Argentina anunció el retiro del Grupo de Lima por diferencias en torno al tratamiento de la situación en Venezuela, informó la Cancillería mediante un comunicado.
“La República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”, dice el escrito.
La Cancillería también aclaró: “un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.
La posición oficial de Argentina con relación a la situación en Venezuela seguirá siendo la de aportar a que se reestablezca un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional.
“Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad. Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto”, añade el comunicado.
También propone la inclusión de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales.
Para Argentina, “las sanciones [impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea] han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo a lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”.
En enero de 2020, cuando la administración de Alberto Fernández llevaba menos de un mes en el poder, el canciller Felipe Solá adelantó que Argentina participaría en el Grupo de Lima, pero las diferencias hacia adentro del bloque regional quedaron expuestas en octubre de ese año, cuando se publicó el informe sobre Venezuela elaborado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ese organismo, Michelle Bachelet.

Sin sentido

El Gobierno de Alberto Fernández critica “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima”, con relación al reconocimiento que el Grupo hizo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que hace parte del conglomerado. Esto ha hecho que se adopten posiciones que Fernández “no ha podido ni puede acompañar”.

Según el comunicado de la Cancillería, “las sanciones” impuestas a Venezuela “han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo con lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”.

Pero las denuncias que se han hecho a nivel internacional sobre la situación en Venezuela no paran. En varias ocasiones, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha documentado casos de represión de protestas pacíficas, bajos salarios, deficiencia en los servicios públicos, escasez de gasolina, aumento de casos de torturas, desapariciones forzosas, acoso, intimidación a periodistas y miembros de la oposición, etc.

De hecho, la oposición venezolana -que considera ilegítimas las últimas elecciones presidenciales que le dieron de nuevo la victoria a Nicolás Maduro-, dice que el país atraviesa una “emergencia humanitaria compleja” al punto de pedir ayuda a la comunidad internacional.

A pesar de su retirada del Grupo de Lima, Argentina continúa participando en el Grupo Internacional de Contacto (GIC), integrado por países latinoamericanos y europeos. En la reunión del pasado 2 de febrero, el canciller argentino, Felipe Solá, reiteró que “la solución para Venezuela es de los venezolanos”.