 fallecimientos por motivo del COVID-19.

“Pónganse a vacunar”

En su discurso en el aeropuerto de Viru Viru, el presidente Arce dirigió una frase a los galenos manifestantes: “Pedimos a todos los médicos que, en lugar de hacer huelgas, se pongan a vacunar a la gente porque están esperando sus servicios”.
El conflicto está lejos de concluir, porque aún no existe ni un esbozo de diálogo.
“Como Defensoría del Pueblo, creemos que la manifestación, la disidencia, la protesta, entre otros similares hechos, son propios del Estado democrático, hacen mucho bien, dan salud al Estado de derecho”, dijo Cruz.
Pero objetó: “Cuando estas manifestaciones no encuentran un fundamento más allá del retórico y mediático, pues nos preocupa que lleguen a atentar contra los derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad de las personas”.
En los últimos días, en Bolivia se registraron y se registran varios focos de protesta, que incluso acabaron con policías e integrantes de la Asociación de Productores de Coca (ADEPCOCA) heridos.
También el departamento de Santa Cruz está completamente cortado en todas sus rutas de acceso, por una protesta de los empresarios sojeros contra los límites de precios establecidos por el Gobierno nacional. También exigen mayor apertura a las exportaciones agrícolas y la habilitación de cultivos con transgénicos.
Para el Gobierno, estas protestas tienen la intención de desestabilizar la gestión presidencial de Arce, asumida en noviembre de 2020, luego de haber vivido 11 meses bajo una gestión de facto. En la Casa Grande del Pueblo consideraron que tendrían la intención de enrarecer el clima político, cuando faltan 11 días para la celebración de las elecciones subnacionales. En este 7 de marzo se elegirán nuevos gobernadores, alcaldes y asambleístas para los nueve departamentos, entre otras autoridades. Así se redibujará el mapa de poder dentro del país.
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