Mal SalvajeLa defensa del exministro boliviano Arturo Murillo, preso por ladrón en Estados Unidos, consiguió firmar un acuerdo con la Fiscalía de ese país para postergar la audiencia preliminar, algo que según el gobierno de Luis Arce, sería el primer paso para negociar la información que podría tener sobre Evo Morales y su partido el MAS.
El Tribunal del Distrito de Estados Unidos, en relación al caso 213030, emitió una moción de consentimiento para postergar la audiencia preliminar en la que se debe presentar la acusación formal para el 9 de julio, pero para eso, la Fiscalía y la defensa del exministro boliviano suscribieron un acuerdo.
El tribunal homologó el documento y estableció que “las partes, por la presente, estipulan y acuerdan que existe una buena causa para aplazar la audiencia preliminar y prorrogar el tiempo de acusación en este caso” y aclara que del 7 de junio al 9 de julio constituirán “una demora excluible, según la ley que se está aplicando. Que la demora se fundamenta en el interés de la justicia debido a la inusual complejidad fáctica del caso”.
Apuntó que ese tiempo se utilizará para que los abogados del imputado “revisen materiales con él. Además, para una preparación eficaz, teniendo en cuenta el ejercicio de la debida diligencia y el deseo de las partes de discutir la posible resolución del caso. “Todos los cuales son de interés de la justicia y superan los mejores intereses del público y del defensor en un juicio rápido”.
El acuerdo tiene ocho puntos. Primero, recuerda que el 22 de mayo Murillo fue arrestado por conspirar para cometer lavado de activos, en violación a las leyes de EEUU. El 24 de mayo el exministro realizó “su primera comparecencia ante este tribunal”.
Fue detenido en espera de la audiencia de detención programada para el 26 de mayo de 2021, mientras que su audiencia preliminar estaba programada para el 7 de junio (ayer).
El tercer punto señala que el 26 de mayo Murillo estuvo representado por abogado, pidió que se retrase y acordó continuar su audiencia de detención el 7 de junio. Argumentó, en esa ocasión, que su abogado debía tener conocimiento de los elementos que lo involucraban en el proceso.
En el cuarto señala que la ley de juicio rápido requiere que se presente una información o acusación dentro de los 20 días posteriores al arresto del acusado, o la notificación con citación.
Además, según la regla federal de procedimiento penal, un magistrado debe celebrar una audiencia preliminar a más tardar 14 días después de la comparecencia inicial, si está detenido.
Murillo cumplió este lunes su décimo segundo día luego de esa audiencia. Pero, según el texto, “un magistrado puede extender ese tiempo con el consentimiento del acusado, con la demostración de causa justificada”.
Las partes solicitaron, en el punto seis, que la corte amplíe el plazo para dictar sentencia y volvieron a fundamentar el pedido en la necesidad de tiempo para que el abogado del acusado revise el material con el acusado para la preparación eficaz, “y el deseo de las partes de discutir la posible resolución del caso”.
Esa es la parte en la que se deja abierta la posibilidad de negociar una eventual condena u otra forma de resolución del caso.
Si Murillo se declara culpable, puede reducir su pena hasta a dos años. Si es que señala que es inocente, deberá demostrarlo en un juicio que puede durar uno o más años. Si pierde podría tener una condena por lavado de dinero y soborno de hasta 20 años. Pero hay una tercera opción, la ley de EEUU establece que podría ingresar a un programa de protección a testigos, pero para ello tendría que dar información que favorezca a la seguridad nacional de ese país.
El punto séptimo establece que, por la presente, “Murillo Prijic acuerda renunciar a cualquier objeción bajo la ley de juicio rápido y extender el tiempo del Gobierno para presentar una información o acusación, para el período de tiempo especificado en la moción”.
Además, remarca que “esta renuncia está hecha a sabiendas, de manera intencional y voluntaria por parte del acusado”. Por esa razón, el punto ocho cierra el documento e indica que por la misma razón “las partes solicitan el aplazamiento de la audiencia preliminar para el 9 de julio”.
Gobierno boliviano lo enjuciará
El gobierno de Bolivia presentará una demanda civil contra el ex ministro de gobierno de la última administración de facto de ese país, Arturo Murillo, quien actualmente se encuentra arrestado en Estados Unidos por un negociado en la compra de materiales antidisturbios para la policía, anunció ayer el procurador general, Gonzalo Chávez.
“La cuantificación (del monto por el que sería demandado Murillo) la tendremos luego de que avancemos la acción civil estos días y la presentemos en Miami”, dijo Chávez a la televisión estatal.
El procurador hizo la declaración a una enviada especial de la televisora en esa ciudad estadounidense, donde el ex ministro se encuentra detenido desde hace más de dos semanas para enfrentar un proceso penal por corrupción y lavado de dinero, derivado del mismo negociado.
Murillo fue detenido junto a otro ex funcionario boliviano y tres ciudadanos estadounidenses.
Chávez confirmó que la audiencia de lectura de cargos al funcionario del gobierno de facto de Jeanine Áñez, en principio prevista para ayer, fue pospuesta hasta el 9 de julio, mientras se esperaba que prosigan en Estados Unidos los procesos contra otros dos procesados en el mismo caso, Luis y Bryan Berckman.
El procurador general dijo que Murillo enfrenta la posibilidad de varios juicios en Bolivia, aparte de los procesos en Estados Unidos.
El ex ministro, quien fue el hombre fuerte del gobierno transitorio de Áñez (entre noviembre 2019 y noviembre 2020), hizo en los primeros meses de esa gestión la compra de los materiales antidisturbios para la policía por la cual ahora está procesado.Según la investigación policial, el ex ministro y sus socios pagaron un sobreprecio.