El 4 de marzo de 1991, el presidente Patricio Aylwin se dirigió al país por televisión para presentar el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, un voluminoso estudio por el que el Estado de Chile estableció unas conclusiones oficiales sobre el carácter y la naturaleza de los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet: “Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 existió una situación de violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos”.

Visiblemente conmovido, Aylwin (presidente de la Democracia Cristiana en 1973 y uno de los generales civiles del golpe de Estado) llamó al conjunto del país a aceptar y asumir su contenido: “Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Por eso es que las sugerencias sobre reparación moral y material que formula el Informe son compartidas por todos los sectores. Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso, también, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo”.

Asimismo, anunció las medidas de apoyo a los familiares de las víctimas, con la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Sin embargo, del conocido como Informe Rettig quedó excluida la tortura y de los crímenes reconocidos no se derivaron responsabilidades penales, al contrario de lo sucedido en Argentina con el Informe de la Comisión Nacional de Desaparecidos.

La lucha por la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la represión de la dictadura, iniciada por los familiares de los desaparecidos y de los ejecutados ya en 1974, fue determinante para la derrota de Pinochet en el histórico plebiscito del 5 de octubre de 1988, que le impidió permanecer en el poder hasta 1997. Ese legado ético sustentó también la candidatura de Aylwin en las elecciones presidenciales de diciembre de 1989, que le franquearon las puertas de La Moneda el 11 de marzo de 1990.

El 25 de abril de aquel año, el presidente Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, presidida por el exsenador Raúl Rettig (embajador del gobierno de Salvador Allende en Brasil) e integrada por cuatro personalidades vinculadas a las fuerzas de centro-izquierda (coaligadas en la Concertación de Partidos por la Democracia) y cuatro próximas a la derecha, entre ellos el abogado e historiador Gonzalo Vial, exministro de Educación de la dictadura, quien además se ocupó de escribir la parte referida al contexto histórico.

La Comisión recibió el mandato de elaborar un informe acerca de las más graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990: detenidos desaparecidos, ejecutados y personas fallecidas a consecuencia de las torturas sufridas a manos de agentes del Estado; también de aquellas víctimas de la violencia de grupos opositores a Pinochet.

El 8 de febrero de 1991, Raúl Rettig entregó a Aylwin el Informe, dividido en tres tomos que suman casi 1.400 páginas, que había sido aprobado de manera unánime por los miembros de la Comisión. Recogió los nombres y la breve historia de 2.115 personas calificadas como “víctimas de violación a sus derechos humanos” (1.068 ejecutados políticos; 957 detenidos desaparecidos; 90 personas muertas por atentados) y de 164 personas víctimas de “la violencia política”. Además, incluyó otros 641 casos respecto de los que la Comisión no pudo formarse una convicción definitiva y consideró necesario que se siguieran investigando.

El 21 de marzo, dos semanas después del histórico discurso de Aylwin, en la Sala de Audiencias de La Moneda tuvo lugar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el organismo previsto por la Constitución de 1980 para que las Fuerzas Armadas ejercieran su rol tutelar. 

Participaron los comandantes en jefe del Ejército (Pinochet), la Fuerza Aérea y la Armada y el general director de Carabineros; el presidente Aylwin; el presidente del Senado, Gabriel Valdés; el presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado; el contralor general de la República, Osvaldo Iturriaga; Belisario Velasco, viceministro de Interior; Enrique Silva Cimma, ministro de Relaciones Exteriores; Patricio Rojas, ministro de Defensa; Alejandro Foxley, ministro de Hacienda; y Carlos Ominami, ministro de Economía. Aylwin abrió la reunión explicando que la finalidad de la misma era conocer las opiniones acerca del Informe Rettig.

La reacción de Pinochet

Aunque en 1990 el Ejército ya había trasladado su posición a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en cuatro volúmenes, aquel día Pinochet lanzó una verdadera andanada contra el Informe Rettig, al que negó validez histórica y jurídica. “El Ejército de Chile, en aras del prestigio y la dignidad elemental de la institución, manifiesta su fundamentada discrepancia”, señaló.

No dudó en volver a justificar el golpe de Estado (incluso citó el respaldo al mismo en 1973 de Aylwin y del expresidente democratacristiano Eduardo Frei) y exaltó la obra de su régimen para remarcar que el Ejército no tenía que pedir perdón “por haber tomado parte en esta patriótica labor”.

