Gran parte de los $us 2,3 millones que robaron los exministros bolivianos de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, junto con sus cómplices, mediante la compra irregular de gases lacrimógenos, fue invertida en un proyecto inmobiliario en la zona del Urubó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“La buena noticia que podemos manifestar al pueblo boliviano es que ya tenemos identificado donde se encuentra el dinero de la corrupción (por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio) y gran parte de estos recursos ha sido invertida en la construcción del World Trade Center de Santa Cruz y en la inmobiliaria El Doral”, detalló en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Según el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), el 16 de noviembre de 2019 se gestó un negocio fraudulento entre el ministro de Gobierno Arturo Murillo, el ministro de Defensa Luis Fernando López, amigos y colabores de ambos, además de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), para la compra de material antidisturbios con un sobreprecio de más de $us 2 millones.

  

El Estado boliviano adquiere desde gestiones anteriores este material de la empresa brasileña Cóndor; sin embargo, durante la administración de Añez, extrañamente se decidió acudir a la empresa Bravo Tactical Solutions como intermediaria.

El pago de coimas a los exministros y sus allegados concretó el ilícito negocio que les otorgó a los miembros del clan una ganancia de $us 2,3 millones, que se repartieron entre todos.

TRES DECRETOS SUPREMOS

Entre el 29 de noviembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020, Jeanine Añez y su gabinete firmaron los decretos para justificar la compra del armamento no letal, el presupuesto que también fue usado para coimas y el sobreprecio.

El Decreto 4090 autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotín para la Policía Boliviana, el Decreto 4116, que abrogó el Decreto 4090, autorizó al Ministerio de Defensa a realizar la contratación directa en el extranjero para la compra del material, y el Decreto 4168 le permitió al Ministerio de Gobierno transferir dinero al Ministerio de Defensa para la compra del material antidisturbios.

EL DINERO PASÓ POR VARIAS MANOS

El 17 de diciembre, la empresa brasileña Cóndor vendió los gases a Bravo Tactical Solutions en $us 3,3 millones y el 19 de diciembre el Ministerio de Defensa suscribió un convenio con esta compañía extranjera para la compra del armamento no letal en $us 5,6 millones.

El 13 de enero de 2020, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, intentó hacer un giro, a través de su cartera, de $us 5,649,137 millones a BT. Paralelamente, Arturo Murillo viajó a Estados Unidos para reunirse con Luis Berkman, representante de BTS y abrió una cuenta bancaria a su nombre y retornó a Bolivia.

“Abren una cuenta en los Estados Unidos y tres días más tarde intentan, a través del Banco Central de Bolivia, la trasferencia de $us 5,6 millones de dólares”, denuncio Del Castillo.

A fines de enero de 2020, el banco JP Morgan Chase Bank rechazó el pago del monto total al detectar una situación irregular, por ello los involucrados en el ilícito trazaron un plan para enviar los $us 5,6 millones. De ese total, la ganancia fue $us 2,3 millones de dólares que se repartieron entre varias personas.

“Vamos a trabajar como Ministerio de Gobierno para recuperar cada centavo que se le ha robado al pueblo boliviano durante la pandemia. Han utilizado la excusa de comprar gases lacrimógenos para robarse $us 2,3 millones”, sentenció Del Castillo.

LAS INVESTIGACIONES EN BOLIVIA

Luego de las aprehensiones de Murillo y Méndez en Estados Unidos, quienes son investigados por soborno y lavado de dinero, activistas y políticos de oposición aseguran que la Fiscalía boliviana no hizo nada para esclarecer este caso, a pesar de que a mediados de 2020 ya tenía conocimiento del negociado.

Al respecto, Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía General del Estado, les invitó a conocer el cuaderno de investigaciones para que no haya dudas del trabajo.

“El 8 de junio de 2020 ha iniciado el proceso correspondiente y se ha dado noticia a la autoridad jurisdiccional para que se investigue el proceso de contratación por  las serias observaciones e irregularidades en la compra de armamento no letal mediante el intermediario Bravo Tactical Solutions”, dijo.

Recordó que la Fiscalía emitió los requerimientos diagramando la estrategia de acción a través de investigaciones sobre movimiento de flujos bancarios, informes en Derechos Reales y otros lugares donde hay registro de bienes.

“Se indagó sobre partícipes que intervinieron y se ha pedido información sobre el proceso de contratación íntegro a los dos ministerios. En octubre de 2020, el Ministerio Público, además de colectar la información, ha recibido declaraciones informativas de los rangos altos y medios de la empresa Cóndor, que ha aprovisionado los gases a la intermediaria”, señaló.

Con dicha información fueron emitidas las imputaciones y órdenes de aprehensión en contra de Arturo Murillo y Luis Fernando López.

