En medio de llamados de organizaciones humanitarias para que cese la represión en Colombia, el presidente Iván Duque hizo un viaje relámpago a Cali, tercera ciudad del país y epicentro de las manifestaciones, y ordenó el mayor despliegue de las fuerzas de seguridad “para brindar seguridad a los ciudadanos”. Horas más tarde, el presidente conservador se reunió con el Comité Nacional del Paro integrado por sindicatos y organizaciones que convocaron las protestas del 28 de abril hasta hoy. Un encuentro que culminó sin acuerdos: fue convocada una nueva jornada de manifestaciones para el miércoles.

“El gobierno no dijo nada en concreto en los dos temas centrales que se plantearon, las garantías de las protestas y el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente”, expresó a la agencia Efe el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.

Duque arrancó esta semana una ronda de diálogos con varios sectores para intentar salir de la crisis política y social abierta con las multidinarias protestas, en las que decenas de miles de colombianos pidieron el fin de la ya extinta reforma tributaria, pero que han desembocado en otras peticiones como la retirada de una reforma de la salud y el fin de la brutalidad policial. 

Pero sucede que al mismo tiempo que abre el diálogo, el mandatario llama a reforzar la presencia policial en las calles. Duque pidió que se realice “el mayor despliegue” de fuerza pública en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas que vive el país desde el 28 de abril, mientras que el expresidente Álvaro Uribe, su mentor político, llamó directamente al “ocupamiento militar” de la ciudad.

“En función de las facultades constitucionales que tengo como presidente de la República para acompañar y dirigir las situaciones de orden público local, deben en este momento ustedes garantizar (…) el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública”, dijo Duque en un mensaje dirigido a la delegación de gobierno que se encuentra en esta ciudad.

Sin dar más detalles de si se refiere a un despliegue militar, como el que permitió hace una semana, o a la Policía que ya se encuentra patrullando en todas las ciudades del país, el presidente hizo ese llamamiento “para brindar toda la tranquilidad en la ciudad de Cali”.

Estas declaraciones se producen después de doce días de protestas, que comenzaron en rechazo contra la ya retirada reforma fiscal, y que resuenan con fuerza en Cali, cuya una población está azotada por el desempleo, la pobreza y es una región con graves problemas de seguridad.

Ataque a una marcha indígena

El domingo, hombres armados en vehículos de alta gama abrieron fuego contra la marcha indígena, cuando ésta entraba en Cali, a la altura de la zona de Cañasgordas, hiriendo a 10 miembros de la guardia indígena.

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informaron que sobre las 14:20 (16.30 de Argentina), la minga (marcha) indígena, compuesta por varias camionetas, fueron “atacados por una turba uribista en conjunto con fuerza pública”, que pretendían quitar el bloqueo en esa zona de Cañasgordas, en el sur de la ciudad.

La población indígena con su marcha ha inundado la ciudad de Cali para unirse a los manifestantes y la guardia indígena patrulla por los barrios para evitar situaciones de desorden público o mediar en los enfrentamientos con la Policía.

Duque reiteró el mensaje que pronunció dos horas después del incidente de pedir a los indígenas que vuelvan a sus territorios. “En este momento y dadas las circunstancias de orden público es necesario que retornen a sus resguardos, toda vez que la situación de alteración del orden público puede suscitar en este momento confrontaciones con la ciudadanía”, dijo el mandatario, quien por otra parte no se pronunció sobre el hecho de que haya civiles armados en las calles.

El mandatario también pidió a las autoridades locales que impongan restricciones a la movilidad para evitar “confrontaciones con la ciudadanía”.

En Cali es donde se han vivido los hechos más violentos, sobre todo entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con episodios de brutalidad policial contra los manifestantes que han dejado 35 muertos según organizaciones sociales.

Amnistía Internacional (AI) pidió este lunes que cese la violencia contra los indígenas que se están manifestando en Colombia.  “Los ataques de civiles armados, algunos en presencia de la policía, en contra de la Minga Indígena en Cali son un reflejo de dinámicas de violencia que no cesan en Colombia y que se han acentuado en el contexto de las protestas sociales en el marco del Paro Nacional”, expresó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.

En esa misma línea, la oficina en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos manifestó su rechazo por los “ataques sufridos por la minga indígena en Cali y expresamos grave preocupación”.

“Urgimos porque se investigue y sancione el ataque que deja por lo menos 8 indígenas heridos, entre ellos varias mujeres lideresas y defensoras (…) Llamamos a la calma a todas las personas, especialmente en Cali, y al respeto a la vida y los derechos fundamentales”, expresó la representante en Colombia de esa oficina, Juliette de Rivero, en Twitter.

Guevara Rosas también advirtió que los pueblos indígenas y afrodescendientes “han sufrido desproporcionalmente las consecuencias de la violencia, el conflicto armado y la falta de protección del Estado”.

“Es inaceptable que los llamados urgentes a las autoridades para prevenir la violencia armada no fueron atendidos inmediatamente; por el contrario, varias autoridades, incluida la Policía Nacional, emitieron declaraciones estigmatizantes sobre la minga indígena y quienes se manifestaban pacíficamente en Cali”, expresó.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” por el ataque con armas de fuego contra la movilización indígena en Cali. “La CIDH insta al Estado de Colombia a investigar diligentemente los hechos incorporando un enfoque étnico-racial, esclareciendo la posible participación de agentes estatales, y sancionando a los responsables; así como a proteger la vida e integridad de personas indígenas”, señaló el organismo con sede en Washington en su cuenta de Twitter.La CIDH advirtió sobre “el grave impacto colectivo que estos ataques tienen sobre los propios pueblos y comunidades indígenas en Colombia” y destacó “el rol de las guardias indígenas en la defensa de sus derechos”.

En la madrugada de este lunes, los manifestantes y las autoridades locales de Cali llegaron a un acuerdo para levantar un bloqueo en la principal entrada a esa ciudad, mientras que la minga indígena anunció la apertura de un corredor humanitario por 24 horas.