Asimismo, descalificó a la Comisión y negó su imparcialidad, al tiempo que censuró su “utilización político partidista” y “la amplia cobertura internacional que se está procurando darle, cuyos alcances pueden comprometer aspectos básicos de la seguridad interna y de la defensa externa de la República”. “El Ejército de Chile declara solemnemente que no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía de la Patria”.

Después de su extensa intervención, solo tomaron la palabra tres de los presentes. Brevemente, el presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado, señaló que aún no habían valorado el Informe Rettig, que dejaba constancia de la pasividad y la indiferencia del Poder Judicial ante las violaciones de los derechos humanos durante aquellos diecisiete años. Por su parte, el general Fernando Matthei (comandante en jefe de la Aviación) recordó que ya se habían pronunciado el 8 de marzo.

Todo cambió en 1998, cuando Pinochet fue detenido en Londres a petición del juez Baltasar Garzón

Solo el ministro Carlos Ominami, hijo de un oficial democrático de la Fuerza Aérea, se atrevió a responder a Pinochet: “Constato la gran dificultad que tenemos todavía para ponernos de acuerdo en una visión compartida acerca de un periodo tan complejo y tan convulsionado como el que nuestro país vivió desde finales de los años sesenta […]. En esta materia, como muchas veces se ha dicho, será finalmente la historia la que definitivamente resuelva”. Ominami abogó también por que todas las partes hicieran esfuerzos para lograr una “reconciliación efectiva entre todos los chilenos”.

En más de una oportunidad, Aylwin conversó personalmente con Pinochet acerca del contenido del Informe Rettig, como explicó en 2001, diez años después, a la periodista Margarita Serrano: “Recuerdo una vez que le dije: ‘Pero, general, ¿cómo pudieron hacer tanta barbaridad?’. ‘Estábamos en guerra, presidente’, me respondió. ‘Eso es cuento, general, si la guerra duró dos días. Si al segundo día ustedes tenían al país dominado’, le insistí. Y él me dijo: ‘Pero si había diez mil hombres armados, con armas cubanas, nos iban a matar a todos’. Y de ahí no lo saqué”.

De manera paradójica, con su rechazo del Informe Rettig y de la culpa compartida que Aylwin ofreció en su discurso del 4 de marzo de 1991, las Fuerzas Armadas hicieron fracasar la “liturgia de la reconciliación”, en palabras del sociólogo Tomás Moulian: el intento simbólico del presidente y de la Concertación de poner el punto final al pasado traumático de la dictadura.

Durante los años noventa, con la excepción de las condenas por el asesinato del exministro Orlando Letelier y su asistente, Ronni Moffit, en Washington en 1976 o de tres dirigentes comunistas (Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino) degollados en 1985, los sucesivos gobiernos de la Concertación intentaron cerrar, a través de diferentes acuerdos con la derecha, las causas judiciales relacionadas con la represión de Pinochet.

Todo cambió a partir de aquella noche del 16 de octubre de 1998, cuando el dictador chileno fue detenido en su habitación de la London Clinic por agentes de Scotland Yard a petición del juez Baltasar Garzón. Desde entonces, los tribunales chilenos empezaron a juzgar centenares de casos de violaciones de los derechos humanos y a dictar condenas contra los subordinados de Pinochet, quien falleció el 10 de diciembre de 2006 (Día Internacional de los Derechos Humanos) procesado en varios juicios. Además, en 2004 y 2010, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura entregó sus dos informes, que reconocieron más de cuarenta mil víctimas.

Hoy decenas de represores cumplen penas de prisión y existe una opinión pública que mayoritariamente repudia la dictadura y sus crímenes. En agosto de 2018, el ministro de Cultura del presidente Sebastián Piñera, Mauricio Rojas, tuvo que dimitir solo tres días después de su nombramiento cuando se recordaron unas declaraciones suyas contra el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (dedicado a las víctimas de la dictadura) en las que sostenía que este era “un montaje”.

En el largo camino de lucha contra la impunidad y de construcción de una Memoria Democrática en Chile, el Informe Rettig fue un hito relevante.

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