Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), calificó a trámite el recurso subjetivo presentado por el candidato presidencial Yaku Pérez y por el coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, en el que solicitan el recuento de más de 20 000 actas con supuestas inconsistencias de la primera vuelta de las elecciones en Ecuador. El auto de admisión se hizo público la noche de este lunes 8 de marzo del 2021 en Quito.

Una vez que el recurso se aceptó a trámite, el magistrado tiene 15 días para resolver el pedido de Pachakutik. Muñoz había solicitado al movimiento que aclarasen los fundamentos de su petición y los elementos de prueba. La organización ingresó la aclaración junto a doce mil setenta y cinco fojas y un pen drive, según se lee en el oficio.

Desde el TCE se explicó que durante el fin de semana el personal del Tribunal colaboró con la foliación de los archivos que forman parte del expediente. Mientras no se resuelva el recurso, el TCE no podrá certificar que no existen reclamos pendientes, para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inicie la impresión de la papeleta para la segunda vuelta electoral, programada para el domingo 11 de abril.

 

El objetivo de Pachakutik es que el TCE deje sin efecto la resolución del CNE, con la que se efectuó el recuento de 31 actas de más de 20 000 presentadas con supuestas inconsistencias, como parte de un reclamo a los resultados de la primera vuelta.

Los resultados proclamados por el CNE colocan en el balotaje a Andrés Arauz (Unes) y a Guillermo Lasso (Creo-PSC). Yaku Pérez, quien logró la tercera votación más alta, habla de un supuesto fraude orquestado en su contra, por lo que insiste en el recuento.

La solicitud de apelación también se envolvió de polémica, luego de que un medio digital publicara fotos de un “saludo casual” entre Yaku Pérez y el juez Ángel Torres, integrante del TCE, en un edificio privado del norte de Quito. El artículo 12 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral dice que ningún candidato se puede reunir con los jueces electorales, y que, si lo hacen, deben enviar una carta al Pleno.