El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó este jueves que se está investigando el presunto envío de gases lacrimógenos y municiones de alto calibre desde Ecuador, durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), a la administración de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).

En conferencia de prensa, Del Castillo indicó que ya habían tenido información sobre el traslado de los gases lacrimógenos desde territorio ecuatoriano al régimen de Áñez, en calidad de préstamo.

“Sin embargo, tenemos información extraoficial que también habían proporcionado municiones de alto calibre, estamos hablando de municiones de guerra“, dijo el funcionario desde las instalaciones de la Estación Policial Integral de Pura Pura, en La Paz.

Al respecto, Del Castillo dijo que indagarán sobre si la normativa legal de Ecuador “permitía que Lenín Moreno sacara armamento de guerra para destinarlos a otros países”.

“Está en investigación, y en las próximas horas comunicaremos al pueblo boliviano sobre toda la dotación que habría entregado Ecuador a Bolivia“, anunció.

El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, señaló, por su parte, que esta información se desprende de las declaraciones que han hecho varios exfuncionarios del régimen de facto de Áñez, dentro del denominado caso “Gases Lacrimógenos”, en el que se investiga la presunta adquisición de estos elementos con sobreprecio durante esa administración.

De acuerdo con Aguilera, el 4 de diciembre de 2019, a menos de un mes de haberse instalado Áñez en el poder, hubo gestiones diplomáticas para que Ecuador brindara armamento no letal y munición de guerra a Bolivia; elementos que se habrían enviado posteriormente en un vuelo.

La administración de Áñez se enfrentó a fuertes protestas tras la caída de Evo Morales en noviembre de ese año. Durante su mandato de facto, que se extendió hasta noviembre de 2020, hubo al menos cuatro masacres: las de Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz.

De acuerdo con la defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, en el gobierno de Áñez y bajo sus ordenes “murieron, en intervenciones policiales y militares, 37 personas”.

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