TEXTO DEL FACEBOOK DEL MINSITRO DE GOBIERNO EDUARDO DEL CASTILLO:

  

Hace minutos hicimos una conferencia de prensa para explicar de manera detallada la «Ruta del Dinero» del Clan Mafioso del Gobierno de Añez, es decir, dónde se llevaron el dinero que desfalcaron de las arcas del Estado.
De acuerdo a los informes del Departamento de Investigaciones de Estados Unidos, contrastada con los reportes de nuestra Unidad de Investigaciones Financieras #UIF se ha podido trazar la ruta de parte del dinero de la corrupción del gobierno de Añez.
En primera instancia es importante mencionar la normativa que ha emitido este clan para la comisión del delito, aprobando para tal propósito 3 Decretos Supremos:
1. Decreto Supremo 4090 de 03/12/19 Autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de este armamento no letal.
2. Decreto Supremo 4146 de 12/12/19 Autoriza la contratación Directa en el extranjero.
3. Decreto Supremo 4168 de 28/02/20 Autoriza la transferencia de este armamento a la #PolicíaBoliviana.
En este sentido, y como ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, el Estado boliviano firmó un contrato con Bravo Tactical Solutions el 19/12/2019 por $ 5.6 millones, monto que el 13/01/2020 el señor Fernando López, intentó cancelar a través del Banco Central de Bolivia con un giro de aproximadamente $5,649,137; casualmente esa misma fecha, el señor Arturo Murillo se encontraba en Estados Unidos, donde se reúne con Bryan Berkman. Más tarde, ese mismo día, Murillo abre una cuenta en un banco de EEUU y retorna a Bolivia.
El 29/01/20, el Banco JP MORGAN CHASE BANK rechaza el pago que López trataba de realizar por generar sospechas, básicamente observa que la cuenta de BTS había sido abierta 3 días antes de la millonaria transacción, por lo que no se ejecuta la transacción.
Por tal motivo, López trata una vez más de realizar el pago el 17/03/20 logrando su cometido haciendo un pago de $3.9 millones a la empresa BTS, posteriormente el 08/04/20 se transfiere el saldo restante de $1,7 millones, haciendo un total de $5.6 millones, de los cuales $3.3 millones fueron a la empresa Cóndor en Brasil, y el restante $2.3 millones sería el monto de sobornos y lavado de dinero de este clan.
PRIMER SOBORNO:
El 15/04/2020, el denominado «individuo 1» entrega a familiar de Philip Lichtenfeld la suma de $ 700 mil en dos depósitos de $450 mil y $250 mil; de estos $ 700 mil, el familiar de Lichtenfeld entrega a Rodrigo Méndez (ex Jefe de Gabinete de Murillo) la suma de $582 mil para su repartición con Arturo Murillo.
SEGUNDO SOBORNO:
El 13/04/2020, Philip Lichtenfeld envió un correo electrónico a Luis Berkman diciendo «te estoy enviando la cuenta de mi empresa en Bolivia para realizar la transferencia», en este sentido, de acuerdo a reporte financiero de la UIF, BRAVO TACTICAL SOLUTIONS (o sea Luis Berkman) realizó 3 transferencias a la cuenta del banco Bisa a nombre de Philip Lichtenfeld.
Depósitos:
• 14/04/2020 $500 mil
• 17/04/2020 $320 mil
• 30/06/2020 $100 mil
Haciendo un total de $920 mil, que según el reporte bancario respectivo, la cuenta figura como: Proyectos Inmobiliarios «El Doral S.A.», empresa que tiene participación en los proyectos: WORLDTRADE CENTER (SANTA CRUZ), Y LA INMOVILIARIA “EL DORAL” (COCHABAMBA)
TERCER SOBORNO:
El 15/04/2020 Luis Fernando López preguntó a Luis Berkman por el depósito, y Berkman manda la captura de esa conversación a Philip Lichtenfeld quien envía a Berkmann horas más tarde una captura de pantalla con la confirmación del depósito a un familiar de López por $ 20 mil.
CUARTO SOBORNO:
El 29 de junio de 2020 Philip Lichtenfeld envió a Luis Berkman una nota escrita a mano “TRANSFER ARTURO” enumerando dos transacciones: uno por $ 79 mil y el otro por $ 100 mil, haciendo un total de $179 mil, que recibió el señor Arturo Murillo. Adicionalmente a esto, el 6/01/2021 (cuando ya Murillo escapó del país y residía en Estados Unidos), Rodrigo Méndez mandó a Arturo Murillo una captura de conversación con Philip Lichtenfeld, en la cual Lichtenfeld hablaba de la entrega de otros $30 mil a Arturo Murillo.

                          

RECHAZO DE INTERPOL

“La Interpol ha sido uno de los obstáculos que ha sufrido el Ministerio Público porque en su razonamiento la persecución era considerada una persecución política, entonces tuvo que ser una justicia ajena al Estado Plurinacional que ha dado cuenta de los actos de corrupción y la pretensión de legitimar las ganancias ilícitas, y así nos dieron la razón”, apuntó.

Remarcó que la Fiscalía no cumple persecuciones de orden político, sino que las persecuciones contra Murillo y López se fundan en actos de corrupción en la compra del armamento no letal.

“La Cancillería anterior ha sido otro obstáculo para que no cumplamos con la identificación o el lugar donde estaban Murillo y López, porque pese a las cartas cursadas a Interpol y la Cancillería, ambas instituciones no han dado fruto, porque dijeron que eran persecuciones políticas, ésa ha sido su máxima bandera y nos impidió a avanzar”, manifestó a los periodistas.

La Fiscalía ya inició los trámites para solicitar la extradición de Murillo y para que se active la notificación azul a fin de conocer el actual paradero de Luis Fernando López, de quien se sospecha que está oculto en Brasil.

En próximos días se realizará la audiencia cautelar de Murillo en Estados Unidos.